Chávez y las Leyes habilitantes

Chávez y las Leyes habilitantes

Acaban de ser aprobadas en Venezuela un conjunto de leyes, denominadas Habilitantes, por la potestad otorgada al Ejecutivo Nacional para legislar sin la intermediación de la Asamblea Nacional.

Esa decisión ha desatado un conjunto de reacciones que en nuestro parecer, pueden desembocar en una situación de conflicto social, tal como ocurrió en el año 2001-2002. Debemos recordar, que en ese momento el poder legislativo, otorgó, basado en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana la potestad al ejecutivo para decretar un conjunto de leyes, que eran consideradas de emergencia. la habilitante, es un mecanismo que en otras ocasiones ha sido implementado en el sistema político venezolano, para permitir saltarse los procedimientos de discusión en el Congreso nacional - hoy Asamblea Nacional- y adelantar la promulgación de esos instrumentos jurídicos.

Lo que se tratamos de señalar, es que no se trata de un mecanismo jurídico ilegal, otros gobiernos en nuestro país lo han implementado. Los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-1963), Caldera (1968-1973), Lusinchi (1983-1988), entre otros hicieron uso de ese mecanismo. la diferencia indiscutible con la actual situación política, consiste en la existencia en el período 1958-1988 de una serie de pactos o acuerdos constitutivos de gobernabilidad que hoy están ausentes.

No se trata de afirmar, que antes no existió conflictividad, se trata de entender que la conflictividad fue minimizada como una forma esencial de la democracia. Para ello se conformó un sistema político que insistió en tres elementos: 1) el consenso como condición de entendimiento entre actores políticos y sociales, 2) evitar el conflicto, mediante acuerdos de pura cooperación entre los actores y 3) el desarrollo de un programa democrático mínimo.

Esas tres (3) condiciones explican la minimización de las diferencias, y la exclusión de los mismos en los medios de comunicación. Actualmente, la situación es completamente diferente. En las actuales circunstancias, los actores interactúan entre sí sin reglas de convivencia, estableciendo una relación puro conflicto, matizada por el ajuste institucional adelantado desde el gobierno. Por ello, el impacto que genera las Leyes habilitantes, al incentivar una reacción de las fuerzas opositoras al gobierno de Chávez. Lo paradójico del caso, es que la mayoría de las personas opuestas al gobierno creen que se intenta adelantar una "reforma constitucional" subrepticia, aunque la mayoría de ellos no se haya leído las cerca de 1000 páginas de esos instrumentos legales.

Las opiniones son las mismas: se trata de una reforma ilegal, es inconstitucional, se busca la cubanización. Todos forman parte de una doctrina, entendida como un conjunto de valores, opiniones o posiciones que incentivan la acción colectivas o la participación social.

Hay en este momento una profunda ignorancia acerca de los términos de las leyes. No se trata tampoco de decir que no son perfectas, pero sí de señalar que no todo es malo. Un ejemplo de ello es la ley de vivienda, que establece un financiamiento del 100% del costo del inmueble y regula el establecimiento de los cánones de arrendamiento, cuestión sometida al mercado especulativo antes de la ley. Se trata de entender asimismo, que sí bien la habilitante no es ilegal, sí hay una irregularidad cuando la Asamblea Nacional otorgó por tanto tiempo la potestad de legislar - 18 meses- lo que contradice el propio carácter de urgencia del mecanismo habilitante. No hay duda, que este accionar puede ser asumido como un acto de provocación, entendido como un accionar que puede o debe causar una reacción del "otro", destinado a desarticularlo en su accionar y elevar la confrontación. Lo malo de ello, es que la última vez que se dio un acto de provocación, termino e los acontecimientos de abril de 002 y en a elevación del enfrentamiento hasta la realización del referendo revocatorio en agosto de 2004.

Para el gobierno se trata de adelantar el ajuste institucional que comenzó con la convocatoria a la Asamblea Constituyente en 1999. Para la oposición se trata de resistirse "per se" a la hegemonía del chavismo. Todo ello enmarcado en un momento electoral, donde el gobierno se juega el mantenimiento del control político en 19 gobernaciones y 280 alcaldías. Por su parte, la oposición sabe de su necesidad de "recuperar" espacios políticos de acción. Sin duda, asistimos a una nueva etapa d la territorialización de la política, en donde se expresa la relación entre espacio público y poder. Los ciudadanos, sean cercanos al gobierno o no, se disputan su presencia en el espacio público, convirtiéndolo en un espacio no de interacción, si no de competencia. En resumidas cuentas, las leyes no pueden ser medidas en términos de totalmente malas o perfectamente buenas, deben ser analizadas justamente. hasta ahora no ha sucedido. Esperemos que la cordura y la sindéresis vuelva al campo de lo público. Veremos que sucede