EL DISCURSO POLÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES 2012 El discurso expresa mucho más que simple palabras, articuladas en frases, adjetivos, sustantivos, verbos o complementos directos o indirectos. El discurso manifiesta una forma de ser y entender el mundo social. Por lo tanto al construirse un discurso, lo que se observa en un ser-sí-mismo en torno al contexto social en el que nos desenvolvemos. Ese ser-sí-mismo, nos señala la forma particular en la que organizamos el mundo social, la realidad que nos toca vivir. Ese discurso, nos manifiesta por lo tanto, las maneras sociales en las que nos vemos y relacionamos con otros. Eso es vital, al analizar y comprender el discurso político, que expresa las articulaciones y las relaciones de poder que caracterizan un complejo social. Esas articulaciones y expresiones se encuentran matizadas por un elemento ideológico, que se manifiesta en los esfuerzos individuales y colectivos por ejercer – y controlar- el poder, entendido en un sentido weberiano, es decir, como capacidad para modificar el comportamiento de otro. Esa vinculación se establece entre el discurso como expresión social del poder y la interacción- dominante- que el ansia de poder ejerce sobre el discurso. En este sentido, la construcción de un discurso político, como discurso de poder, pone en evidencia el ser y el hacer en relación con la realidad social de los grupos sociales que emiten el discurso. En ese sentido, se debe asumir que el discurso de poder – o contrapoder o contrahegemónico en el sentido gramsciano- no es inmutable. Si algo caracteriza los estudios del discurso, y particularmente los estudios del discurso político, es su característica de mutabilidad, su capacidad de cambio. Este aspecto, es particularmente pertinente para el caso de los análisis de discurso del presidente Hugo Chávez. Hemos señalado en un conjunto de trabajos realizados sobre el discurso de Chávez -Discurso y filosofía Política en Hugo Chávez (2001), uso e interpretaciones de la historia en el Discurso de Hugo Chávez (2005), el pensamiento socio-político de Chávez (2010)- que se encuentra en él una característica de uso de la idea de crisis y agotamiento, que está presente en el imaginario de los venezolanos en el contexto socio-histórico de finales del siglo XX. Esa idea de crisis, o sobre esa idea de crisis se asigna responsabilidades y obligaciones que en el caso particular de Chávez, tienen a los partidos históricos como sujetos protagonistas. Esa asociación discursiva de la crisis como producto histórico de las acciones de los grupos partidistas, ligados a los partidos AD y COPEI, se manifiesta en un conjunto de marcos interpretativos, entendidos como formas culturales de entender la realidad que nos rodea y que nos permite conectarnos con otros, que comparten esos marcos que sirven de estímulo para la movilización y la acción política. Esos marcos le asignan a los partidos, sus relaciones, sus protagonistas una serie de responsabilidades en los procesos de crisis económica y social que experimentamos los venezolanos en las últimas décadas del siglo XX – de manera intensa, manifestada en ciclos de protestas evidentes desde el año 1989- y que nos condujo a una situación constante de conflictividad y explosión social. Por otra parte, el discurso de Chávez hace uso de referentes históricos, esencialmente ligados al pensamiento Bolivariano, que se ha traducido en la popularización del mismo en los sujetos sociales. Eso ha generado una particular irritación de los grupos sociales dominantes, quienes han construido una visión antropológica del “Padre Bolívar”. Esa visión está relacionado con elementos que nos enseñan que los padres se obedecen y respetan; de forma tal que las elites políticas ligadas a AD y COPEI que se conectaban con el pensamiento de Bolívar debían ser respetadas y obedecidas, al romper con ese simbolismo, se incentiva un discurso insurgente, peligroso e incómodo en el afán de poder – como dominación- de esos grupos; transformando al emisor del discurso – Chávez- y quienes comparten ese marco interpretativos – los colectivos sociales que le apoyan políticamente a través del PSUV- en sujetos rebeldes, irrespetuosos y socialmente estigmatizados de las convenciones sociales construidas desde Universidades, círculos académicos y Academias. El discurso de Chávez, es sin duda un discurso de contrapoder, pues a pesar del hecho de ejercer el poder político, culturalmente la dominación del discurso invisibilizador, hegemonizado desde los círculos de poder económico, político y cultural; se mantiene. Ese choque constante, o mejor dicho, la evidencia de ese choque entre un discurso que sigue siendo hegemónico en la sociedad venezolana (escuela, iglesias, medios de comunicación, universidades) y otro, articulado desde nuevas relaciones de poder político, que aún no son totalmente preponderantes en un sentido gramsciano, se evidencia con cada nueva alocución del Chávez. Por eso la presencia de un discurso reinterpretativo de la realidad histórica en sus constantes alocuciones y los efectos que esa reinterpretación tiene sobre prácticas de acción política y desenvolvimientos sociales en los ciudadanos. Se asiste incluso a una redefinición de los usos del espacio y de la política, que hace más evidente las contradicciones de la sociedad global y sus formas de explotación. Por eso es que el discurso político de Chávez se hace tan incómodo a los grupos de poder en el contexto latinoamericano. Dr. Juan Eduardo Romero Historiador Juane1208@gmail.com 21/02/2012

EL CASO ALVAREZ PAZ: ¿LIBERTAD O LIBERTINAJE?

El caso en torno a las declaraciones de Oswaldo Álvarez Paz, es propicio para rescatar una discusión teórica muy importante en el área de la opinión. Debemos comenzar por señalar que la idea de opinión inicialmente está asociada a la expresión latina opinio, que se refiere más a una idea que a los hechos. En este sentido, esa acepción de opinión se encuentra más cercana una forma de percepción de la realidad. Hay una 2da forma de entenderlo, que está asociada a una cuestión moral o costumbre; en esta circunstancia la opinión es una forma de presión social. El pensador liberal John Locke, fue quién señalo que la opinión más que una forma de conocimiento es un mecanismo de aprobación o censura social.
Por otro lado, nos encontramos con la idea de público, que como bien es sabido es producto también de la revolución liberal. Antes de las revoluciones burguesas, dadas a partir de la Revolución Liberal Inglesa de Cromwell en el siglo XVII, lo único realmente público era el soberano, el Rey. Los demás sujetos de la sociedad en el antiguo régimen no eran públicos, de ahí su categoría de súbditos. Será la revolución del pensamiento liberal la que introduzca y fusione la idea de públicus, que es una derivación latina de populus, es decir “el pueblo”. La opinión pública estuvo asociada a la idea de divulgar las ideas, por ello se construye una representación en donde el debate de las ideas debe escapar del control del Estado, y de esa forma se hace socialmente aceptable hablar que la defensa de la libertad de expresión viene asegurada por el restringido control que puedan tener las estructuras del Estado sobre los instrumentos – periódicos, revistas, otros- de información. De esta manera se confunde por un lado libertad de expresión con libertad de información. La libertad de expresión, es un principio filosófico de la libertad desde el punto de vista de la condición humana, sin embargo la propia doctrina liberal comenzó a debatir sobre la necesidad de establecer responsabilidades a la expresión del pensamiento. No era posible aceptar, dado el carácter de empresas de intereses que adquirió la prensa escrita, sobre todo a finales del siglo XIX y todo el transcurso del siglo XX, una libertad de expresión sin ningún tipo de responsabilidad sobre otros aspectos esenciales como la ética y la moral.
En torno a la libertad de información, está asociado cada vez más con la ampliación de la esfera pública y el incremento de la participación ciudadana, pero esto no ápice para confundir una con la otra. La libertad de expresión como la libertad de información tiene limitaciones que derivan de consideraciones éticas. No pueden expresarse opiniones ligeramente, sobre todo en torno al debate de la agenda política, sin que medie una prueba determinante de las afirmaciones que se hacen. Este aspecto es esencial en el debate de la agenda pública y la agenda política que sucede en nuestro país. Es común observar como los medios – impresos, audiovisuales- y los periodistas o los generadores de opinión, emiten declaraciones cargadas de irresponsabilidad y al hacerlo lo hacen escudados en la libertad de pensamiento, que fue – y es- un principio sustancial de la democracia. Pero es menester señalar, que la libertad de pensamiento debe estar sostenida sobre la responsabilidad en la naturaleza de lo expresado- No podemos sencillamente avalar la emisión de un conjunto de conceptos y categorías sin ningún tipo de validez o solidez teórica o práctica. En el caso de Álvarez Paz, tiene el derecho de expresar una forma de ver la realidad del país, pero cuando pasa a realizar acusaciones que tienen implicaciones jurídicas, debe acompañarlas por pruebas. Yo no puedo, a la ligera, utilizar este espacio para acusar a alguien a menos que sea capaz de demostrar lo que yo señalo. Hacerlo de otra manera es una gran irresponsabilidad. Lo sucedido es otra ocasión más para generar un debate sobre la libertad de expresión e información en nuestro país. Y digo que es una ocasión más, pues lo sucedido con el cese de la concesión a RCTV fue otro momento. El debate, como ahora, se centró en que ese medio es la representación de la libertad de expresión e información, cuando ambas son una característica de la condición humana.
No puede seguirse confundiendo una argumentación que surgió a partir del siglo XVIII como una defensa ante el enorme poder del Estado ante los públicos. Es en ese momento, donde aparece la idea que los medios impresos – periódicos- son el epicentro del derecho a la información, pero en ese momento cuando existían aun enormes trabas para la consolidación de los derechos políticos era comprensible esa argumentación, pero hoy tres (3) siglos después, donde existen dinámicas tan diversas, canales de participación tan variados,; no se puede seguir argumentando futilidades al respecto. Como bien es conocido, los Art. 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana, establecen el derecho a la expresión de sus ideas con las responsabilidades del caso, y es precisamente esta limitante la que está siendo objeto de discusión con el caso Álvarez Paz.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
24/03/2010

EL NUEVO PLAN COLOMBIA: PELIGROS PARA AL

EL NUEVO PLAN COLOMBIA: PELIGROS PARA AL

El anuncio de la instalación de un conjunto de bases militares en territorio colombiano, con el apoyo, presencia y asesoría norteamericana no debe ser visto en forma descontextualizada. Toda la dinámica obedece a un marco general, que se ubica en el denominado Proyect for The New American Century (PNAC) o Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, formulado en 1992, esencialmente por dos (2) personajes muy destacados en el gobierno de George W. Bush: Paúl Wolfowitz y Donald Rumsfeld. En él se identificaban los retos para la Seguridad y Defensa de los EEUU en los inicios del siglo XXI, haciendo hincapié en la necesidad de obtener un mayor control sobre las fuentes abastecedoras de petróleo a la economía y la industria norteamericana.
De tal forma, que el PNAC identificó las prioridades a desarrollar por la política exterior norteamericana en los años finales del siglo XX y principio del XXI. Entre las acciones del PNAC, se estableció la necesidad de fortalecer los lazos estratégicos con países latinoamericanos, impulsando al mismo tiempo proyectos de integración económica. El lapso comprendido entre la formulación del PNAC y su configuración estratégica en el gobierno de George W. Bush, sirvió para hacer una propuesta mucho más ambiciosa, que derivó en la pretensión de obtener una hegemonía política, militar y económica en todo el contexto mundial. Los acontecimientos que terminaron con los sucesos del 11 de septiembre de 2001, le otorgaron a los EEUU la excusa perfecta para adelantar la completa implementación de los postulados del PNAC.
La geopolítica de los EEUU insistió en la preponderancia militar y la asociación estratégica con los denominados “estados tapón” o “estados de contención”, ubicados en espacios estratégicos-territoriales considerados claves para los intereses de los EEUU. En este marco, es que surge la propuesta de ejecución del Plan Colombia, inicialmente planteado y desarrollado entre 1998-2007, que incluyó – en función del logro de los objetivos de fortalecimiento militar-estratégico de los EEUU en la región- la instalación, entrenamiento y equipamiento de nuevos grupos de combate en las fuerzas armadas colombianas. Militarmente se tradujo en: 1) instalación y puesta en funcionamiento de cinco (5) radares en zonas diversas de Colombia (Isla de San Andrés, Riohacha, Vichada, San José de Guaviare y Leticia), 2) conformación de Brigadas de Acción Rápida (BAR) destinadas a movilizar un conjunto de efectivos militares con gran poder de fuego y acción contrainsurgente y 3) reforzamiento de bases militares ubicadas en Tres Esquinas (Putumayo, frontera con Ecuador) y Tolima. Detrás de toda la excusa de la lucha contra el narcotráfico se encuentran jugosos contratos económicos coordinados por empresas transnacionales norteamericanas tales como DynCorp (entrenamiento de militares y policías), Lockheed Martin (radares y mantenimiento aviones), Bell Helicopter Textron (venta y mantenimiento de helicópteros Blackhaw), Sikorsky Aircraf (equipamiento y venta helicópteros de combate), que han permitido que Colombia incremente su capacidad militar y su poderío de reacción ofensiva, creando serios desequilibrios estratégicos en Sudamérica.
Todo ese soporte militar le ha permitido a Colombia obtener una situación privilegiada, desde el punto de vista estratégico, en consonancia con el diseño de la política exterior de los EEUU, en nada modificada con la toma de posesión de Barak Obama.
En todo ello, se encuentra el tema petrolero: los EEUU han intervenido dos (2) (Afganistán e Irak) de las tres (3) reservas mundiales de petróleo. Se trata de una discusión tendiente a disminuir el peso que tiene el elemento petróleo sobre la denominada diplomacia petrolera del gobierno de Hugo Chávez. En la lógica del aparato estratégico de los EEUU se pretende “contener” el peligro que la experiencia venezolana genera a las pretensiones hegemónicas. Por ello, una política de cercado de esa “amenaza” tiene como principal pieza del juego militar a Colombia. En ese contexto, el tipo de alianza propuesto desde UNASUR adquiere mayor peso pero al mismo tiempo mayor peligrosidad para el binomio poder militar-grupos económicos, que interactúan con el aparato institucional norteamericano.
En la actual situación, donde la estrategia de los EEUU se ha tornado más agresiva a través del gobierno de Álvaro Uribe, nuestro subcontinente se encuentra sometido a más presiones de las acostumbradas, y en esa dinámica los mecanismos de fortalecimiento democrático y confianza mutua cobran mayor sentido.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
20/10/2009

Chávez: 10 años en el poder

VENEZUELA: 10 AÑOS DE AJUSTE SOCIOPOLÍTICO

La obsesión por las fechas no permite ver los procesos en su contexto. Sí bien, son diez (10) años de la aprobación de la Constitución, no puede perderse de vista la dinámica general del ajuste sociopolítico. En 1er lugar, todo ello se encuentra enmarcado dentro de un proceso más amplío de agotamiento de las formas de hacer política que prevalecieron a partir de la 2da mitad del siglo XX. Se trata de un enfoque que hace hincapié en la “virtud” de los sistemas de representación política, a través del cual se asume la “necesaria” obligación del distanciamiento de la participación del ciudadano, mediante la restricción sólo al momento electoral.
No es fortuito observar como en Latinoamérica en su conjunto estas formas de articulación de la vida democrática terminaron en conflictos y movilizaciones de gran peso, tal como lo ocurrido en Caracas y Buenos Aires en los años finales de la década de los 80, en el pasado siglo XX. Los sistemas políticos basados en relaciones corporativas, donde los grandes grupos de presión (económico, político, gremial) establecían alianzas sobre las cuales repartieron los beneficios de la renta capitalista, no pudo mantener ese clima de confianza y paz forzada y cedieron a las propias conflictividades y contradicciones que generan.
En 2do lugar, no se puede perder de vista el hecho que los cambios en las formas de gobernabilidad democrática se tradujeron en mayores exigencias de participación directa de los colectivos. Se trata de analizar el nuevo significado que se le da a la ciudadanía política y al concepto de soberanía popular. Cada vez se hizo más común en los años finales del siglo XX, las exigencias de mayores espacios de articulación y participación ciudadana. La resistencia de los factores de poder a esta exigencia nos habla de la aparición del fenómeno de la “antipolítica” como un rechazo a las formas de representación de los partidos históricos.
En 3er lugar, los efectos desastrosos de los ajustes neoliberales al sistema económico y a la arquitectura del Estado Nacional son otro elemento que explica los cambios históricos generados. Estas tres (3) dinámicas señaladas someramente, son significativas para entender el ajuste socio-político que se produce con la Constituyente en Venezuela. Por otra parte, no podemos dejar de señalar el impacto que tuvo el proceso constituyente en Colombia en 1991. Se trata de entender que se da inicio a lo que se denomina el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que propone que las constituciones no son cuerpos perfectos e inmutables en el transcurso del tiempo, que por el contrario deben ser objeto de ajustes periódicos para permitir su adecuación con los procesos de cambio social. En el caso nuestro, la Constitución selló un déficit histórico de derechos que se tenía desde la propia independencia. Procesos ligados a tres problemas no resueltos, tales como el acceso a la propiedad, el tema de la participación política y la igualdad real ante la sociedad, son tratados en la Constitución de 1999 y han permitido un dinamismo de gran significado en cuanto al desarrollo de la ciudadanía.
No hay que dejar de notar, que ese proceso de ajuste socio-político fue posible debido a la articulación de un discurso de cambio, encarnado en la figura de Chávez junto a las expectativas de mejora de una población, cuyos estratos D y E, pasaron a constituirse en el electorado clave en el proceso político venezolano. La capacidad del discurso de Chávez, para articularse con esas demandas es lo que ha hecho posible su permanencia en el poder, por ello observar detalladamente los descontentos que expresan los ciudadanos por problemas ligados a su calidad de vida, la falta de respuestas a sus exigencias, la lentitud del aparato del estado, deben ser llamados de advertencia para quienes se alinean en el lado de la revolución bolivariana.
Diez años después, el compromiso con la construcción y articulación de una sociedad que realmente modifique las condiciones de apropiación y explotación del hombre por el hombre, sigue siendo el motor que impulsa la reflexión, sin embargo en el ínterin se ha venido articulando un sector peligroso para la continuidad de este proceso: la boliburguesía. Es el reformista que se viste de rojo y se aprovecha de su condición, es el funcionario burócrata, es el diputado que no rinde cuenta a sus electores, en fin es el peligro del más de los mismo. Diez años después debemos reflexionar sobre lo que puede ser y lo que ha sido, no hacerlo es asumir el título de lo dicho por Trosky en su obra de 1936: La revolución traicionada.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com

DEL GRAN VIRAJE AL AJUSTE ANTI-CRISIS DE CHÁVEZ

DEL GRAN VIRAJE AL AJUSTE ANTI-CRISIS DE CHÁVEZ

Los anuncios hechos por el presidente Hugo Chávez el pasado domingo 22 de marzo, son propicios para el análisis comparativo del ajuste estructural propuesto por Carlos Andrés Pérez en 1989. Tanto Chávez como CAP son sin lugar a dudas líderes carismáticos, con enorme arrastre popular y que se vieron enfrentados a una situación socio-política en un contexto de crisis.
Para CAP, el año 1989 se dibujó bajo la sombra del abrumador triunfo electoral que había logrado en diciembre de 1988, bajo la promesa de retrotraer a los venezolanos a la época de la Venezuela Saudita. La hegemonía política alcanzada le proveía una oportunidad política para el ajuste –posteriormente conocido como Consenso de Washington- económico e institucional. El gobierno de Chávez, por su parte debe afrontar el enorme impacto que tiene la mayor crisis económica experimentada por el sistema-mundo, que amenaza con destruirnos a través de sus consecuencias. Por otra parte, viene de obtener una importante victoria electoral, tanto en la consulta de noviembre 2008 como en el referendo por la Enmienda de febrero 2009. Ambos líderes, tal como se ve contaban al momento de anunciar sus medidas de ajuste de una alta popularidad, gran apoyo electoral y un sólido aparato político-institucional que los avalaba.
Sin embargo, la dinámica de implementación marca la diferencia entre uno y otro. CAP se inclino por la opción del ajuste violento, marcado por una política agresiva de modificación de las relaciones clientelares y burocráticas que caracterizaron el sistema político venezolano desde su establecimiento como democracia representativa en 1958. La decisión de seguir al pie de la letra las recomendaciones que serían formuladas para “reducir el tamaño del Estado”, tales como eliminación de los subsidios, liberación del control fiscal y monetario, apertura a los capitales trasnacionales, privatización de empresas estratégicas, aumento de la gasolina, liberalización de las tasas fijas y activas; sería la nota característica del gobierno del líder adeco. Su decisión tenía cierto sentido: contaba con una aparentemente sólida base de apoyo popular derivada de su triunfo en las elecciones presidenciales. Su exceso de confianza en las capacidades de contención de su liderazgo, fueron su error. Nunca tomo en consideración que la construcción de un proceso enmarcador - entendido como una dinámica de trasmisión de valores, actitudes y visiones de la vida que motivan a los colectivos sociales a movilizarse- de retorno a un pasado idealizado y el no cumplimiento de esa promesa pudiera conducirlo a un ciclo de protesta y desobediencia civil de las magnitudes del 27,28 y 29 de febrero de 1989. La prepotencia de las elites políticas de AD y COPEI que asumieron como verdad inmutable que los colectivos sociales eran sujetos sumisos les costó su hegemonía política. La decisión de aplicar de una sola vez un conjunto de acciones de ajuste estructural fue un error que Chávez se encarga de recordárselos día a día.
Por su parte, ante un escenario más difícil que el asumido por CAP en 1989, el presidente Chávez ha dado una muestra de olfato político enorme, eso sin dejar de señalar que puede ser peligroso no adelantar en lo inmediato algunas acciones efectivas en lo que respecta a la disminución del gasto público suntuario. Las medidas de Chávez, señalan varias cosas: 1) su capacidad para sorprender al adversario político, 2) el poder de comunicación política y 3) la decisión de adelantar un ajuste progresivo.
Con respecto al primer aspecto, la mayoría de los actores políticos de oposición habían dejado circular la noticia que venía un ajuste de gran impacto, tal como lo había hecho CAP. Realmente el tamaño de la crisis recesiva derivada del carácter especulativo del sistema-mundo hizo prever un conjunto de decisiones de gran magnitud tales como aumento de gasolina, establecimiento de restricciones financieras y cambiarias, devaluación en fin, bajo la óptica de esos actores un escenario extremo de ajuste que abriría el camino para un nuevo ciclo de protestas. Sin embargo, nadie esperaba que el conjunto de decisiones fueran tan limitadas. De nuevo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones - incluyendo a principios de año cuando decidió incluir todos los cargos de elección popular en la propuesta de enmienda- Chávez dejo sin discurso a sus adversarios.
Esa capacidad de asombro, se encuentra conectada con la 2da cuestión: la comunicación política. Chávez anunció que sería el sábado cuando divulgaría las medidas, con ello generó unas expectativas comunicacionales y un conjunto de rumores que fueron firmemente debatidos con el conjunto progresivo de las medidas: no hubo ajuste fiscal caracterizado por una devaluación, no hubo aumento de gasolina (aunque no se descarta), redujo la estimación del precio de venta del petróleo de 60 US$ a 40 US$ (aunque ya había reajustado a 50 US$). La estrategia de comunicación política funcionó y prácticamente anulo las resistencias y los temores que pretendieron ser sugeridos. Creemos que las medidas van a venir acompañadas por otros ajustes progresivos, destinados a controlar la burocracia y el exceso de gasto público, pero que “por ahora” no serán divulgadas. Finalmente, el 3er aspecto, viene asociado a la oportunidad política. Chávez sabe que no puede adelantar ajustes violentos, que debe crear las condiciones para que sean aceptadas las medidas y para ello optó por mantener el gasto social aun a costa de un riesgo económico-financiero enorme, por otro lado establece públicamente la reducción de la producción petrolera a un poco más de 3.100.000 barriles diarios, intentando con ello incidir en una recuperación de los precios del crudo. En fin, al contrario de CAP, Chávez entendió que los ajustes violentos y sin apoyo político generan ciclos de violencia que atentan contra la gobernabilidad y la hegemonía política. En base a estos aspectos, realizó un cálculo político que aunque riesgoso e insuficiente le da oxígeno suficiente para intentar sobrevivir el temporal. Todavía nos queda mucho por ver y estaremos atento a sus decisiones.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/03/2009

La descentralización en Venezuela

ACERCA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN VENEZUELA

La reciente modificación de la Ley de Descentralización y Transferencia de Competencias – vigente desde 1989- por parte de la Asamblea Nacional permite realizar una serie de consideraciones. Debemos comenzar por realizar un acercamiento socio-histórico al proceso en Venezuela. Comenzamos por desmentir la vertiente informativa que se está revirtiendo un proceso de 20 años (1989-2009). La descentralización en la larga duración ha sido una característica en su expresión de disgregación. Demostremos lo que digo: La Capitanía General de Venezuela, conformada en 1777, es el resultado del carácter disgregado de la estructura espacial panvenezolana. Cuando Los Borbones plantean la concentración política-administrativa no hacen sino pretender revertir las dispersiones administrativas existentes en el orden colonial.
Posteriormente, el proceso iniciado en 1821, con la Constitución de Cúcuta introduce en Venezuela una estructura descentralizada, expresada en cuatro (4) espacios territoriales: los Departamentos de Maracaibo, Venezuela, Oriente y Guayana. La Constitución de 1830 estableció que cada Gobierno Provincial contaba con una Asamblea de la cual se elegía la autoridad. En 1857, los Monagas introducen el Poder Municipal, en un intento de centralizar las decisiones políticas en un espacio territorial disperso. La Asamblea Constituyente de 1858, establece un sistema de pactos entre el sistema central y los Estados, es la base de un acuerdo federal no ortodoxo, en donde los espacios regionales obtienen ciertos derechos dentro del marco jurídico y la unidad del Proyecto Nacional. Este aspecto es puntual en la discusión que se tiene hoy. Se trata de plantearse y pensar en que forma la descentralización ha generado beneficio o por el contrario, ha devenido en confrontaciones con el poder central.
Esta preocupación que planteamos es base del debate que se genera en nuestro país entre 1858 hasta los inicios del proceso de centralización política iniciado por Cipriano Castro (1899-1908) y continuado por Juan V. Gómez (1908-1935). Las Constituciones desde 1858 hasta 1901 facultaban a los Estados para elegir a sus autoridades políticas, es esté un aspecto central de la descentralización. Su eliminación – junto a otras limitaciones- impuestas por la Constituyente de 1902 se explica por los intentos de terminar con el atomismo político característico de la Venezuela decimonónica. Durante los gobiernos de Castro y Gómez, las autoridades regionales fueron perdiendo potestades que le había asignado el proceso federal de 1864, tales como el disponer y administrar de una fuerza armada, administrar fuentes generadoras de ingresos entre otras. Ello es una consecuencia de la existencia de proyectos individuales de ejercicio del poder, que atentaban contra la unidad territorial y política de la Nación. Todo el proceso entre 1899 hasta 1989 estuvo marcada por la centralización política, bien sea en su vertiente autoritaria (Castro y Gómez, y mucho menos López Contreras y Medina) o bien sea por el centralismo democrático (1958-1988). La Descentralización de 1989, fue producto de esfuerzos de la elite político por sobrevivir al colapso del sistema político de conciliación, que se manifestó en las situaciones de violencia de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. La adopción de la elección directa de Gobernadores y Alcaldes, así como la transferencia de la administración de servicios de salud, educación, puertos, aeropuertos y carreteras es una consecuencia de la globalización liberal, que exigió la reducción del “tamaño del Estado”, como condición para incorporarse a las condiciones del sistema-mundo. Sin embargo, sí bien el proceso de descentralización introdujo estas novedades, que acercan al gobierno estatal y municipal a las preferencias de los ciudadanos, también generó perversiones: la erección de liderazgos personalistas territoriales, que actuando bajo las potestades descentralizadoras se desenvolvieron como verdaderos caudillos decimonónicos, haciendo y deshaciendo a través del uso de los recursos regionales y municipales.
Las relaciones de clientelismo y burocratismo creadas bajo la descentralización, son equiparables a las condiciones del centralismo y permitidas bajo el marco jurídico de la Constitución de 1961. La Constitución de 1999, introduce cambios en todo orden: en el sistema político, en la estructura del Estado y por lo tanto en la administración pública. El ajuste a La Ley de Descentralización obedece a las contradicciones existentes entre los artículos 156 y 164. El 156 establece en sus numerales 2(defensa de la integralidad del territorio), 7 (seguridad y defensa de la nación), 15 (régimen de aduanas y comercio exterior), 20 (obras públicas de interés nacional), 26 (régimen de transporte terrestre, aéreo y fluvial) y 27 (régimen de vialidad) potestades del Poder Público Nacional, mientras que el art. 164 en su numeral 10 le otorga potestades concurrentes con el poder público nacional (puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras). Con ello se abre un debate acerca del impacto que significa la dispersión de políticas públicas por parte de la relación entre los poderes públicos nacional, regional y municipal. Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
2/04/2009

Enmienda, Comunicación Política y Elecciones

ENMIENDA, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES

El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.

Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009

DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA

DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA

Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com

DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)

DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)

La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.

Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009

La Crisis Mundial: ¿preludio de una nueva guerra?

La Crisis Mundial: ¿preludio de una nueva guerra?

Las contradicciones del sistema tardo-capitalista son muchas, comenzando por el hecho que la dinámica del capital se encuentra basada en la especulación como su máxima expresión. Ello significa que el poderío económico del denominado G-8, y particularmente de los EEUU se estructura sobre el aprovechamiento de los recursos financieros surgidos del capital especulativo que se “mueve” libremente sobre las bases conceptuales de la denominada “globalización” o mundialización. Precisamente por ser así, es que debemos entender la “urgencia” con la que actúan los presidentes de los grandes países y sus respectivos representantes financieros, que luego de décadas de propugnar el no intervencionismo del Estado nacional en los asuntos económicos del mercado, acudieron raudos y veloces en auxilio de los bancos y otros entes que jugando bajo las reglas de la especulación – que rigen el sistema-mundo- colocan al sistema financiero al borde del colapso.
Esta crisis económica, tiene enormes coincidencias con la crisis del año 1929 que fue el preludio de la II Gran Guerra. Cómo se recordará, en ese entonces – cómo ahora- se produjo un alza especulativa con los valores comerciales de muy diversas compañías en las bolsas ubicadas en las principales capitales del mundo. La manera en que los sectores hegemónicos de la economía, ligados al control de los medios de producción, manejaron el rendimiento de los capitales; aunado al hecho que tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los EEUU, Francia, Inglaterra y la propia China se encontraban en un juego de posicionamiento geoestratégico – tal como ocurre hoy- que incluyó el uso del capital financiero para apuntalar su estrategia militar fue un aliciente para evadir los controles que todo sistema debe generar sobre las dinámicas especulativas. Ahora bien, tanto en la 1era mitad del siglo XX, como en esta 1era mitad del siglo XXI, esos controles resultaron infructuosos; sumiendo al sistema-mundo en una lucha por el control financiero.
De lo que hablamos es cómo las grandes potencias, en la lógica de desarrollo del sistema tardo-capitalista, buscan acumular la mayor cantidad de capital financiero-económico buscando con ello apuntalar su aparato estratégico-militar disuasivo, en una dinámica que busca neutralizar los esfuerzos armamentísticos de sus rivales geopolíticos a través de la amenaza real o ficticia de movilizarse en el “espacio vital” del “otro”. Hay que recordar como la Alemania de Hitler, desde el ascenso al poder en los inicios del siglo XX propuso la recuperación de zonas o espacios territoriales considerados “vitales” para la existencia de la Nación alemana, implicando ello no sólo un proceso de rearme, sino también la utilización y explotación de los medios de producción para consolidar ese poderío militar. Ese accionar llevó a Hitler a expandirse por el Rhin, tomar Austria, invadir Polonia y firmar un acuerdo con Rusia de no agresión que le facilitará desplazarse hacia las zonas estratégicas controladas por Inglaterra y Francia en Europa Occidental. Cuando vemos a qué condujo esa situación, nos damos cuenta que todos los países – incluyendo los EEUU- utilizaron la vía de la confrontación militar para reactivar la economía en crisis desde inicio de la década de los años 30 del pasado siglo XX. Al realizar el análisis comparado, nos damos cuenta que ayer como hoy, la crisis es producto de la especulación y que la existencia de la misma pone en serio peligro la dinámica de desenvolvimiento de los factores de poder. Ayer como hoy vemos como las potencias comienzan a movilizarse en una acción expansiva hacia “áreas de influencia” del otro: los EEUU se moviliza y actúa sobre Georgia, buscando con ello afectar el flujo de petróleo desde el Cáucaso – vital para la Rusia de Putin- mientras Rusia aumenta su presencia económica y su asesoría militar en Latinoamérica- zona vital por excelencia de los EEUU- como nunca había ocurrido siquiera durante la Guerra Fría.
Lo que planteamos es que la crisis financiera mundial y las escasas posibilidades que tiene de subsanar las carencias y desequilibrios que generó por la ausencia de controles estatales y mundiales sobre la actividad especulativa mundial, puede devenir en una nueva gran confrontación que puede resultar desastrosa, dada la significativa evolución de la capacidad militar de destruir todo a su paso. Esa confrontación puede ser asumida como “una salida a la crisis”, que reactive el aparato productivo que estando vinculado al aparato militar y con ello generar un nuevo dinamismo que produzca un reequilibrio del propio capital. Esa hipótesis – descabellada a nuestro entender- no resulta tan sí se ve bajo la óptica de los enormes intereses creados y se contextualiza en un escenario en donde el consumo energético sigue en aumento y las reservas mundiales se ven reducidas al máximo. Además hay que aderezar esta situación con el hecho que tal como sucedió en los preludios de la II Gran Guerra, la potencia hegemónica para entonces – Inglaterra- fue perdiendo capacidad de disuasión y progresivamente fue desplazada por potencias emergentes – EEUU y Alemania- que aceleraron la confrontación definitiva que generaría un nuevo orden mundial. Hoy la situación es parecida: la situación hegemónica de los EEUU se encuentra en duda, existen nuevas potencias emergentes – China, la recuperación de Rusia, Brasil, India- que sintiendo el peso de la crisis y aprovechando esa condición de debilidad pueden buscar acelerar la crisis militar de los EEUU. Por otra parte hay que considerar que dentro de los EEUU están conscientes de esta situación y manejan también la hipótesis de la guerra como un escenario de reactivación económica, tal como sucedió con la I y II Guerra del Golfo. Como sea nos encontramos en una coyuntura histórica que debe ser vista con atención por las implicaciones que pueda tener.

Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
17/12/2008

AMERICA LATINA ANTE EL TRIUNFO DE BARAK OBAMA

Las elecciones del 04 de noviembre en EEUU derivaron en un resultado esperado: el triunfo de Barak Obama. Son muchas las expectativas que crea este acontecimiento político no sólo en los EEUU. Para los norteamericanos el 1er elemento evidente es el hecho de ser presidente un miembro de la minoría étnica más significativa, los afroamericanos. Obama rescata parte de los planteamientos políticos de dos de las fuerzas sociales más importantes en EEUU en la 2da mitad del siglo XX: el movimiento de derechos humanos de Martín Luther King y el movimiento de auto reconocimiento étnico de Malcom X. Ambos movimientos y sus líderes fueron reprimidos con rudeza y desaparecidos – o mejor dicho asesinados- sus mentores.

Obama ha utilizado – retóricamente- algunos de los planteamientos esbozados en la década de los 50 y 60 del pasado siglo XX por parte de estos movimientos sociales; pero les ha adicionado una propuesta refrescante de la política norteamericana más allá del señalamiento de la llamada cowboys politics (la política del vaquero), que sostiene la hipótesis de la agresividad wasp (blancos, anglosajones y protestantes en inglés) ante otros factores sociales que componen la sociedad norteamericana. El reto de Obama se manifestará en el comportamiento que asuma ante el stablisment y las relaciones de poder con la estructura económica y militar. Asimismo debe afrontar la recuperación de la economía norteamericana, luego de una desastrosa administración republicana que ha comprometido no sólo los intereses económicos de los EEUU sino del mundo capitalista.

Particularmente no tengo muchas expectativas de cambio en la política hacia América Latina. Lo que sí creo es que el fin de la política guerrerista puede abrir espacios al diálogo directo y a un redescubrir de los EEUU de sus vecinos más cercanos; más aun cuando la estrategia política de la administración Bush se tradujo en un progresivo desplazamiento de las fuerzas más conservadoras en las democracias en América Latina. El nuevo impulso de la izquierda, desde la más radical representada por Chávez hasta la más moderada ejemplificada en las actitudes de Lula y Bachelet, son una muestra del retroceso de la idea de democracia y el planteamiento de la reducción del Estado de Bienestar en el contexto actual. Obama deberá articular un nuevo tipo de relación que maneje el problema real del fin de la Doctrina Monroe, que ha significado la disminución de la presencia y la incidencia de los EEUU en el continente. A esa preocupación, habrá que adicionarle la mayor presencia – económica y geoestratégica- de Europa, particularmente Rusia, España y Francia en inversiones, apoyo y asesoría a gobiernos del área; eso sin contar la circunstancia que el “gigante dormido” –China- ha demostrado su interés en una mayor presencia en Latinoamérica.

Para Latinoamérica, Obama deberá asumir dos retos inmediatos: 1) la transición hacia una mejor relación con sistemas políticos y países ideológicamente distantes de los EEUU (Cuba, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela) y 2) recuperar los espacios perdidos como factor de poder hegemónico. Lo primero, demostrará que tan tolerante y efectiva puede ser su política de acercamiento para con esos países y gobiernos, aunado al efecto que pueda tener ese acercamiento con los factores de poder internos. Lo segundo, puede significar que se resemantiza el papel y las formas de tratamiento que adquiere el Departamento de Estado y los cuerpos de seguridad e inteligencia de los EEUU. Esto último tiene sus riesgos: para el stablisment puede entenderse esa acción como un peligro para los intereses del coloso del norte y pudiera presentarse una situación de inestabilidad y confabulación política, tales como las que sufrió John F. Kennedy en la década de los 60 y que terminó con su asesinato.

La posibilidad de un trato directo con personajes como Raúl Castro o el propio presidente Chávez quedan abiertos, sí tomamos como ciertas las aseveraciones formuladas por Obama en la campaña. Una visita a Cuba o Venezuela como parte de una agenda inicial puede constituir una sorpresa para el estilo diplomático de los EEUU y puede servir de base para contextualizar una relación menos conflictiva. Lo que afirmamos es que no creemos, ni confiamos en que la subida al poder de Obama signifique un cambio radical ni de la política, ni los intereses de EEUU en la zona; puede significar un trato menos confrontacional y más directo pero jamás de mayor coincidencia entre las posturas nacionalistas de los Presidentes Latinoamericanos y los propios planteamientos provenientes de los EEUU.

Finalmente, el triunfo de Obama puede traducirse en un rescate de lo político como ejercicio de virtud cívica y de reconocimiento de la diferencia. El hecho que el propio Obama sea asumido como una representación de minorías tradicionalmente maltratadas es una esperanza que debe ser considerada. Ya veremos lo que sucede, cómo sea se abre una compuerta de análisis y expectativas muy significativas para la interpretación política de la realidad.

Dr. Juan Eduardo Romero

Historiador

05/11/2008

Juane1208@gmail.com

VENEZUELA 2002, BOLIVIA 2008: ALGUNAS COINCIDENCIAS

VENEZUELA 2002, BOLIVIA 2008: ALGUNAS COINCIDENCIAS

 

            Hemos planteado en reiteradas ocasiones, que la dinámica socio- política que experimenta América Latina, está signada por la conflictividad. Los procesos de cambio en el comportamiento electoral, la institucionalidad democrática, así como la complejidad de los movimientos sociales nos ayuda a entender este cambio radical.

            La democracia, entendida en su vertiente formal – o de realización de elecciones- ha experimentado una gran crítica por parte de las organizaciones políticas como por sectores diversos de la denominada sociedad civil. Eso ha impulsado la expresión del conflicto social, entendido como una articulación disruptiva de las normas y formas de entendimiento social. Lo que experimenta Bolivia en estos momentos tiene elementos comunes con lo sucedido en Venezuela en el año 2002.

            Ambos países, experimentaron una crisis de las identidades políticas de los partidos tradicionales. En el caso de Venezuela, el retroceso de los partidos históricos fue evidente. AD y COPEI pasaron de obtener cerca del 93% de los votos en 1988, a sólo alcanzar un 11% en las elecciones de 1998. En el caso de Bolivia, la desintitucionalización de los partidos socialcristianos y socialdemócratas en el período anterior al gobierno de Hugo Banzer fue también contundente. En ambos países, el surgimiento de un liderazgo basado en la idea de un cambio radical, que reivindicaba la incorporación de sectores históricamente excluidos fue clave. Para Chávez se trataba de los sectores D y E, que representaban cerca del 83% del caudal electoral; para Evo Morales se trató de las comunidades indígenas.

            El ajuste institucional implementado por ambos se tradujo en un desmontaje del aparato político sobre el cual se habían construido relaciones de poder y establecido formas de entendimiento político entre los grupos económicos. El uso de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para formalizar un nuevo proyecto constitucional que impulse un proyecto político diferente, desató las resistencias de los sectores tradicionalmente hegemónicos en ambos países. En el caso de Venezuela, el año 2002, estuvo signado por el impacto de las Leyes Habilitantes que se tradujeron en una 1era iniciativa de aplicación del proyecto político. En el caso de Bolivia, la dinámica que conduce a la aprobación definitiva del texto constitucional desató la movilización de los prefectos de los departamentos de Bení, Pando y Santa Cruz, que reúnen los grupos económicos más poderosos y radicales de Bolivia.

            No hay que perder de vista un elemento común en la crisis experimentada en Venezuela en el 2002 y la que sufre Bolivia. Es la denominada oportunidad política, entendida como las condiciones políticas que favorecen la rebelión o desobediencia civil. La nueva institucionalidad impulsada por Chávez como por Evo, así como su insistencia en facilitar la movilidad social y las expresiones de voluntarismo político ha sido utilizada por los sectores más radicales y conservadores en Bolivia y Venezuela, para buscar salidas violentas. La apertura política fue aprovechada en ambas situaciones para incrementar el conflicto e incentivar la ingobernabilidad.

            Otro factor común que debe considerarse, es el referido al papel de los cuerpos de seguridad del Estado. No se puede perder de vista que las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica, fueron formadas bajo la lógica de la dominación y el control hegemónico. Las Fuerzas Armadas en Venezuela, durante el período 2000-2002 resintió el ajuste derivado de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, generándose un descontento que se manifestó en el año 2002, a través de una actitud inoperante, permitiendo la ejecución de actos violentos que calentaron aun más las calles. En el caso de Bolivia, notamos la misma coincidencia, las FFAA bolivianas, tradicionalmente asociadas con golpes de estado y represión, no han actuado conteniendo la violencia.

            El accionar de los grupos económicos y su conjunción con grupos radicales civiles que atentan contra los más elementales derechos humanos, constituye otro punto de coincidencia entre ambas coyunturas. Adicionalmente, no debe dejarse fuera del análisis la situación geopolítica internacional y el tema energético. Cuando se produjo los acontecimientos de abril de 2002, el papel de los empleados petroleros de PDVSA fue clave. En el caso de Bolivia, el factor petróleo y gas está detrás de esta violenta manifestación de violencia política. Lo interesante es considerar el papel del Departamento de Estado Norteamericano en ambas situaciones históricas. El silencio cómplice de sus respectivos embajadores, cuya actitud permisiva indica su vinculación y apoyo tácito a la desintitucionalización y vulneración del mandato popular, es contundente.

            Hace tiempo señalamos que la situación en Bolivia amenaza a toda Sudamérica, pues en ella encontramos representada la resistencia de factores políticos que se niegan a aceptar los cambios en las condiciones de participación política y menos aun la idea de permitir que los ciudadanos que han sido históricamente hechos invisibles, aparezcan reclamando sus derechos y defendiendo su participación. Todos somos Bolivia en este momento, su futuro es el de toda Latinoamérica, por ello no debemos dejar de manifestar nuestra solidaridad y compromiso con una salida pacífica de esta crisis, inducida desde sectores conservadores y radicales que buscan re-alinearse y recuperar espacios.

 

Dr. Juan E. Romero

Juane1208@gmail.com

15/09/2008

Venezuela, Ecuador y Bolivia: el efecto de los movimientos sociales

Lo que sucede en América Latina, con este aparente resurgir de la izquierda histórica, debe ser visto desde la óptica de las prácticas disruptivas de los movimientos sociales. Nos referimos a que las formas preponderantes de los modelos democráticos en latinoamérica, sustentados como estuvieron entre los años 60 y 90 del pasado siglo XX, sobre los partidos políticos falló rotundamente.
Los supuestos sobre los que debió construirse el accionar de los partidos políticos en Sudamérica (Colorado, demócratas cristianos, AD, Liberal, Conservador, peronista, por sólo nombrar algunos casos), la respuesta social, la capacidad de cohesión colectiva, la intermediación con las estructuras del Estado Nacional; todas ellas fracasaron y generaron una desbandada de los ciudadanos hacia su confianza en los partidos.
Esa huida ciudadana, acompañada como estuvo de acciones disruptivas - entendidas como formas de protesta y reto al status quo- impulsó la antipolítica como expresión de la cultura política en todo el contexto espacial sudamericano. Con ello, se potenció formas de articulación social más allá de los espacios institucionalizados canalizados por y desde el partido político. La oportunidad política brindada a los movimientos sociales permitió el surgimiento de un descontento y desconfianza generalizada sobre la capacidad del liderazgo democrático surgido desde los partidos, para solucionar la crisis de expectativas de los ciudadanos. Por ello, acciones como la adelantada por los carapintadas en Argentina o las propiciadas por el propio Chávez, en Venezuela, durante 1992, no fueron percibidas negativamente, por lo menos no tanto considerando que pusieron en riesgo el sistema político en ambos países.
¿ Cómo entender esto? la respuesta debe ser múltiple. Por una parte las denominadas reformas de 1era generación, que derivaron en un agresivo proceso de privatización en toda latinoamérca, disminuyó la calidad de vida del ciudadano y minimizó la capacidad de intermediación del partido político, entre el ciudadano y el Estado. Ese espacio dejado libre por los partidos, aunado al descontento hacia las instituciones políticas, fue aprovechado para la articulación de movimientos sociales que reivindicaron la condición de ciudadanía social, entendida como reclamo para una mejor calidad de vida; aspecto esté que apareció lejano en el contexto privatizador de los años 90.
El retroceso electoral de los partidos históricos en toda Latinoamérica, debe ser vista como una manifestación del voto castigo contra la debilidad institucional de los partidos gobernantes y su endulcoramiento ideológico, que hizo posible la transformación del partido en un cascarón vacio y desvinculado de la realidad. En esas circunstancias, liderazgos carismáticos como el de Chávez, Menem, Fujimori, consiguieron un espacio para articularse como mecanismos colectivos de respuestas a la crisis de expectativas, generando movilización y apoyo a sus propuestas. Debemos eso sí, estar claros que el desenvolvimiento institucional no es igual para Fujimori, Menem o Chávez, sobre todo por aquello de tratar de encajarlos bajo la mirada conceptual del neopopulismo.
En este punto, hay que entender que los movimientos sociales exitosos en sus prácticas disruptivas, manejan lo que se denomina repertorios de protestas y acción que suelen ser emulados por otros movimientos sociales. Eso explica por qué Chávez, al tener éxito en el desplazamiento de los actores tradicionales en Venezuela mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999, adelantará una reingeniería institucional que procuró - y logró en gran medida- desplazar de los cargos de representación política a los actores tradicionales. Esa reingeniería institucional, ha sido emulada por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. No se trata de decir que son manipulados por Chávez, se trata que su accionar demostró la efectividad para los movimientos sociales del manejo de un discurso de ruptura con el viejo orden institucional y la posibilidad que tiene un discurso montado sobre la base del rescate de lo social, como tema de la agenda política.
El éxito de las misiones sociales en Venezuela, visto desde el tema de la incorporación de los excluidos ha sido emulado por parte de los demás presidentes, todo ello basado además en torno al planteamiento del nacionalismo petrolero. El hecho que el precio del barril de petróleo haya pasado de menos de 10 US$ por barril en 1998 a más de 100 US$ en este año, le da a Chávez, Morales y Correa una base de acción política que se traduce en una amenaza a los propios intereses de los grupos de poder en sus respectivos países.
No se trata de plantear que su accionar sea 100% correcto. Se trata de entender que responden a unas condiciones de cambio social que les ha permitido tener éxito electoralmente, al identificar a los electorados claves. Para Chávez, se trata de los estratos D y E, en condiciones de extrema pobreza que representaron el 82% del caudal electoral. Para Evo, se trató de las comunidades aymaras y quechuas, históricamente excluidas. Para Correa, se trató de los sectores sociales decepcionados con el retroceso del Estado Social. Todos ellos son casos evidentes de un accionar de los movimientos sociales, con marcos interpretativos que comparten elementos comunes: lucha contra la pobreza, el rescate de los político más allá de lo simplemente electoral, la incorporación de grupos de excluidos en la toma de decisiones públicas, el empoderamiento colectivo, la corresponsabilidad social, son sólo algunos de los temas.
Ahora bien, pensar que está reingeniería no produce resistencias es ilógico. Las primeras resistencias son internas. Los grupos de poder, que funcionan a través de redes de relaciones se resisten a ser desplazados. Internamente, se presenta la dificultad de la efectividad de las medidas colectivas tomadas por los respectivos líderes carismáticos y finalmente, se trata de la propia capacidad de diseñar una política pública transparente. Externamente, el reajuste institucional los enfrenta con los intereses económicos y geoestratégicos de las transnacionales y los propios intereses en la región de los EEUU. No se debe olvidar que Venezuela, Bolivia y Ecuador reúnen entre los tres (3) cerca del 12% de las reservas de petróleo del mundo, cerca del 6% de las reservas de gas, un aproximado de 3% de la reserva de bioma y cerca de un 5% de las reservas de agua potable. Todos ellos elementos estratégicos para el futuro de las naciones en el siglo XXI.
Los EEUU , han visto retroceder no sólo sus apoyos institucionales en buena parte del continente, además experimentan una grave situación económica derivada del hecho del enorme gasto energético que conlleva mantener movilizadas en situación de guerra a sus efectivos militares en Irak, Afganistán y otras partes del mundo. Estamos hablando que cada soldado movilizado gasta un promedio de 60 litros de gasolina diarios, Los EEUU tiene más de 184.000 en Irak, unos 85.000 en Afganistán y unos 33.000 más en otras partes del mundo. Todo ello se traduce en un gasto energético que supera los 15.000.000 de litros diarios, a un costo estimado cada litro de 1,20 US$. Se trata de una cifra que somete a una situación de inseguridad a todo el aparato institucional de los EEUU. Ante esto, gobiernos como el de Chávez, Evo y Correa resultan, por decir lo menos, molestos y de ahí las resistencias externas.
Todo esto nos permite entender la conflictividad actual y futura del área sudamericana en estos años. Pero debe ser objeto de una discusión seria, acerca de los modelos de democracia, el papel de los partidos y el accionar de la sociedad civil. De nuevo, es una oportunidad extraordinaria para el análisis de lo inmediato.

Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
Historiador 27/08/2008

Chávez y las Leyes habilitantes

Chávez y las Leyes habilitantes

Acaban de ser aprobadas en Venezuela un conjunto de leyes, denominadas Habilitantes, por la potestad otorgada al Ejecutivo Nacional para legislar sin la intermediación de la Asamblea Nacional.

Esa decisión ha desatado un conjunto de reacciones que en nuestro parecer, pueden desembocar en una situación de conflicto social, tal como ocurrió en el año 2001-2002. Debemos recordar, que en ese momento el poder legislativo, otorgó, basado en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana la potestad al ejecutivo para decretar un conjunto de leyes, que eran consideradas de emergencia. la habilitante, es un mecanismo que en otras ocasiones ha sido implementado en el sistema político venezolano, para permitir saltarse los procedimientos de discusión en el Congreso nacional - hoy Asamblea Nacional- y adelantar la promulgación de esos instrumentos jurídicos.

Lo que se tratamos de señalar, es que no se trata de un mecanismo jurídico ilegal, otros gobiernos en nuestro país lo han implementado. Los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-1963), Caldera (1968-1973), Lusinchi (1983-1988), entre otros hicieron uso de ese mecanismo. la diferencia indiscutible con la actual situación política, consiste en la existencia en el período 1958-1988 de una serie de pactos o acuerdos constitutivos de gobernabilidad que hoy están ausentes.

No se trata de afirmar, que antes no existió conflictividad, se trata de entender que la conflictividad fue minimizada como una forma esencial de la democracia. Para ello se conformó un sistema político que insistió en tres elementos: 1) el consenso como condición de entendimiento entre actores políticos y sociales, 2) evitar el conflicto, mediante acuerdos de pura cooperación entre los actores y 3) el desarrollo de un programa democrático mínimo.

Esas tres (3) condiciones explican la minimización de las diferencias, y la exclusión de los mismos en los medios de comunicación. Actualmente, la situación es completamente diferente. En las actuales circunstancias, los actores interactúan entre sí sin reglas de convivencia, estableciendo una relación puro conflicto, matizada por el ajuste institucional adelantado desde el gobierno. Por ello, el impacto que genera las Leyes habilitantes, al incentivar una reacción de las fuerzas opositoras al gobierno de Chávez. Lo paradójico del caso, es que la mayoría de las personas opuestas al gobierno creen que se intenta adelantar una "reforma constitucional" subrepticia, aunque la mayoría de ellos no se haya leído las cerca de 1000 páginas de esos instrumentos legales.

Las opiniones son las mismas: se trata de una reforma ilegal, es inconstitucional, se busca la cubanización. Todos forman parte de una doctrina, entendida como un conjunto de valores, opiniones o posiciones que incentivan la acción colectivas o la participación social.

Hay en este momento una profunda ignorancia acerca de los términos de las leyes. No se trata tampoco de decir que no son perfectas, pero sí de señalar que no todo es malo. Un ejemplo de ello es la ley de vivienda, que establece un financiamiento del 100% del costo del inmueble y regula el establecimiento de los cánones de arrendamiento, cuestión sometida al mercado especulativo antes de la ley. Se trata de entender asimismo, que sí bien la habilitante no es ilegal, sí hay una irregularidad cuando la Asamblea Nacional otorgó por tanto tiempo la potestad de legislar - 18 meses- lo que contradice el propio carácter de urgencia del mecanismo habilitante. No hay duda, que este accionar puede ser asumido como un acto de provocación, entendido como un accionar que puede o debe causar una reacción del "otro", destinado a desarticularlo en su accionar y elevar la confrontación. Lo malo de ello, es que la última vez que se dio un acto de provocación, termino e los acontecimientos de abril de 002 y en a elevación del enfrentamiento hasta la realización del referendo revocatorio en agosto de 2004.

Para el gobierno se trata de adelantar el ajuste institucional que comenzó con la convocatoria a la Asamblea Constituyente en 1999. Para la oposición se trata de resistirse "per se" a la hegemonía del chavismo. Todo ello enmarcado en un momento electoral, donde el gobierno se juega el mantenimiento del control político en 19 gobernaciones y 280 alcaldías. Por su parte, la oposición sabe de su necesidad de "recuperar" espacios políticos de acción. Sin duda, asistimos a una nueva etapa d la territorialización de la política, en donde se expresa la relación entre espacio público y poder. Los ciudadanos, sean cercanos al gobierno o no, se disputan su presencia en el espacio público, convirtiéndolo en un espacio no de interacción, si no de competencia. En resumidas cuentas, las leyes no pueden ser medidas en términos de totalmente malas o perfectamente buenas, deben ser analizadas justamente. hasta ahora no ha sucedido. Esperemos que la cordura y la sindéresis vuelva al campo de lo público. Veremos que sucede

Santa Cruz y Zulia: ¿autonomismo o secesión?

Comienzo señalando que no estoy dispuesto a permitir que se banalice este debate sobre el autonomismo y la secesión. Lo digo básicamente por las declaraciones del Gobernador del estado Zulia, que establece como la propuesta de una secesión no está planteada. Asimismo creo importante – por lo menos así lo es para mí como científico social- desmontar algunas matrices de información sobre las cuales se construye este discurso político, que afianzado sobre la idea de autonomía se comporta en esencia como un discurso de división.
Tengo que comenzar diciendo que hay un primer indicio acerca de la intención del Gobernador por impulsar – solapado sobre el regionalismo- un discurso de separación. Ese indicio se manifiesta en la selección del 28 de enero como día de la zulianidad. Esa selección no es fortuita, pues el 28 de enero de 1821 la antigua Provincia del Zulia, que hasta ese momento se había manifestado fiel al estado colonial español se declaro como “república democrática” según la manifestación del Cabildo de Maracaibo, encabezado por Francisco Delgado Gobernador Político e Intendente. Esa idea de república independiente significaba que esta región -cercana a la corona española hasta que las condiciones de la guerra de independencia cambiaron- pasaba a buscar su propia soberanía en un sentido estratégico muy conveniente para las elites maracaiberas. Obviamente la idea representada en la selección de esta fecha por el equipo de gobierno de Manuel Rosales no deja ninguna duda: se trata de emular ese “espíritu” que permitió al Zulia erigirse como autónoma momentáneamente.
No sería esta la única vez que se manifestaría esa intención en el Zulia, pero llama poderosamente la atención cómo cuando se ha manifestado, ha sido por la actuación de las elites políticas y económicas que a través de la manipulación de las características culturales de los marabinos moviliza al colectivo o por lo menos lo intenta. En el transcurso de la 2da mitad del siglo XIX se dieron algunos movimientos interesantes por la significación geopolítica de una secesión que incluye no sólo parte de Venezuela sino de Colombia. Es el caso de una manifestación hecha por el Coronel Francisco maría Faría en 1835, quién en medio de una lucha intestina que sufrió el país declaro a Maracaibo independiente y la denomino República de Colombia, contando con el apoyo de ciertos grupos de la elite. De nuevo el pueblo era desplazado por los intereses particulares de los grupos de poder y las redes constituidas por ellos.
En 1848, el Gobernador de la Provincia de Maracaibo José Aniceto Serrano se declaró en rebeldía al gobierno de José Tadeo Monagas y para ello procuró unificar a la elite para ratificar esa decisión. Como reacción el gobierno de Monagas cercó a los disidentes y los sometió al desobedecer la idea de unión establecida en la Carta Magna. Lo interesante del caso es que los líderes de esa elite terminaron huyendo y las consecuencias las sufrió el colectivo que fue motivado a “independizarse”. Esta lección sería interesante mantenerla viva, pues pareciera que esta articulándose actuaciones muy parecidas en estos momentos.
La siguiente actuación se da el 20 de febrero de 1863, cuando Jorge Sutherland y Venancio Pulgar, se adhieren a la causa de Juan Crisóstomo Falcón contra José Antonio Páez y proclaman la “independencia” de Venezuela para negociar con condiciones de igualdad con el Estado central. Los casos de Sutherland y Pulgar son los más emblemáticos en los intentos secesionistas del Zulia y son ejemplificantes en las intenciones de la elite marabina para emplearlos como ejemplo. Habrá que recordar como durante el gobierno de Oswaldo Álvarez Paz se planteó la utilización de Venancio Pulgar como un símbolo de la diferencialidad del Zulia con el resto de Venezuela. Sutherland y Pulgar llegaron a Proclamar la Independencia de Maracaibo y su derecho soberano a administrar sus riquezas, no obstante su desenvolvimiento y los hechos de 1868 y 1869 demostraron que finalmente lo que hicieron fue utilizar en su propio beneficio el sentimiento de identidad colectiva construido durante largos siglos en el Zulia.
Somos claros al señalar que sí bien este falso autonomismo, declara la dicotomía región/ estado central, basándose en ello para justificar las condiciones de pobreza y carencias de las subregiones que componen al Zulia (Guajira, Sur del Lago, Costa Oriental, Machiques, Capital) no es una responsabilidad del gobierno central, decidir la distribución del situado constitucional. En los años que van desde 1997 hasta la fecha el Zulia ha experimentado un incremento de la asignación del situado constitucional cercano al 45%. Cabe preguntarse ¿ qué impulsa al legislativo regional a concentrar esos recursos únicamente o mayoritariamente en la región capital?. Sí la base de esa falsa identidad es la queja contra el centralismo capitalino, ¿dónde queda el centralismo marabino que afecta a las demás subregiones? ¿Por qué los legisladores del Zulia no se quejan sobre esa distribución? Para muestra de la fatuidad del discurso del Gobernador señalaré lo siguiente: cerca del 65% del petróleo que aporta el Zulia a la producción del país sale de la Costa Oriental del Lago (COL), particularmente de los Municipios Cabimas, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez, sin embargo la retribución que hace el gobernador a esas regiones es mínimo¡ ¿ No es esto centralismo? ¿Acaso no es esa la queja del gobierno de Rosales con el gobierno central?.
Hasta ahora lo que nos enseña la historia es que el Zulia ha experimentado una manipulación de las identidades colectivas a favor de las elites de poder y sus propios intereses. No es casual que en el contexto de los procesos sucedidos en Bolivia se esté planteando un estatuto autonómico en los mismos términos de manejo independiente de los recursos económicos con que cuenta la región. Todo ello sobre la base de una identidad que se asume fuera de la venezolanidad y que se impulsa de esa manera por intereses espurios surgidos dentro del contexto del enfrentamiento político. Sí queremos generar una verdadera discusión planteamos entonces un debate acerca de este falso autonomismo, que en esencia ha demostrado ser tan injusto con el resto del Zulia. Soy tajante al señalar que no estoy dispuesto a dejar que se manipule históricamente lo sucedido para justificar una política secesionista que termina “manipulando” las necesidades del zuliano y que en la práctica no defiende la territoriedad del Zulia, que es la base constitutiva de la identidad colectiva. Este gobierno de Rosales ha descuidado al Zulia en lo que respecta a la atención de los espacios subregionales que la componen, por lo tanto esas propuestas son en realidad una manera de enmascarar sus propios intereses políticos. ¡ No permitan los zulianos esa manipulación¡

Dr. Juan E. Romero
Historiador- profesor universitario juane1208@gmail.com 10/05/2008

BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO

BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO

Hay veces en que el oficio de historiador resulta muy pesado, sobre todo cuando en base a la aplicación de la prospectiva y la interpretación de los procesos sociales vemos aproximarse el conflicto social. En el caso de Bolivia, anunciábamos en una de nuestras columnas pasadas la eventual conflictividad en nuestro hermano país.
Era de esperarse: Bolivia se encuentra en un momento clave de la reacción de la izquierda emergente en Latinoamérica. En su espacio territorial se viene desarrollando una experiencia histórica para el Altiplano Andino, que corresponde a la máxima expresión de la irrupción de movimientos sociales indígenas, que reivindican su derecho a organizarse y ser responsables de la dirección de las gestiones públicas, echan atrás más de cinco (5) siglos de exclusión y sometimiento. Esta situación impacta las relaciones de poder y las redes de intereses que han prevalecido en su historia republicana.
Las expresiones segregacionistas, sociocéntricas manifestadas por el prefecto de Santa Cruz revelan los profundos odios raciales presentes en el país fundado por Bolívar y Sucre. Se trata de cómo una élite ligada a la explotación de los recursos naturales para su propio beneficio, se siente amenazada ante las nuevas líneas definitorias de las acciones estatales establecidas en el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una contundente confrontación sustentada en dos visiones antagónicas de la sociedad boliviana; por un lado nos encontramos la perspectiva de integración social de unos espacios que históricamente habían estado segregados y sometidos; que en esta coyuntura crítica se asumen como reivindicativos de sus raíces culturales aymaras y entienden que es necesario el control social sobre las escasas bondades económicas existentes. Por la otra parte, nos vemos frente a las iniciativas foráneas que emplean los vehículos de siempre: empresarios, medios de comunicación y movimientos sociales enmascarados en un discurso democrático, pero que en sus manifestaciones se revelan profundamente intolerantes y antidemocráticos.
Nos es casual, que cuando procedemos a realizar análisis comparativos nos encontramos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador una misma matriz: sectores económicos, históricamente poderosos que se resisten a los procesos de cambio y democratización de las bases económicas de la sociedad, que trabajando conjuntamente con movimientos sociales – conformados por jóvenes de diversos origen social- asumen la “defensa” de valores individuales, en una perspectiva esencialmente liberal acerca del bienestar individual sobre el colectivo. Todo ello matizado a través de los medios de comunicación que le brindan su apoyo irrestricto. Sin embargo, lo más grave ocurre detrás de las sombras: el apoyo trasnacional mediante el financiamiento a organizaciones y movimientos sociales bajo la excusa de programas de fortalecimiento democrático, auspiciados incluso desde el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cabe preguntarse: ¿ porque esta conflictividad en este momento?. La respuesta es múltiple y en parte ya la hemos asomado: la iniciativa de democratizar y ampliar los procesos de reconocimiento de la ciudadanía cultural, entendido como la incorporación de grupos sociales y étnicos socialmente desplazados de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de ser mayorías numéricas. Eso se traduce en una verdadera apertura democrática nunca antes existente, pero sobre todo es un cambio cultural difícil de entender en sociedades con estructuras de castas como Bolivia: que los sujetos sin voz se alcen y transformen en actores sociales contundentes y dinámicos, sin importar sus orígenes étnicos o su herencia familiar.
Hay otro factor de especial relevancia y está asociado al momento de cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. Los países desarrollados, organizados en el llamado G-8, disponen cada vez de menos fuentes de energía. La mayoría del consumo energético global – casi el 80%- se va, sectorialmente hablando, en transporte e industrias, ligados al desarrollo capitalista. Menos del 30% se dedica al consumo en hogares, escuelas, hospitales y otras áreas importantes. Las grandes áreas de explotación petrolera, las zonas ubicadas en Asia central y Oriental, medio oriente, entre otras zonas conocidas como “el creciente mayor” se encuentra sometidas a una conflictividad enorme, aspecto este que dificulta contar con una producción constante de energía amén de aumentar los costos de producción. En este punto se inserta la realidad latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Venezuela , Colombia y Brasil constituyen el denominado “creciente menor”, que cuenta con importantes reservas estratégicas en gas y petróleo que lo convierte en centro de atención por los países industrializados.
La provincia de Santa Cruz, no sólo es la más importante en recursos gasíferos e hidrocarburos, por otro lado reúne buena parte de las tierras productivas del país y con ella la otra gran potencialidad de Bolivia: la producción de soja. Adicionalmente es la puerta de entrada de nuestro hermano país al área amazónica que cuenta con importantes reservas hídricas. En definitiva la zona agrupa los dos factores esenciales de las confrontaciones geopolíticas en este siglo XXI: agua y petróleo.
La estrategia adelantada con el referendo – írrito e ilegal al hacerse fuera de la constitución boliviana- repite parte de las acciones emprendidas en torno al antiguo Departamento del Darién en Colombia y que a principio del siglo XX permitiría el surgimiento de nuestro hermano Panamá. Se trata de organizar grupos cívicos que en nombre de la “autonomía” y contra el “abandono centralista” proponen y exaltan una identidad regional que se asume contraria al espíritu nacional. Se reivindican las diferencialidades locales y con ella se construye un clivaje – o enfrentamiento- nación vs región. En ese enfrentamiento se organiza – con base a apoyos financieros diversos-grupos sociales que impulsan y elevan esas diferencialidades, enmascarando con ello una idea base de la propuesta neoliberal: la reducción del papel del Estado y la privatización de las explotaciones mineras. Llama poderosamente la atención que el discurso del Comité Cívico de Santa Cruz, coincide con el discurso autonomista de Manuel Rosales y otros grupos que impulsan estatutos autonomistas, que bajo la mascarada liberal contribuyen a separatismos y fanatismos regionales.
Se trata de comprender como en este contexto geopolítico de principios del siglo XXI nos encontramos en una coyuntura crítica, donde las acciones del capital trasnacional, interesado en controlar los recursos mineros estratégicos, pasan por organizar movimientos sociales, que con estrategias disruptivas y de reto al poder establecido buscan dividir e impulsar dinámicas contrarias a la ampliación e inclusión democrática de las minorías étnicas y sociales. En Bolivia, donde entre el No y la abstención cerca del 50% se resistió a la falsa autonomía, se encuentra Latinoamérica con el trance de la disgregación y la dispersión social impulsada desde el exterior, habrá que asumir una dura defensa de la integración en este momento histórico.

Dr. Juan E. Romero
Historiador7profesor universitario
Juane1208@gmail.com
04/0572008