DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
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sábado, 10 de enero de 2009
jueves, 18 de septiembre de 2008
VENEZUELA 2002, BOLIVIA 2008: ALGUNAS COINCIDENCIAS
VENEZUELA 2002, BOLIVIA 2008: ALGUNAS COINCIDENCIAS
Hemos planteado en reiteradas ocasiones, que la dinámica socio- política que experimenta América Latina, está signada por la conflictividad. Los procesos de cambio en el comportamiento electoral, la institucionalidad democrática, así como la complejidad de los movimientos sociales nos ayuda a entender este cambio radical.
La democracia, entendida en su vertiente formal – o de realización de elecciones- ha experimentado una gran crítica por parte de las organizaciones políticas como por sectores diversos de la denominada sociedad civil. Eso ha impulsado la expresión del conflicto social, entendido como una articulación disruptiva de las normas y formas de entendimiento social. Lo que experimenta Bolivia en estos momentos tiene elementos comunes con lo sucedido en Venezuela en el año 2002.
Ambos países, experimentaron una crisis de las identidades políticas de los partidos tradicionales. En el caso de Venezuela, el retroceso de los partidos históricos fue evidente. AD y COPEI pasaron de obtener cerca del 93% de los votos en 1988, a sólo alcanzar un 11% en las elecciones de 1998. En el caso de Bolivia, la desintitucionalización de los partidos socialcristianos y socialdemócratas en el período anterior al gobierno de Hugo Banzer fue también contundente. En ambos países, el surgimiento de un liderazgo basado en la idea de un cambio radical, que reivindicaba la incorporación de sectores históricamente excluidos fue clave. Para Chávez se trataba de los sectores D y E, que representaban cerca del 83% del caudal electoral; para Evo Morales se trató de las comunidades indígenas.
El ajuste institucional implementado por ambos se tradujo en un desmontaje del aparato político sobre el cual se habían construido relaciones de poder y establecido formas de entendimiento político entre los grupos económicos. El uso de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para formalizar un nuevo proyecto constitucional que impulse un proyecto político diferente, desató las resistencias de los sectores tradicionalmente hegemónicos en ambos países. En el caso de Venezuela, el año 2002, estuvo signado por el impacto de las Leyes Habilitantes que se tradujeron en una 1era iniciativa de aplicación del proyecto político. En el caso de Bolivia, la dinámica que conduce a la aprobación definitiva del texto constitucional desató la movilización de los prefectos de los departamentos de Bení, Pando y Santa Cruz, que reúnen los grupos económicos más poderosos y radicales de Bolivia.
No hay que perder de vista un elemento común en la crisis experimentada en Venezuela en el 2002 y la que sufre Bolivia. Es la denominada oportunidad política, entendida como las condiciones políticas que favorecen la rebelión o desobediencia civil. La nueva institucionalidad impulsada por Chávez como por Evo, así como su insistencia en facilitar la movilidad social y las expresiones de voluntarismo político ha sido utilizada por los sectores más radicales y conservadores en Bolivia y Venezuela, para buscar salidas violentas. La apertura política fue aprovechada en ambas situaciones para incrementar el conflicto e incentivar la ingobernabilidad.
Otro factor común que debe considerarse, es el referido al papel de los cuerpos de seguridad del Estado. No se puede perder de vista que las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica, fueron formadas bajo la lógica de la dominación y el control hegemónico. Las Fuerzas Armadas en Venezuela, durante el período 2000-2002 resintió el ajuste derivado de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, generándose un descontento que se manifestó en el año 2002, a través de una actitud inoperante, permitiendo la ejecución de actos violentos que calentaron aun más las calles. En el caso de Bolivia, notamos la misma coincidencia, las FFAA bolivianas, tradicionalmente asociadas con golpes de estado y represión, no han actuado conteniendo la violencia.
El accionar de los grupos económicos y su conjunción con grupos radicales civiles que atentan contra los más elementales derechos humanos, constituye otro punto de coincidencia entre ambas coyunturas. Adicionalmente, no debe dejarse fuera del análisis la situación geopolítica internacional y el tema energético. Cuando se produjo los acontecimientos de abril de 2002, el papel de los empleados petroleros de PDVSA fue clave. En el caso de Bolivia, el factor petróleo y gas está detrás de esta violenta manifestación de violencia política. Lo interesante es considerar el papel del Departamento de Estado Norteamericano en ambas situaciones históricas. El silencio cómplice de sus respectivos embajadores, cuya actitud permisiva indica su vinculación y apoyo tácito a la desintitucionalización y vulneración del mandato popular, es contundente.
Hace tiempo señalamos que la situación en Bolivia amenaza a toda Sudamérica, pues en ella encontramos representada la resistencia de factores políticos que se niegan a aceptar los cambios en las condiciones de participación política y menos aun la idea de permitir que los ciudadanos que han sido históricamente hechos invisibles, aparezcan reclamando sus derechos y defendiendo su participación. Todos somos Bolivia en este momento, su futuro es el de toda Latinoamérica, por ello no debemos dejar de manifestar nuestra solidaridad y compromiso con una salida pacífica de esta crisis, inducida desde sectores conservadores y radicales que buscan re-alinearse y recuperar espacios.
Dr. Juan E. Romero
15/09/2008
martes, 2 de septiembre de 2008
AMÉRICA LATINA HOY
AMÉRICA LATINA HOY
La situación de América Latina es interesante, desde el punto de vista de los procesos políticos, desde la perspectiva del desarrollo económico pero aun más importante, en la naturaleza de los movimientos sociales.
Desde mediados de la década de los 90, del pasado siglo XX, la situación política caracterizada por la preponderancia de los partidos históricos, ligados a la socialdemocracia o al socialcristianismo, comenzó a cambiar; permitiendo una reorganización y resurgir de las organizaciones de izquierda así como de sus propias propuestas de movilización. Los partidos históricos no pudieron enfrentar la difícil situación de convivir en situaciones de entendimiento político cuando no era factible mantener el consenso sobre la base del clientelismo; ante esa situación los movimientos sociales – históricamente ligados a la izquierda- asumieron una agenda de cambio político radical que propuso el denominado “empoderamiento”, entendido como el acercamiento del ciudadano a la toma de decisiones públicas. Ese cambio y el ascenso en el caudal electoral fue posible debido al impacto del ajuste económico generado por las denominadas reformas de 1era generación, que impusieron un cruento proceso de privatización y desmontaje del Estado Social de Derecho, aumentando el descontento social y dejando en evidencia la escasa capacidad de las fuerzas del status quo para entender el cambio histórico.
En ese contexto, debe asumirse el impacto discursivo de un Hugo Chávez, de un Evo Morales, de Rafael Correa, de Tavaré Vásquez en Uruguay, de Fernando Lugo en Paraguay. El repertorio de protesta social se multiplicó y se extendió como manifestación del cambio. El descontento con los marcos de interpretación, que asumió la democracia exclusivamente como realización de elecciones, fueron sucesivamente puestos en duda y con ello, la capacidad de intermediación de los partidos históricos se disolvió. El cambio se entendió como ajuste institucional. Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay adelantaron progresivamente medidas de ajuste institucional – menos agresivas en Chile, Uruguay, Brasil y más impactantes en el resto- que permitieron la reconfiguración del Estado de Bienestar y se colocaron en línea contraria a las políticas de integración bajo el esquema de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Acompañando esa dinámica, nos encontramos el impulso derivado del discurso nacionalista, de una resemantización de la participación política, asumida como espacio de diversidad y construcción social. Enmarcado en un discurso cuya cabeza lidera Hugo Chávez, es repetido en menor o mayor radicalidad. Se trata de asumir procesos en contravía que asumen los TLC no como asimilación de políticas aduaneras o apertura de puertos, si no como acompañamiento social y socio- productivo, mediante el cual las economías comparten sus debilidades y potencian sus fortalezas. Obviamente no es lo mismo la situación económica de Venezuela, con una economía apuntalada en un precio del barril de petróleo por encima de los 90 US$, con una inflación alta, movilización social directa; a países como Bolivia y Ecuador, con un potencial económico no consolidado y resistencia civil cruentas.
La situación política y económica en todo el continente es disímil. Colombia, tiene el enorme dilema del escándalo de la narcopolítica y el proceso que se le sigue al presidente Uribe, acompañado ello por la presión generada por el papel de aliado estratégico que tiene su gobierno con los EEUU. Brasil y su presidente Lula, cuentan con una estabilidad política y económica envidiable. La potencialidad de la nación carioca contrasta con el resto del continente, aunque no deja de tener la presión del problema de la distribución de la riqueza generada.
Ecuador, con Correa y su proceso de reajuste institucional, acompañado de una política de nacionalización, que permita oxigenar la situación precaria desde el punto de vista económica; se enfrenta a una crisis institucional producto de la resistencia de los grupos de poder enraizados en la sociedad ecuatoriana, para él, el apoyo que pueda obtener de su asociación con Chávez es vital para superar el proceso de aprobación de una nueva Constitución.
La Bolivia de Evo Morales, es quizás el factor de mayor dificultad en Sudamérica. El hecho de ser un gobierno estructurado sobre un partido étnico como el Movimiento al Socialismo (MAS), que reivindica los derechos de los aymaras, de los quechuas y se enfrenta a la sociedad mestiza boliviana, que históricamente a subvalorado, explotado y usufructuado a los indígenas, constituye una fuente de conflictividad constante. El proceso electoral de agosto, en donde Morales obtuvo una ratificación contundente, coloca la situación muy difícil para los prefectos de Beni, Santa Cruz, Pando, que impulsan un secesionismo que se presenta como alternativa al triunfo popular. La perspectiva de desarrollo económico de la explotación y nacionalización del gas boliviano, es una oportunidad clave para la gobernabilidad de Evo.
El Perú de Alan Garcia, se debate entre su acercamiento a los EEUU o su aproximación en el proceso de reinserción y alineamiento entre los movimientos populares de toda Sudamérica. Su situación política no es fácil. El daño y la desintitucionalización causada por el gobierno de Fujimori aun se siente y el liderazgo de García no ha resultado suficiente para reducirla la conflictividad. Paraguay y su reciente presidente Lugo, también experimenta un futuro incierto. La situación de deterioro político derivado del control histórico del partido Colorado es una marca difícil de sacar de la psiquis y la cultura política el paraguayo. Lugo deberá manejarse articuladamente con los procesos de complementación económica que se adelanta con la UNASUR.
Argentina y su presidenta Cristina Kishner, no la tienen fácil. La resistencia civil de los comerciantes agrícolas, aunada a la situación de enfrentamiento generada por el reajuste institucional implementado desde la gestión de su esposo y ex presidente, constituye un peso muerto difícil de lidiar. Para ella, el apoyo político y económico derivado de la asociación con Venezuela puede ser una clave y un peligro. Clave, por la movilización de capitales y el apoyo en el desarrollo energético pero peligroso, por la resistencia que genera Chávez en sectores conservadores en toda América Latina.
El Uruguay de Tavaré Vásquez, experimenta una situación inestable de por sí. Su situación económica, sí bien ha mejorado, no es óptima. Las condiciones de la unidad que lo llevó a ganar las elecciones son frágiles y en cualquier momento puede fracturarse. La asociación económica, que en materia de energía mantienen con Venezuela es vital pero difícil.
Chile y Michell Bachelet, tienen una condición distinta. Económicamente los chilenos gozan de gran estabilidad, pero la conjunción de fuerzas de la presidenta, reúnen a grupos de izquierda y derechas contradictorios. Su firma de un TLC con los EEUU, lo colocan en una situación paradójica con la naciente UNASUR. Geopolíticamente los roces con Argentina y Bolivia, por el tema de la salida al mar con este último es un aspecto duro en las relaciones internacionales.
Venezuela, contando con una economía solvente enfrenta las resistencias de sectores políticos que se oponen a los reajustes institucionales adelantados desde la aprobación de la Constitución en 1999. Chávez cuenta con una resistencia en los medios de comunicación que lo ven como una figura amenazante, pero al mismo tiempo tiene un apoyo popular, que le ha permitido triunfar en 12 de las 13 consultas electorales que ha convocado. Su dinamismo en la arena internacional, impulsada por la diplomacia petrolera resulta incómodo, no sólo para quienes se le oponen internamente, sino para los que se resisten a sus influencias en el resto del continente. El hecho de contar con las reservas energéticas más importantes del mundo, le dan una ventaja que sabe utilizar actualmente.
Centroamérica, es contradictoria también. México, cuenta con una grave crisis económica, que no ha mejorado a pesar del TLC con EEUU y Canadá. Políticamente Felipe Calderón tiene aun el estigma de su victoria criticable en las elecciones, por lo tanto su futuro político depende de su capacidad para crear institucionalidad. Guatemala, Honduras, El Salvador comparten una situación política inestable y una precariedad económica pero se diferencian en la forma en que resuelven esas dificultades. Guatemala y Honduras, han optado por la Alternativa Bolivariana (ALBA) mientras que El Salvador por el TLC. Esto ha generado nuevas conflictividades en toda la zona. Sin duda, asistimos a un momento donde se generan dinámicas institucionales significativas que permiten una discusión acerca del desarrollo de la democracia en todo el continente.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
30/08/2008
La situación de América Latina es interesante, desde el punto de vista de los procesos políticos, desde la perspectiva del desarrollo económico pero aun más importante, en la naturaleza de los movimientos sociales.
Desde mediados de la década de los 90, del pasado siglo XX, la situación política caracterizada por la preponderancia de los partidos históricos, ligados a la socialdemocracia o al socialcristianismo, comenzó a cambiar; permitiendo una reorganización y resurgir de las organizaciones de izquierda así como de sus propias propuestas de movilización. Los partidos históricos no pudieron enfrentar la difícil situación de convivir en situaciones de entendimiento político cuando no era factible mantener el consenso sobre la base del clientelismo; ante esa situación los movimientos sociales – históricamente ligados a la izquierda- asumieron una agenda de cambio político radical que propuso el denominado “empoderamiento”, entendido como el acercamiento del ciudadano a la toma de decisiones públicas. Ese cambio y el ascenso en el caudal electoral fue posible debido al impacto del ajuste económico generado por las denominadas reformas de 1era generación, que impusieron un cruento proceso de privatización y desmontaje del Estado Social de Derecho, aumentando el descontento social y dejando en evidencia la escasa capacidad de las fuerzas del status quo para entender el cambio histórico.
En ese contexto, debe asumirse el impacto discursivo de un Hugo Chávez, de un Evo Morales, de Rafael Correa, de Tavaré Vásquez en Uruguay, de Fernando Lugo en Paraguay. El repertorio de protesta social se multiplicó y se extendió como manifestación del cambio. El descontento con los marcos de interpretación, que asumió la democracia exclusivamente como realización de elecciones, fueron sucesivamente puestos en duda y con ello, la capacidad de intermediación de los partidos históricos se disolvió. El cambio se entendió como ajuste institucional. Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay adelantaron progresivamente medidas de ajuste institucional – menos agresivas en Chile, Uruguay, Brasil y más impactantes en el resto- que permitieron la reconfiguración del Estado de Bienestar y se colocaron en línea contraria a las políticas de integración bajo el esquema de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Acompañando esa dinámica, nos encontramos el impulso derivado del discurso nacionalista, de una resemantización de la participación política, asumida como espacio de diversidad y construcción social. Enmarcado en un discurso cuya cabeza lidera Hugo Chávez, es repetido en menor o mayor radicalidad. Se trata de asumir procesos en contravía que asumen los TLC no como asimilación de políticas aduaneras o apertura de puertos, si no como acompañamiento social y socio- productivo, mediante el cual las economías comparten sus debilidades y potencian sus fortalezas. Obviamente no es lo mismo la situación económica de Venezuela, con una economía apuntalada en un precio del barril de petróleo por encima de los 90 US$, con una inflación alta, movilización social directa; a países como Bolivia y Ecuador, con un potencial económico no consolidado y resistencia civil cruentas.
La situación política y económica en todo el continente es disímil. Colombia, tiene el enorme dilema del escándalo de la narcopolítica y el proceso que se le sigue al presidente Uribe, acompañado ello por la presión generada por el papel de aliado estratégico que tiene su gobierno con los EEUU. Brasil y su presidente Lula, cuentan con una estabilidad política y económica envidiable. La potencialidad de la nación carioca contrasta con el resto del continente, aunque no deja de tener la presión del problema de la distribución de la riqueza generada.
Ecuador, con Correa y su proceso de reajuste institucional, acompañado de una política de nacionalización, que permita oxigenar la situación precaria desde el punto de vista económica; se enfrenta a una crisis institucional producto de la resistencia de los grupos de poder enraizados en la sociedad ecuatoriana, para él, el apoyo que pueda obtener de su asociación con Chávez es vital para superar el proceso de aprobación de una nueva Constitución.
La Bolivia de Evo Morales, es quizás el factor de mayor dificultad en Sudamérica. El hecho de ser un gobierno estructurado sobre un partido étnico como el Movimiento al Socialismo (MAS), que reivindica los derechos de los aymaras, de los quechuas y se enfrenta a la sociedad mestiza boliviana, que históricamente a subvalorado, explotado y usufructuado a los indígenas, constituye una fuente de conflictividad constante. El proceso electoral de agosto, en donde Morales obtuvo una ratificación contundente, coloca la situación muy difícil para los prefectos de Beni, Santa Cruz, Pando, que impulsan un secesionismo que se presenta como alternativa al triunfo popular. La perspectiva de desarrollo económico de la explotación y nacionalización del gas boliviano, es una oportunidad clave para la gobernabilidad de Evo.
El Perú de Alan Garcia, se debate entre su acercamiento a los EEUU o su aproximación en el proceso de reinserción y alineamiento entre los movimientos populares de toda Sudamérica. Su situación política no es fácil. El daño y la desintitucionalización causada por el gobierno de Fujimori aun se siente y el liderazgo de García no ha resultado suficiente para reducirla la conflictividad. Paraguay y su reciente presidente Lugo, también experimenta un futuro incierto. La situación de deterioro político derivado del control histórico del partido Colorado es una marca difícil de sacar de la psiquis y la cultura política el paraguayo. Lugo deberá manejarse articuladamente con los procesos de complementación económica que se adelanta con la UNASUR.
Argentina y su presidenta Cristina Kishner, no la tienen fácil. La resistencia civil de los comerciantes agrícolas, aunada a la situación de enfrentamiento generada por el reajuste institucional implementado desde la gestión de su esposo y ex presidente, constituye un peso muerto difícil de lidiar. Para ella, el apoyo político y económico derivado de la asociación con Venezuela puede ser una clave y un peligro. Clave, por la movilización de capitales y el apoyo en el desarrollo energético pero peligroso, por la resistencia que genera Chávez en sectores conservadores en toda América Latina.
El Uruguay de Tavaré Vásquez, experimenta una situación inestable de por sí. Su situación económica, sí bien ha mejorado, no es óptima. Las condiciones de la unidad que lo llevó a ganar las elecciones son frágiles y en cualquier momento puede fracturarse. La asociación económica, que en materia de energía mantienen con Venezuela es vital pero difícil.
Chile y Michell Bachelet, tienen una condición distinta. Económicamente los chilenos gozan de gran estabilidad, pero la conjunción de fuerzas de la presidenta, reúnen a grupos de izquierda y derechas contradictorios. Su firma de un TLC con los EEUU, lo colocan en una situación paradójica con la naciente UNASUR. Geopolíticamente los roces con Argentina y Bolivia, por el tema de la salida al mar con este último es un aspecto duro en las relaciones internacionales.
Venezuela, contando con una economía solvente enfrenta las resistencias de sectores políticos que se oponen a los reajustes institucionales adelantados desde la aprobación de la Constitución en 1999. Chávez cuenta con una resistencia en los medios de comunicación que lo ven como una figura amenazante, pero al mismo tiempo tiene un apoyo popular, que le ha permitido triunfar en 12 de las 13 consultas electorales que ha convocado. Su dinamismo en la arena internacional, impulsada por la diplomacia petrolera resulta incómodo, no sólo para quienes se le oponen internamente, sino para los que se resisten a sus influencias en el resto del continente. El hecho de contar con las reservas energéticas más importantes del mundo, le dan una ventaja que sabe utilizar actualmente.
Centroamérica, es contradictoria también. México, cuenta con una grave crisis económica, que no ha mejorado a pesar del TLC con EEUU y Canadá. Políticamente Felipe Calderón tiene aun el estigma de su victoria criticable en las elecciones, por lo tanto su futuro político depende de su capacidad para crear institucionalidad. Guatemala, Honduras, El Salvador comparten una situación política inestable y una precariedad económica pero se diferencian en la forma en que resuelven esas dificultades. Guatemala y Honduras, han optado por la Alternativa Bolivariana (ALBA) mientras que El Salvador por el TLC. Esto ha generado nuevas conflictividades en toda la zona. Sin duda, asistimos a un momento donde se generan dinámicas institucionales significativas que permiten una discusión acerca del desarrollo de la democracia en todo el continente.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
30/08/2008
viernes, 29 de agosto de 2008
Venezuela, Ecuador y Bolivia: el efecto de los movimientos sociales
Lo que sucede en América Latina, con este aparente resurgir de la izquierda histórica, debe ser visto desde la óptica de las prácticas disruptivas de los movimientos sociales. Nos referimos a que las formas preponderantes de los modelos democráticos en latinoamérica, sustentados como estuvieron entre los años 60 y 90 del pasado siglo XX, sobre los partidos políticos falló rotundamente.
Los supuestos sobre los que debió construirse el accionar de los partidos políticos en Sudamérica (Colorado, demócratas cristianos, AD, Liberal, Conservador, peronista, por sólo nombrar algunos casos), la respuesta social, la capacidad de cohesión colectiva, la intermediación con las estructuras del Estado Nacional; todas ellas fracasaron y generaron una desbandada de los ciudadanos hacia su confianza en los partidos.
Esa huida ciudadana, acompañada como estuvo de acciones disruptivas - entendidas como formas de protesta y reto al status quo- impulsó la antipolítica como expresión de la cultura política en todo el contexto espacial sudamericano. Con ello, se potenció formas de articulación social más allá de los espacios institucionalizados canalizados por y desde el partido político. La oportunidad política brindada a los movimientos sociales permitió el surgimiento de un descontento y desconfianza generalizada sobre la capacidad del liderazgo democrático surgido desde los partidos, para solucionar la crisis de expectativas de los ciudadanos. Por ello, acciones como la adelantada por los carapintadas en Argentina o las propiciadas por el propio Chávez, en Venezuela, durante 1992, no fueron percibidas negativamente, por lo menos no tanto considerando que pusieron en riesgo el sistema político en ambos países.
¿ Cómo entender esto? la respuesta debe ser múltiple. Por una parte las denominadas reformas de 1era generación, que derivaron en un agresivo proceso de privatización en toda latinoamérca, disminuyó la calidad de vida del ciudadano y minimizó la capacidad de intermediación del partido político, entre el ciudadano y el Estado. Ese espacio dejado libre por los partidos, aunado al descontento hacia las instituciones políticas, fue aprovechado para la articulación de movimientos sociales que reivindicaron la condición de ciudadanía social, entendida como reclamo para una mejor calidad de vida; aspecto esté que apareció lejano en el contexto privatizador de los años 90.
El retroceso electoral de los partidos históricos en toda Latinoamérica, debe ser vista como una manifestación del voto castigo contra la debilidad institucional de los partidos gobernantes y su endulcoramiento ideológico, que hizo posible la transformación del partido en un cascarón vacio y desvinculado de la realidad. En esas circunstancias, liderazgos carismáticos como el de Chávez, Menem, Fujimori, consiguieron un espacio para articularse como mecanismos colectivos de respuestas a la crisis de expectativas, generando movilización y apoyo a sus propuestas. Debemos eso sí, estar claros que el desenvolvimiento institucional no es igual para Fujimori, Menem o Chávez, sobre todo por aquello de tratar de encajarlos bajo la mirada conceptual del neopopulismo.
En este punto, hay que entender que los movimientos sociales exitosos en sus prácticas disruptivas, manejan lo que se denomina repertorios de protestas y acción que suelen ser emulados por otros movimientos sociales. Eso explica por qué Chávez, al tener éxito en el desplazamiento de los actores tradicionales en Venezuela mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999, adelantará una reingeniería institucional que procuró - y logró en gran medida- desplazar de los cargos de representación política a los actores tradicionales. Esa reingeniería institucional, ha sido emulada por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. No se trata de decir que son manipulados por Chávez, se trata que su accionar demostró la efectividad para los movimientos sociales del manejo de un discurso de ruptura con el viejo orden institucional y la posibilidad que tiene un discurso montado sobre la base del rescate de lo social, como tema de la agenda política.
El éxito de las misiones sociales en Venezuela, visto desde el tema de la incorporación de los excluidos ha sido emulado por parte de los demás presidentes, todo ello basado además en torno al planteamiento del nacionalismo petrolero. El hecho que el precio del barril de petróleo haya pasado de menos de 10 US$ por barril en 1998 a más de 100 US$ en este año, le da a Chávez, Morales y Correa una base de acción política que se traduce en una amenaza a los propios intereses de los grupos de poder en sus respectivos países.
No se trata de plantear que su accionar sea 100% correcto. Se trata de entender que responden a unas condiciones de cambio social que les ha permitido tener éxito electoralmente, al identificar a los electorados claves. Para Chávez, se trata de los estratos D y E, en condiciones de extrema pobreza que representaron el 82% del caudal electoral. Para Evo, se trató de las comunidades aymaras y quechuas, históricamente excluidas. Para Correa, se trató de los sectores sociales decepcionados con el retroceso del Estado Social. Todos ellos son casos evidentes de un accionar de los movimientos sociales, con marcos interpretativos que comparten elementos comunes: lucha contra la pobreza, el rescate de los político más allá de lo simplemente electoral, la incorporación de grupos de excluidos en la toma de decisiones públicas, el empoderamiento colectivo, la corresponsabilidad social, son sólo algunos de los temas.
Ahora bien, pensar que está reingeniería no produce resistencias es ilógico. Las primeras resistencias son internas. Los grupos de poder, que funcionan a través de redes de relaciones se resisten a ser desplazados. Internamente, se presenta la dificultad de la efectividad de las medidas colectivas tomadas por los respectivos líderes carismáticos y finalmente, se trata de la propia capacidad de diseñar una política pública transparente. Externamente, el reajuste institucional los enfrenta con los intereses económicos y geoestratégicos de las transnacionales y los propios intereses en la región de los EEUU. No se debe olvidar que Venezuela, Bolivia y Ecuador reúnen entre los tres (3) cerca del 12% de las reservas de petróleo del mundo, cerca del 6% de las reservas de gas, un aproximado de 3% de la reserva de bioma y cerca de un 5% de las reservas de agua potable. Todos ellos elementos estratégicos para el futuro de las naciones en el siglo XXI.
Los EEUU , han visto retroceder no sólo sus apoyos institucionales en buena parte del continente, además experimentan una grave situación económica derivada del hecho del enorme gasto energético que conlleva mantener movilizadas en situación de guerra a sus efectivos militares en Irak, Afganistán y otras partes del mundo. Estamos hablando que cada soldado movilizado gasta un promedio de 60 litros de gasolina diarios, Los EEUU tiene más de 184.000 en Irak, unos 85.000 en Afganistán y unos 33.000 más en otras partes del mundo. Todo ello se traduce en un gasto energético que supera los 15.000.000 de litros diarios, a un costo estimado cada litro de 1,20 US$. Se trata de una cifra que somete a una situación de inseguridad a todo el aparato institucional de los EEUU. Ante esto, gobiernos como el de Chávez, Evo y Correa resultan, por decir lo menos, molestos y de ahí las resistencias externas.
Todo esto nos permite entender la conflictividad actual y futura del área sudamericana en estos años. Pero debe ser objeto de una discusión seria, acerca de los modelos de democracia, el papel de los partidos y el accionar de la sociedad civil. De nuevo, es una oportunidad extraordinaria para el análisis de lo inmediato.
Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
Historiador 27/08/2008
Lo que sucede en América Latina, con este aparente resurgir de la izquierda histórica, debe ser visto desde la óptica de las prácticas disruptivas de los movimientos sociales. Nos referimos a que las formas preponderantes de los modelos democráticos en latinoamérica, sustentados como estuvieron entre los años 60 y 90 del pasado siglo XX, sobre los partidos políticos falló rotundamente.
Los supuestos sobre los que debió construirse el accionar de los partidos políticos en Sudamérica (Colorado, demócratas cristianos, AD, Liberal, Conservador, peronista, por sólo nombrar algunos casos), la respuesta social, la capacidad de cohesión colectiva, la intermediación con las estructuras del Estado Nacional; todas ellas fracasaron y generaron una desbandada de los ciudadanos hacia su confianza en los partidos.
Esa huida ciudadana, acompañada como estuvo de acciones disruptivas - entendidas como formas de protesta y reto al status quo- impulsó la antipolítica como expresión de la cultura política en todo el contexto espacial sudamericano. Con ello, se potenció formas de articulación social más allá de los espacios institucionalizados canalizados por y desde el partido político. La oportunidad política brindada a los movimientos sociales permitió el surgimiento de un descontento y desconfianza generalizada sobre la capacidad del liderazgo democrático surgido desde los partidos, para solucionar la crisis de expectativas de los ciudadanos. Por ello, acciones como la adelantada por los carapintadas en Argentina o las propiciadas por el propio Chávez, en Venezuela, durante 1992, no fueron percibidas negativamente, por lo menos no tanto considerando que pusieron en riesgo el sistema político en ambos países.
¿ Cómo entender esto? la respuesta debe ser múltiple. Por una parte las denominadas reformas de 1era generación, que derivaron en un agresivo proceso de privatización en toda latinoamérca, disminuyó la calidad de vida del ciudadano y minimizó la capacidad de intermediación del partido político, entre el ciudadano y el Estado. Ese espacio dejado libre por los partidos, aunado al descontento hacia las instituciones políticas, fue aprovechado para la articulación de movimientos sociales que reivindicaron la condición de ciudadanía social, entendida como reclamo para una mejor calidad de vida; aspecto esté que apareció lejano en el contexto privatizador de los años 90.
El retroceso electoral de los partidos históricos en toda Latinoamérica, debe ser vista como una manifestación del voto castigo contra la debilidad institucional de los partidos gobernantes y su endulcoramiento ideológico, que hizo posible la transformación del partido en un cascarón vacio y desvinculado de la realidad. En esas circunstancias, liderazgos carismáticos como el de Chávez, Menem, Fujimori, consiguieron un espacio para articularse como mecanismos colectivos de respuestas a la crisis de expectativas, generando movilización y apoyo a sus propuestas. Debemos eso sí, estar claros que el desenvolvimiento institucional no es igual para Fujimori, Menem o Chávez, sobre todo por aquello de tratar de encajarlos bajo la mirada conceptual del neopopulismo.
En este punto, hay que entender que los movimientos sociales exitosos en sus prácticas disruptivas, manejan lo que se denomina repertorios de protestas y acción que suelen ser emulados por otros movimientos sociales. Eso explica por qué Chávez, al tener éxito en el desplazamiento de los actores tradicionales en Venezuela mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999, adelantará una reingeniería institucional que procuró - y logró en gran medida- desplazar de los cargos de representación política a los actores tradicionales. Esa reingeniería institucional, ha sido emulada por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. No se trata de decir que son manipulados por Chávez, se trata que su accionar demostró la efectividad para los movimientos sociales del manejo de un discurso de ruptura con el viejo orden institucional y la posibilidad que tiene un discurso montado sobre la base del rescate de lo social, como tema de la agenda política.
El éxito de las misiones sociales en Venezuela, visto desde el tema de la incorporación de los excluidos ha sido emulado por parte de los demás presidentes, todo ello basado además en torno al planteamiento del nacionalismo petrolero. El hecho que el precio del barril de petróleo haya pasado de menos de 10 US$ por barril en 1998 a más de 100 US$ en este año, le da a Chávez, Morales y Correa una base de acción política que se traduce en una amenaza a los propios intereses de los grupos de poder en sus respectivos países.
No se trata de plantear que su accionar sea 100% correcto. Se trata de entender que responden a unas condiciones de cambio social que les ha permitido tener éxito electoralmente, al identificar a los electorados claves. Para Chávez, se trata de los estratos D y E, en condiciones de extrema pobreza que representaron el 82% del caudal electoral. Para Evo, se trató de las comunidades aymaras y quechuas, históricamente excluidas. Para Correa, se trató de los sectores sociales decepcionados con el retroceso del Estado Social. Todos ellos son casos evidentes de un accionar de los movimientos sociales, con marcos interpretativos que comparten elementos comunes: lucha contra la pobreza, el rescate de los político más allá de lo simplemente electoral, la incorporación de grupos de excluidos en la toma de decisiones públicas, el empoderamiento colectivo, la corresponsabilidad social, son sólo algunos de los temas.
Ahora bien, pensar que está reingeniería no produce resistencias es ilógico. Las primeras resistencias son internas. Los grupos de poder, que funcionan a través de redes de relaciones se resisten a ser desplazados. Internamente, se presenta la dificultad de la efectividad de las medidas colectivas tomadas por los respectivos líderes carismáticos y finalmente, se trata de la propia capacidad de diseñar una política pública transparente. Externamente, el reajuste institucional los enfrenta con los intereses económicos y geoestratégicos de las transnacionales y los propios intereses en la región de los EEUU. No se debe olvidar que Venezuela, Bolivia y Ecuador reúnen entre los tres (3) cerca del 12% de las reservas de petróleo del mundo, cerca del 6% de las reservas de gas, un aproximado de 3% de la reserva de bioma y cerca de un 5% de las reservas de agua potable. Todos ellos elementos estratégicos para el futuro de las naciones en el siglo XXI.
Los EEUU , han visto retroceder no sólo sus apoyos institucionales en buena parte del continente, además experimentan una grave situación económica derivada del hecho del enorme gasto energético que conlleva mantener movilizadas en situación de guerra a sus efectivos militares en Irak, Afganistán y otras partes del mundo. Estamos hablando que cada soldado movilizado gasta un promedio de 60 litros de gasolina diarios, Los EEUU tiene más de 184.000 en Irak, unos 85.000 en Afganistán y unos 33.000 más en otras partes del mundo. Todo ello se traduce en un gasto energético que supera los 15.000.000 de litros diarios, a un costo estimado cada litro de 1,20 US$. Se trata de una cifra que somete a una situación de inseguridad a todo el aparato institucional de los EEUU. Ante esto, gobiernos como el de Chávez, Evo y Correa resultan, por decir lo menos, molestos y de ahí las resistencias externas.
Todo esto nos permite entender la conflictividad actual y futura del área sudamericana en estos años. Pero debe ser objeto de una discusión seria, acerca de los modelos de democracia, el papel de los partidos y el accionar de la sociedad civil. De nuevo, es una oportunidad extraordinaria para el análisis de lo inmediato.
Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
Historiador 27/08/2008
martes, 19 de agosto de 2008
BOLIVIA Y VENEZUELA, EVO Y CHÁVEZ
Venezuela y Bolivia mantienen más de un elemento de comparación histórica. Por un lado se trata de dos liderazgos construidos sobre la crisis institucional de sus respectivos sistemas políticos. En lo que respecta a Bolivia, los partidos históricos, asociados a la explotación de las mayorías étnicas (aymaras, quechuas) se habían confabulado para impedir que estos actores históricos asumieran un protagonismo en la direccionalidad de la agenda política en el país fundado en honor a Bolívar. En el caso de Venezuela, los partidos históricos surgidos a partir de la década de los años 40 del pasado siglo XX, se habían repartido el poder y usufructuado los beneficios del Estado. En ambas situaciones, surgió un liderazgo basado en la antipolítica, entendida como rechazo a las formas de participación mediante la mediación de los partidos tradicionales.
Evo Morales, a través del Movimiento al Socialismo (MAS) y Hugo Chávez mediante el movimiento Quinta república (MVR), conformaron unos movimientos sociales que adquirieron representación política y fueron desplazando, con un discurso radical de cambio, a los actores políticos tradicionales que no fueron capaces de construir un discurso político que llegará a representar los intereses de grupos de electores claves en los procesos políticos. Chávez, con un discurso dirigido a los estratos D y E, que son cerca del 82% del electorado y Evo, con un discurso cuyo sujeto protagónico son las mayorías indígenas lograron catapultarse al poder. Al hacerlo, se han enfrentado a un conjunto de relaciones de poder, actores e instituciones que se niegan a perder sus privilegios y por lo tanto se articulan para resistirse. Ambos gobernantes optaron por los mismos mecanismos de cambios: la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente. Chávez fue el primero en aplicarlo y el primero en sentir las acciones – más bien reacciones - de resistencias de los bloques de poder. Evo, ha experimentado una primera muestra de esas resistencias. Y decimos primera, pues estamos seguros que la conflictividad social manifestada por quienes tradicionalmente han disfrutado de los beneficios de la explotación de las riquezas minerales de Bolivia, actuaran bajo nuevos esquemas.
Ya Chávez experimentó los rigores que devienen de la articulación de los factores de resistencia. Las acciones desarrolladas entre 2001- 2003 en nuestro país son una muestra de conflictividad social. Las reacciones a la convocatoria de la Constituyente en Bolivia, concretada mediante el intento ilegítimo de las prefecturas de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija entre otras, para promulgar un estatuto autónomo más allá de la legalidad constitucional, son una demostración concreta. En los casos de Venezuela y Bolivia, los mecanismos de democracia directa, como el referendo, en sus diversas manifestaciones han mostrado la efectividad que pueden tener para minimizar los conflictos. Cómo se recordará, Chávez en una decisión política inteligente acudió a un referendo revocatorio en agosto de 2004, convocatoria que le abrió un ciclo de gobernabilidad que sucedió a una dinámica que se vislumbraba violenta. En el caso de Bolivia, la convocatoria mediante decreto- ley de un referendo revocatorio le da un nuevo aire de gobernabilidad, pues aumentó el apoyo con el que salió elegido en el año 2005 Evo Morales.
Chávez y Evo, comparten además un árbol ideológico común, derivado de su condición de nacionalistas energéticos. Los dos presidentes han reivindicado los derechos de sus respectivas administraciones sobre el control ejercido en las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos. Sus posiciones nacionalistas son incómodas para los intereses foráneos y la problemática derivada de las crecientes necesidades de combustibles fósiles y la escasa capacidad productiva de los países que integran el denominado G-8.
Ese nacionalismo petrolero, es decir el énfasis en el control energético o lo que también se ha dado en llamar diplomacia del petróleo, se ha transformado en un factor perturbador a los intereses norteamericanos en la zona y hace esperar el inicio de un nuevo ciclo de conflictividad entre los gobiernos nacionalistas de Ecuador, Bolivia y Venezuela con los EEUU. La ratificación de Evo, constituye un sólido golpe a los intentos de generar desestabilización en Sudamérica, sobre todos en los países que han adelantado procesos de reinstitucionalización, y deja abiertas nuevas tácticas para desarticular a gobiernos con apoyo popular. Asistimos a una etapa de conflictividad internacional que tiene como eje articulador el tema energético. La única respuesta surge de los movimientos populares y su capacidad de organización y resistencia. Somos testigos excepcionales de un momento histórico que llama a la reflexión crítica y nos brinda a los científicos sociales una oportunidad para el análisis e interpretación de procesos que suceden en tiempo real. Es el momento para ratificar la llamada historia inmediata, que piensa y reflexiona el mundo de lo vivido.
Dr. Juan Eduardo Romero
La Universidad del Zulia
Juane1208@gmail.com
10/08/2008
Venezuela y Bolivia mantienen más de un elemento de comparación histórica. Por un lado se trata de dos liderazgos construidos sobre la crisis institucional de sus respectivos sistemas políticos. En lo que respecta a Bolivia, los partidos históricos, asociados a la explotación de las mayorías étnicas (aymaras, quechuas) se habían confabulado para impedir que estos actores históricos asumieran un protagonismo en la direccionalidad de la agenda política en el país fundado en honor a Bolívar. En el caso de Venezuela, los partidos históricos surgidos a partir de la década de los años 40 del pasado siglo XX, se habían repartido el poder y usufructuado los beneficios del Estado. En ambas situaciones, surgió un liderazgo basado en la antipolítica, entendida como rechazo a las formas de participación mediante la mediación de los partidos tradicionales.
Evo Morales, a través del Movimiento al Socialismo (MAS) y Hugo Chávez mediante el movimiento Quinta república (MVR), conformaron unos movimientos sociales que adquirieron representación política y fueron desplazando, con un discurso radical de cambio, a los actores políticos tradicionales que no fueron capaces de construir un discurso político que llegará a representar los intereses de grupos de electores claves en los procesos políticos. Chávez, con un discurso dirigido a los estratos D y E, que son cerca del 82% del electorado y Evo, con un discurso cuyo sujeto protagónico son las mayorías indígenas lograron catapultarse al poder. Al hacerlo, se han enfrentado a un conjunto de relaciones de poder, actores e instituciones que se niegan a perder sus privilegios y por lo tanto se articulan para resistirse. Ambos gobernantes optaron por los mismos mecanismos de cambios: la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente. Chávez fue el primero en aplicarlo y el primero en sentir las acciones – más bien reacciones - de resistencias de los bloques de poder. Evo, ha experimentado una primera muestra de esas resistencias. Y decimos primera, pues estamos seguros que la conflictividad social manifestada por quienes tradicionalmente han disfrutado de los beneficios de la explotación de las riquezas minerales de Bolivia, actuaran bajo nuevos esquemas.
Ya Chávez experimentó los rigores que devienen de la articulación de los factores de resistencia. Las acciones desarrolladas entre 2001- 2003 en nuestro país son una muestra de conflictividad social. Las reacciones a la convocatoria de la Constituyente en Bolivia, concretada mediante el intento ilegítimo de las prefecturas de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija entre otras, para promulgar un estatuto autónomo más allá de la legalidad constitucional, son una demostración concreta. En los casos de Venezuela y Bolivia, los mecanismos de democracia directa, como el referendo, en sus diversas manifestaciones han mostrado la efectividad que pueden tener para minimizar los conflictos. Cómo se recordará, Chávez en una decisión política inteligente acudió a un referendo revocatorio en agosto de 2004, convocatoria que le abrió un ciclo de gobernabilidad que sucedió a una dinámica que se vislumbraba violenta. En el caso de Bolivia, la convocatoria mediante decreto- ley de un referendo revocatorio le da un nuevo aire de gobernabilidad, pues aumentó el apoyo con el que salió elegido en el año 2005 Evo Morales.
Chávez y Evo, comparten además un árbol ideológico común, derivado de su condición de nacionalistas energéticos. Los dos presidentes han reivindicado los derechos de sus respectivas administraciones sobre el control ejercido en las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos. Sus posiciones nacionalistas son incómodas para los intereses foráneos y la problemática derivada de las crecientes necesidades de combustibles fósiles y la escasa capacidad productiva de los países que integran el denominado G-8.
Ese nacionalismo petrolero, es decir el énfasis en el control energético o lo que también se ha dado en llamar diplomacia del petróleo, se ha transformado en un factor perturbador a los intereses norteamericanos en la zona y hace esperar el inicio de un nuevo ciclo de conflictividad entre los gobiernos nacionalistas de Ecuador, Bolivia y Venezuela con los EEUU. La ratificación de Evo, constituye un sólido golpe a los intentos de generar desestabilización en Sudamérica, sobre todos en los países que han adelantado procesos de reinstitucionalización, y deja abiertas nuevas tácticas para desarticular a gobiernos con apoyo popular. Asistimos a una etapa de conflictividad internacional que tiene como eje articulador el tema energético. La única respuesta surge de los movimientos populares y su capacidad de organización y resistencia. Somos testigos excepcionales de un momento histórico que llama a la reflexión crítica y nos brinda a los científicos sociales una oportunidad para el análisis e interpretación de procesos que suceden en tiempo real. Es el momento para ratificar la llamada historia inmediata, que piensa y reflexiona el mundo de lo vivido.
Dr. Juan Eduardo Romero
La Universidad del Zulia
Juane1208@gmail.com
10/08/2008
sábado, 26 de julio de 2008
Santa Cruz y Zulia: ¿autonomismo o secesión?
Comienzo señalando que no estoy dispuesto a permitir que se banalice este debate sobre el autonomismo y la secesión. Lo digo básicamente por las declaraciones del Gobernador del estado Zulia, que establece como la propuesta de una secesión no está planteada. Asimismo creo importante – por lo menos así lo es para mí como científico social- desmontar algunas matrices de información sobre las cuales se construye este discurso político, que afianzado sobre la idea de autonomía se comporta en esencia como un discurso de división.
Tengo que comenzar diciendo que hay un primer indicio acerca de la intención del Gobernador por impulsar – solapado sobre el regionalismo- un discurso de separación. Ese indicio se manifiesta en la selección del 28 de enero como día de la zulianidad. Esa selección no es fortuita, pues el 28 de enero de 1821 la antigua Provincia del Zulia, que hasta ese momento se había manifestado fiel al estado colonial español se declaro como “república democrática” según la manifestación del Cabildo de Maracaibo, encabezado por Francisco Delgado Gobernador Político e Intendente. Esa idea de república independiente significaba que esta región -cercana a la corona española hasta que las condiciones de la guerra de independencia cambiaron- pasaba a buscar su propia soberanía en un sentido estratégico muy conveniente para las elites maracaiberas. Obviamente la idea representada en la selección de esta fecha por el equipo de gobierno de Manuel Rosales no deja ninguna duda: se trata de emular ese “espíritu” que permitió al Zulia erigirse como autónoma momentáneamente.
No sería esta la única vez que se manifestaría esa intención en el Zulia, pero llama poderosamente la atención cómo cuando se ha manifestado, ha sido por la actuación de las elites políticas y económicas que a través de la manipulación de las características culturales de los marabinos moviliza al colectivo o por lo menos lo intenta. En el transcurso de la 2da mitad del siglo XIX se dieron algunos movimientos interesantes por la significación geopolítica de una secesión que incluye no sólo parte de Venezuela sino de Colombia. Es el caso de una manifestación hecha por el Coronel Francisco maría Faría en 1835, quién en medio de una lucha intestina que sufrió el país declaro a Maracaibo independiente y la denomino República de Colombia, contando con el apoyo de ciertos grupos de la elite. De nuevo el pueblo era desplazado por los intereses particulares de los grupos de poder y las redes constituidas por ellos.
En 1848, el Gobernador de la Provincia de Maracaibo José Aniceto Serrano se declaró en rebeldía al gobierno de José Tadeo Monagas y para ello procuró unificar a la elite para ratificar esa decisión. Como reacción el gobierno de Monagas cercó a los disidentes y los sometió al desobedecer la idea de unión establecida en la Carta Magna. Lo interesante del caso es que los líderes de esa elite terminaron huyendo y las consecuencias las sufrió el colectivo que fue motivado a “independizarse”. Esta lección sería interesante mantenerla viva, pues pareciera que esta articulándose actuaciones muy parecidas en estos momentos.
La siguiente actuación se da el 20 de febrero de 1863, cuando Jorge Sutherland y Venancio Pulgar, se adhieren a la causa de Juan Crisóstomo Falcón contra José Antonio Páez y proclaman la “independencia” de Venezuela para negociar con condiciones de igualdad con el Estado central. Los casos de Sutherland y Pulgar son los más emblemáticos en los intentos secesionistas del Zulia y son ejemplificantes en las intenciones de la elite marabina para emplearlos como ejemplo. Habrá que recordar como durante el gobierno de Oswaldo Álvarez Paz se planteó la utilización de Venancio Pulgar como un símbolo de la diferencialidad del Zulia con el resto de Venezuela. Sutherland y Pulgar llegaron a Proclamar la Independencia de Maracaibo y su derecho soberano a administrar sus riquezas, no obstante su desenvolvimiento y los hechos de 1868 y 1869 demostraron que finalmente lo que hicieron fue utilizar en su propio beneficio el sentimiento de identidad colectiva construido durante largos siglos en el Zulia.
Somos claros al señalar que sí bien este falso autonomismo, declara la dicotomía región/ estado central, basándose en ello para justificar las condiciones de pobreza y carencias de las subregiones que componen al Zulia (Guajira, Sur del Lago, Costa Oriental, Machiques, Capital) no es una responsabilidad del gobierno central, decidir la distribución del situado constitucional. En los años que van desde 1997 hasta la fecha el Zulia ha experimentado un incremento de la asignación del situado constitucional cercano al 45%. Cabe preguntarse ¿ qué impulsa al legislativo regional a concentrar esos recursos únicamente o mayoritariamente en la región capital?. Sí la base de esa falsa identidad es la queja contra el centralismo capitalino, ¿dónde queda el centralismo marabino que afecta a las demás subregiones? ¿Por qué los legisladores del Zulia no se quejan sobre esa distribución? Para muestra de la fatuidad del discurso del Gobernador señalaré lo siguiente: cerca del 65% del petróleo que aporta el Zulia a la producción del país sale de la Costa Oriental del Lago (COL), particularmente de los Municipios Cabimas, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez, sin embargo la retribución que hace el gobernador a esas regiones es mínimo¡ ¿ No es esto centralismo? ¿Acaso no es esa la queja del gobierno de Rosales con el gobierno central?.
Hasta ahora lo que nos enseña la historia es que el Zulia ha experimentado una manipulación de las identidades colectivas a favor de las elites de poder y sus propios intereses. No es casual que en el contexto de los procesos sucedidos en Bolivia se esté planteando un estatuto autonómico en los mismos términos de manejo independiente de los recursos económicos con que cuenta la región. Todo ello sobre la base de una identidad que se asume fuera de la venezolanidad y que se impulsa de esa manera por intereses espurios surgidos dentro del contexto del enfrentamiento político. Sí queremos generar una verdadera discusión planteamos entonces un debate acerca de este falso autonomismo, que en esencia ha demostrado ser tan injusto con el resto del Zulia. Soy tajante al señalar que no estoy dispuesto a dejar que se manipule históricamente lo sucedido para justificar una política secesionista que termina “manipulando” las necesidades del zuliano y que en la práctica no defiende la territoriedad del Zulia, que es la base constitutiva de la identidad colectiva. Este gobierno de Rosales ha descuidado al Zulia en lo que respecta a la atención de los espacios subregionales que la componen, por lo tanto esas propuestas son en realidad una manera de enmascarar sus propios intereses políticos. ¡ No permitan los zulianos esa manipulación¡
Dr. Juan E. Romero
Historiador- profesor universitario juane1208@gmail.com 10/05/2008
Comienzo señalando que no estoy dispuesto a permitir que se banalice este debate sobre el autonomismo y la secesión. Lo digo básicamente por las declaraciones del Gobernador del estado Zulia, que establece como la propuesta de una secesión no está planteada. Asimismo creo importante – por lo menos así lo es para mí como científico social- desmontar algunas matrices de información sobre las cuales se construye este discurso político, que afianzado sobre la idea de autonomía se comporta en esencia como un discurso de división.
Tengo que comenzar diciendo que hay un primer indicio acerca de la intención del Gobernador por impulsar – solapado sobre el regionalismo- un discurso de separación. Ese indicio se manifiesta en la selección del 28 de enero como día de la zulianidad. Esa selección no es fortuita, pues el 28 de enero de 1821 la antigua Provincia del Zulia, que hasta ese momento se había manifestado fiel al estado colonial español se declaro como “república democrática” según la manifestación del Cabildo de Maracaibo, encabezado por Francisco Delgado Gobernador Político e Intendente. Esa idea de república independiente significaba que esta región -cercana a la corona española hasta que las condiciones de la guerra de independencia cambiaron- pasaba a buscar su propia soberanía en un sentido estratégico muy conveniente para las elites maracaiberas. Obviamente la idea representada en la selección de esta fecha por el equipo de gobierno de Manuel Rosales no deja ninguna duda: se trata de emular ese “espíritu” que permitió al Zulia erigirse como autónoma momentáneamente.
No sería esta la única vez que se manifestaría esa intención en el Zulia, pero llama poderosamente la atención cómo cuando se ha manifestado, ha sido por la actuación de las elites políticas y económicas que a través de la manipulación de las características culturales de los marabinos moviliza al colectivo o por lo menos lo intenta. En el transcurso de la 2da mitad del siglo XIX se dieron algunos movimientos interesantes por la significación geopolítica de una secesión que incluye no sólo parte de Venezuela sino de Colombia. Es el caso de una manifestación hecha por el Coronel Francisco maría Faría en 1835, quién en medio de una lucha intestina que sufrió el país declaro a Maracaibo independiente y la denomino República de Colombia, contando con el apoyo de ciertos grupos de la elite. De nuevo el pueblo era desplazado por los intereses particulares de los grupos de poder y las redes constituidas por ellos.
En 1848, el Gobernador de la Provincia de Maracaibo José Aniceto Serrano se declaró en rebeldía al gobierno de José Tadeo Monagas y para ello procuró unificar a la elite para ratificar esa decisión. Como reacción el gobierno de Monagas cercó a los disidentes y los sometió al desobedecer la idea de unión establecida en la Carta Magna. Lo interesante del caso es que los líderes de esa elite terminaron huyendo y las consecuencias las sufrió el colectivo que fue motivado a “independizarse”. Esta lección sería interesante mantenerla viva, pues pareciera que esta articulándose actuaciones muy parecidas en estos momentos.
La siguiente actuación se da el 20 de febrero de 1863, cuando Jorge Sutherland y Venancio Pulgar, se adhieren a la causa de Juan Crisóstomo Falcón contra José Antonio Páez y proclaman la “independencia” de Venezuela para negociar con condiciones de igualdad con el Estado central. Los casos de Sutherland y Pulgar son los más emblemáticos en los intentos secesionistas del Zulia y son ejemplificantes en las intenciones de la elite marabina para emplearlos como ejemplo. Habrá que recordar como durante el gobierno de Oswaldo Álvarez Paz se planteó la utilización de Venancio Pulgar como un símbolo de la diferencialidad del Zulia con el resto de Venezuela. Sutherland y Pulgar llegaron a Proclamar la Independencia de Maracaibo y su derecho soberano a administrar sus riquezas, no obstante su desenvolvimiento y los hechos de 1868 y 1869 demostraron que finalmente lo que hicieron fue utilizar en su propio beneficio el sentimiento de identidad colectiva construido durante largos siglos en el Zulia.
Somos claros al señalar que sí bien este falso autonomismo, declara la dicotomía región/ estado central, basándose en ello para justificar las condiciones de pobreza y carencias de las subregiones que componen al Zulia (Guajira, Sur del Lago, Costa Oriental, Machiques, Capital) no es una responsabilidad del gobierno central, decidir la distribución del situado constitucional. En los años que van desde 1997 hasta la fecha el Zulia ha experimentado un incremento de la asignación del situado constitucional cercano al 45%. Cabe preguntarse ¿ qué impulsa al legislativo regional a concentrar esos recursos únicamente o mayoritariamente en la región capital?. Sí la base de esa falsa identidad es la queja contra el centralismo capitalino, ¿dónde queda el centralismo marabino que afecta a las demás subregiones? ¿Por qué los legisladores del Zulia no se quejan sobre esa distribución? Para muestra de la fatuidad del discurso del Gobernador señalaré lo siguiente: cerca del 65% del petróleo que aporta el Zulia a la producción del país sale de la Costa Oriental del Lago (COL), particularmente de los Municipios Cabimas, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez, sin embargo la retribución que hace el gobernador a esas regiones es mínimo¡ ¿ No es esto centralismo? ¿Acaso no es esa la queja del gobierno de Rosales con el gobierno central?.
Hasta ahora lo que nos enseña la historia es que el Zulia ha experimentado una manipulación de las identidades colectivas a favor de las elites de poder y sus propios intereses. No es casual que en el contexto de los procesos sucedidos en Bolivia se esté planteando un estatuto autonómico en los mismos términos de manejo independiente de los recursos económicos con que cuenta la región. Todo ello sobre la base de una identidad que se asume fuera de la venezolanidad y que se impulsa de esa manera por intereses espurios surgidos dentro del contexto del enfrentamiento político. Sí queremos generar una verdadera discusión planteamos entonces un debate acerca de este falso autonomismo, que en esencia ha demostrado ser tan injusto con el resto del Zulia. Soy tajante al señalar que no estoy dispuesto a dejar que se manipule históricamente lo sucedido para justificar una política secesionista que termina “manipulando” las necesidades del zuliano y que en la práctica no defiende la territoriedad del Zulia, que es la base constitutiva de la identidad colectiva. Este gobierno de Rosales ha descuidado al Zulia en lo que respecta a la atención de los espacios subregionales que la componen, por lo tanto esas propuestas son en realidad una manera de enmascarar sus propios intereses políticos. ¡ No permitan los zulianos esa manipulación¡
Dr. Juan E. Romero
Historiador- profesor universitario juane1208@gmail.com 10/05/2008
miércoles, 7 de mayo de 2008
BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO
BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO
Hay veces en que el oficio de historiador resulta muy pesado, sobre todo cuando en base a la aplicación de la prospectiva y la interpretación de los procesos sociales vemos aproximarse el conflicto social. En el caso de Bolivia, anunciábamos en una de nuestras columnas pasadas la eventual conflictividad en nuestro hermano país.
Era de esperarse: Bolivia se encuentra en un momento clave de la reacción de la izquierda emergente en Latinoamérica. En su espacio territorial se viene desarrollando una experiencia histórica para el Altiplano Andino, que corresponde a la máxima expresión de la irrupción de movimientos sociales indígenas, que reivindican su derecho a organizarse y ser responsables de la dirección de las gestiones públicas, echan atrás más de cinco (5) siglos de exclusión y sometimiento. Esta situación impacta las relaciones de poder y las redes de intereses que han prevalecido en su historia republicana.
Las expresiones segregacionistas, sociocéntricas manifestadas por el prefecto de Santa Cruz revelan los profundos odios raciales presentes en el país fundado por Bolívar y Sucre. Se trata de cómo una élite ligada a la explotación de los recursos naturales para su propio beneficio, se siente amenazada ante las nuevas líneas definitorias de las acciones estatales establecidas en el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una contundente confrontación sustentada en dos visiones antagónicas de la sociedad boliviana; por un lado nos encontramos la perspectiva de integración social de unos espacios que históricamente habían estado segregados y sometidos; que en esta coyuntura crítica se asumen como reivindicativos de sus raíces culturales aymaras y entienden que es necesario el control social sobre las escasas bondades económicas existentes. Por la otra parte, nos vemos frente a las iniciativas foráneas que emplean los vehículos de siempre: empresarios, medios de comunicación y movimientos sociales enmascarados en un discurso democrático, pero que en sus manifestaciones se revelan profundamente intolerantes y antidemocráticos.
Nos es casual, que cuando procedemos a realizar análisis comparativos nos encontramos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador una misma matriz: sectores económicos, históricamente poderosos que se resisten a los procesos de cambio y democratización de las bases económicas de la sociedad, que trabajando conjuntamente con movimientos sociales – conformados por jóvenes de diversos origen social- asumen la “defensa” de valores individuales, en una perspectiva esencialmente liberal acerca del bienestar individual sobre el colectivo. Todo ello matizado a través de los medios de comunicación que le brindan su apoyo irrestricto. Sin embargo, lo más grave ocurre detrás de las sombras: el apoyo trasnacional mediante el financiamiento a organizaciones y movimientos sociales bajo la excusa de programas de fortalecimiento democrático, auspiciados incluso desde el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cabe preguntarse: ¿ porque esta conflictividad en este momento?. La respuesta es múltiple y en parte ya la hemos asomado: la iniciativa de democratizar y ampliar los procesos de reconocimiento de la ciudadanía cultural, entendido como la incorporación de grupos sociales y étnicos socialmente desplazados de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de ser mayorías numéricas. Eso se traduce en una verdadera apertura democrática nunca antes existente, pero sobre todo es un cambio cultural difícil de entender en sociedades con estructuras de castas como Bolivia: que los sujetos sin voz se alcen y transformen en actores sociales contundentes y dinámicos, sin importar sus orígenes étnicos o su herencia familiar.
Hay otro factor de especial relevancia y está asociado al momento de cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. Los países desarrollados, organizados en el llamado G-8, disponen cada vez de menos fuentes de energía. La mayoría del consumo energético global – casi el 80%- se va, sectorialmente hablando, en transporte e industrias, ligados al desarrollo capitalista. Menos del 30% se dedica al consumo en hogares, escuelas, hospitales y otras áreas importantes. Las grandes áreas de explotación petrolera, las zonas ubicadas en Asia central y Oriental, medio oriente, entre otras zonas conocidas como “el creciente mayor” se encuentra sometidas a una conflictividad enorme, aspecto este que dificulta contar con una producción constante de energía amén de aumentar los costos de producción. En este punto se inserta la realidad latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Venezuela , Colombia y Brasil constituyen el denominado “creciente menor”, que cuenta con importantes reservas estratégicas en gas y petróleo que lo convierte en centro de atención por los países industrializados.
La provincia de Santa Cruz, no sólo es la más importante en recursos gasíferos e hidrocarburos, por otro lado reúne buena parte de las tierras productivas del país y con ella la otra gran potencialidad de Bolivia: la producción de soja. Adicionalmente es la puerta de entrada de nuestro hermano país al área amazónica que cuenta con importantes reservas hídricas. En definitiva la zona agrupa los dos factores esenciales de las confrontaciones geopolíticas en este siglo XXI: agua y petróleo.
La estrategia adelantada con el referendo – írrito e ilegal al hacerse fuera de la constitución boliviana- repite parte de las acciones emprendidas en torno al antiguo Departamento del Darién en Colombia y que a principio del siglo XX permitiría el surgimiento de nuestro hermano Panamá. Se trata de organizar grupos cívicos que en nombre de la “autonomía” y contra el “abandono centralista” proponen y exaltan una identidad regional que se asume contraria al espíritu nacional. Se reivindican las diferencialidades locales y con ella se construye un clivaje – o enfrentamiento- nación vs región. En ese enfrentamiento se organiza – con base a apoyos financieros diversos-grupos sociales que impulsan y elevan esas diferencialidades, enmascarando con ello una idea base de la propuesta neoliberal: la reducción del papel del Estado y la privatización de las explotaciones mineras. Llama poderosamente la atención que el discurso del Comité Cívico de Santa Cruz, coincide con el discurso autonomista de Manuel Rosales y otros grupos que impulsan estatutos autonomistas, que bajo la mascarada liberal contribuyen a separatismos y fanatismos regionales.
Se trata de comprender como en este contexto geopolítico de principios del siglo XXI nos encontramos en una coyuntura crítica, donde las acciones del capital trasnacional, interesado en controlar los recursos mineros estratégicos, pasan por organizar movimientos sociales, que con estrategias disruptivas y de reto al poder establecido buscan dividir e impulsar dinámicas contrarias a la ampliación e inclusión democrática de las minorías étnicas y sociales. En Bolivia, donde entre el No y la abstención cerca del 50% se resistió a la falsa autonomía, se encuentra Latinoamérica con el trance de la disgregación y la dispersión social impulsada desde el exterior, habrá que asumir una dura defensa de la integración en este momento histórico.
Dr. Juan E. Romero
Historiador7profesor universitario
Juane1208@gmail.com
04/0572008
Era de esperarse: Bolivia se encuentra en un momento clave de la reacción de la izquierda emergente en Latinoamérica. En su espacio territorial se viene desarrollando una experiencia histórica para el Altiplano Andino, que corresponde a la máxima expresión de la irrupción de movimientos sociales indígenas, que reivindican su derecho a organizarse y ser responsables de la dirección de las gestiones públicas, echan atrás más de cinco (5) siglos de exclusión y sometimiento. Esta situación impacta las relaciones de poder y las redes de intereses que han prevalecido en su historia republicana.
Las expresiones segregacionistas, sociocéntricas manifestadas por el prefecto de Santa Cruz revelan los profundos odios raciales presentes en el país fundado por Bolívar y Sucre. Se trata de cómo una élite ligada a la explotación de los recursos naturales para su propio beneficio, se siente amenazada ante las nuevas líneas definitorias de las acciones estatales establecidas en el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una contundente confrontación sustentada en dos visiones antagónicas de la sociedad boliviana; por un lado nos encontramos la perspectiva de integración social de unos espacios que históricamente habían estado segregados y sometidos; que en esta coyuntura crítica se asumen como reivindicativos de sus raíces culturales aymaras y entienden que es necesario el control social sobre las escasas bondades económicas existentes. Por la otra parte, nos vemos frente a las iniciativas foráneas que emplean los vehículos de siempre: empresarios, medios de comunicación y movimientos sociales enmascarados en un discurso democrático, pero que en sus manifestaciones se revelan profundamente intolerantes y antidemocráticos.
Nos es casual, que cuando procedemos a realizar análisis comparativos nos encontramos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador una misma matriz: sectores económicos, históricamente poderosos que se resisten a los procesos de cambio y democratización de las bases económicas de la sociedad, que trabajando conjuntamente con movimientos sociales – conformados por jóvenes de diversos origen social- asumen la “defensa” de valores individuales, en una perspectiva esencialmente liberal acerca del bienestar individual sobre el colectivo. Todo ello matizado a través de los medios de comunicación que le brindan su apoyo irrestricto. Sin embargo, lo más grave ocurre detrás de las sombras: el apoyo trasnacional mediante el financiamiento a organizaciones y movimientos sociales bajo la excusa de programas de fortalecimiento democrático, auspiciados incluso desde el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cabe preguntarse: ¿ porque esta conflictividad en este momento?. La respuesta es múltiple y en parte ya la hemos asomado: la iniciativa de democratizar y ampliar los procesos de reconocimiento de la ciudadanía cultural, entendido como la incorporación de grupos sociales y étnicos socialmente desplazados de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de ser mayorías numéricas. Eso se traduce en una verdadera apertura democrática nunca antes existente, pero sobre todo es un cambio cultural difícil de entender en sociedades con estructuras de castas como Bolivia: que los sujetos sin voz se alcen y transformen en actores sociales contundentes y dinámicos, sin importar sus orígenes étnicos o su herencia familiar.
Hay otro factor de especial relevancia y está asociado al momento de cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. Los países desarrollados, organizados en el llamado G-8, disponen cada vez de menos fuentes de energía. La mayoría del consumo energético global – casi el 80%- se va, sectorialmente hablando, en transporte e industrias, ligados al desarrollo capitalista. Menos del 30% se dedica al consumo en hogares, escuelas, hospitales y otras áreas importantes. Las grandes áreas de explotación petrolera, las zonas ubicadas en Asia central y Oriental, medio oriente, entre otras zonas conocidas como “el creciente mayor” se encuentra sometidas a una conflictividad enorme, aspecto este que dificulta contar con una producción constante de energía amén de aumentar los costos de producción. En este punto se inserta la realidad latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Venezuela , Colombia y Brasil constituyen el denominado “creciente menor”, que cuenta con importantes reservas estratégicas en gas y petróleo que lo convierte en centro de atención por los países industrializados.
La provincia de Santa Cruz, no sólo es la más importante en recursos gasíferos e hidrocarburos, por otro lado reúne buena parte de las tierras productivas del país y con ella la otra gran potencialidad de Bolivia: la producción de soja. Adicionalmente es la puerta de entrada de nuestro hermano país al área amazónica que cuenta con importantes reservas hídricas. En definitiva la zona agrupa los dos factores esenciales de las confrontaciones geopolíticas en este siglo XXI: agua y petróleo.
La estrategia adelantada con el referendo – írrito e ilegal al hacerse fuera de la constitución boliviana- repite parte de las acciones emprendidas en torno al antiguo Departamento del Darién en Colombia y que a principio del siglo XX permitiría el surgimiento de nuestro hermano Panamá. Se trata de organizar grupos cívicos que en nombre de la “autonomía” y contra el “abandono centralista” proponen y exaltan una identidad regional que se asume contraria al espíritu nacional. Se reivindican las diferencialidades locales y con ella se construye un clivaje – o enfrentamiento- nación vs región. En ese enfrentamiento se organiza – con base a apoyos financieros diversos-grupos sociales que impulsan y elevan esas diferencialidades, enmascarando con ello una idea base de la propuesta neoliberal: la reducción del papel del Estado y la privatización de las explotaciones mineras. Llama poderosamente la atención que el discurso del Comité Cívico de Santa Cruz, coincide con el discurso autonomista de Manuel Rosales y otros grupos que impulsan estatutos autonomistas, que bajo la mascarada liberal contribuyen a separatismos y fanatismos regionales.
Se trata de comprender como en este contexto geopolítico de principios del siglo XXI nos encontramos en una coyuntura crítica, donde las acciones del capital trasnacional, interesado en controlar los recursos mineros estratégicos, pasan por organizar movimientos sociales, que con estrategias disruptivas y de reto al poder establecido buscan dividir e impulsar dinámicas contrarias a la ampliación e inclusión democrática de las minorías étnicas y sociales. En Bolivia, donde entre el No y la abstención cerca del 50% se resistió a la falsa autonomía, se encuentra Latinoamérica con el trance de la disgregación y la dispersión social impulsada desde el exterior, habrá que asumir una dura defensa de la integración en este momento histórico.
Dr. Juan E. Romero
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- Historiador
- Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
- Doctor en Historia Social y Política Contemporánea. Profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela. Especialista en Historia Contemporánea de América Latina. DEA en Gerencia Política y Gobernabilidad. Autor de más de 35 artículos sobre procesos políticos. Co-autor de seis Textos sobre Proceso Socio-político en Venezuela. Teléfono Telfax (58) 261 7596253, móvil (58)4126543075. E-mail: juane1208@gmail.com
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