DEL GRAN VIRAJE AL AJUSTE ANTI-CRISIS DE CHÁVEZ
Los anuncios hechos por el presidente Hugo Chávez el pasado domingo 22 de marzo, son propicios para el análisis comparativo del ajuste estructural propuesto por Carlos Andrés Pérez en 1989. Tanto Chávez como CAP son sin lugar a dudas líderes carismáticos, con enorme arrastre popular y que se vieron enfrentados a una situación socio-política en un contexto de crisis.
Para CAP, el año 1989 se dibujó bajo la sombra del abrumador triunfo electoral que había logrado en diciembre de 1988, bajo la promesa de retrotraer a los venezolanos a la época de la Venezuela Saudita. La hegemonía política alcanzada le proveía una oportunidad política para el ajuste –posteriormente conocido como Consenso de Washington- económico e institucional. El gobierno de Chávez, por su parte debe afrontar el enorme impacto que tiene la mayor crisis económica experimentada por el sistema-mundo, que amenaza con destruirnos a través de sus consecuencias. Por otra parte, viene de obtener una importante victoria electoral, tanto en la consulta de noviembre 2008 como en el referendo por la Enmienda de febrero 2009. Ambos líderes, tal como se ve contaban al momento de anunciar sus medidas de ajuste de una alta popularidad, gran apoyo electoral y un sólido aparato político-institucional que los avalaba.
Sin embargo, la dinámica de implementación marca la diferencia entre uno y otro. CAP se inclino por la opción del ajuste violento, marcado por una política agresiva de modificación de las relaciones clientelares y burocráticas que caracterizaron el sistema político venezolano desde su establecimiento como democracia representativa en 1958. La decisión de seguir al pie de la letra las recomendaciones que serían formuladas para “reducir el tamaño del Estado”, tales como eliminación de los subsidios, liberación del control fiscal y monetario, apertura a los capitales trasnacionales, privatización de empresas estratégicas, aumento de la gasolina, liberalización de las tasas fijas y activas; sería la nota característica del gobierno del líder adeco. Su decisión tenía cierto sentido: contaba con una aparentemente sólida base de apoyo popular derivada de su triunfo en las elecciones presidenciales. Su exceso de confianza en las capacidades de contención de su liderazgo, fueron su error. Nunca tomo en consideración que la construcción de un proceso enmarcador - entendido como una dinámica de trasmisión de valores, actitudes y visiones de la vida que motivan a los colectivos sociales a movilizarse- de retorno a un pasado idealizado y el no cumplimiento de esa promesa pudiera conducirlo a un ciclo de protesta y desobediencia civil de las magnitudes del 27,28 y 29 de febrero de 1989. La prepotencia de las elites políticas de AD y COPEI que asumieron como verdad inmutable que los colectivos sociales eran sujetos sumisos les costó su hegemonía política. La decisión de aplicar de una sola vez un conjunto de acciones de ajuste estructural fue un error que Chávez se encarga de recordárselos día a día.
Por su parte, ante un escenario más difícil que el asumido por CAP en 1989, el presidente Chávez ha dado una muestra de olfato político enorme, eso sin dejar de señalar que puede ser peligroso no adelantar en lo inmediato algunas acciones efectivas en lo que respecta a la disminución del gasto público suntuario. Las medidas de Chávez, señalan varias cosas: 1) su capacidad para sorprender al adversario político, 2) el poder de comunicación política y 3) la decisión de adelantar un ajuste progresivo.
Con respecto al primer aspecto, la mayoría de los actores políticos de oposición habían dejado circular la noticia que venía un ajuste de gran impacto, tal como lo había hecho CAP. Realmente el tamaño de la crisis recesiva derivada del carácter especulativo del sistema-mundo hizo prever un conjunto de decisiones de gran magnitud tales como aumento de gasolina, establecimiento de restricciones financieras y cambiarias, devaluación en fin, bajo la óptica de esos actores un escenario extremo de ajuste que abriría el camino para un nuevo ciclo de protestas. Sin embargo, nadie esperaba que el conjunto de decisiones fueran tan limitadas. De nuevo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones - incluyendo a principios de año cuando decidió incluir todos los cargos de elección popular en la propuesta de enmienda- Chávez dejo sin discurso a sus adversarios.
Esa capacidad de asombro, se encuentra conectada con la 2da cuestión: la comunicación política. Chávez anunció que sería el sábado cuando divulgaría las medidas, con ello generó unas expectativas comunicacionales y un conjunto de rumores que fueron firmemente debatidos con el conjunto progresivo de las medidas: no hubo ajuste fiscal caracterizado por una devaluación, no hubo aumento de gasolina (aunque no se descarta), redujo la estimación del precio de venta del petróleo de 60 US$ a 40 US$ (aunque ya había reajustado a 50 US$). La estrategia de comunicación política funcionó y prácticamente anulo las resistencias y los temores que pretendieron ser sugeridos. Creemos que las medidas van a venir acompañadas por otros ajustes progresivos, destinados a controlar la burocracia y el exceso de gasto público, pero que “por ahora” no serán divulgadas. Finalmente, el 3er aspecto, viene asociado a la oportunidad política. Chávez sabe que no puede adelantar ajustes violentos, que debe crear las condiciones para que sean aceptadas las medidas y para ello optó por mantener el gasto social aun a costa de un riesgo económico-financiero enorme, por otro lado establece públicamente la reducción de la producción petrolera a un poco más de 3.100.000 barriles diarios, intentando con ello incidir en una recuperación de los precios del crudo. En fin, al contrario de CAP, Chávez entendió que los ajustes violentos y sin apoyo político generan ciclos de violencia que atentan contra la gobernabilidad y la hegemonía política. En base a estos aspectos, realizó un cálculo político que aunque riesgoso e insuficiente le da oxígeno suficiente para intentar sobrevivir el temporal. Todavía nos queda mucho por ver y estaremos atento a sus decisiones.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/03/2009
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martes, 14 de abril de 2009
ANTI-IMPERIALISMO DE AYER Y DE HOY
ANTI-IMPERIALISMO DE AYER Y DE HOY
El tema de anti-imperialismo se define conceptualmente, por su negación al imperialismo. Eso es: el desarrollo de una noción de extra-territoriedad, acompañada de una ampliación del aparato militar, con un sistema de subordinación económica-productiva que acompaña unas relaciones de poder. El Imperialismo, es la expresión de la consolidación de un modelo de capitalismo basado en la ampliación productiva.
En ese contexto, la transición de cambio entre los siglos XIX-XX, generó todo un debate acerca del impacto de ese modelo de desarrollo capitalista y su expresión política concreta: el imperialismo. El más conspicuo representante del pensamiento contra el imperialismo es sin duda Vladimir Ilich Lenín. De sus aportes y directrices se sucedieron una serie de consecuencias socio-políticas de gran impacto en Latinoamérica, que tenía unas condiciones históricas que la hicieron proclive para la construcción de una tendencia anti-imperialista. Como bien se sabe, las luchas por nuestra independencia fueron sin lugar a dudas luchas anticoloniales, anti-imperiales, al darse una resistencia armada al dominio y la hegemonía del Imperio Hispano. La preocupación de la intelectualidad, no sólo venezolana sino Latinoamericana estaba relacionada con el tema del ¿ qué hacer con la nación?, y así fue tanto en el siglo XIX como en el XX.
El debate político, oscilo entre dos tendencias: 1) la de aquellos que señalaban que debíamos andar los caminos indicados por el mundo industrial y capitalista y 2) los que pensaban que había de liberarse de esas tendencias y construir otro camino. En Venezuela, se dio un anti-imperialismo inicial, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que debe ser representado en el pensamiento de César Zumeta y Rufino Blanco Fombona. Ambos pensadores señalaban una vía para sobrevivir nuestro país al impacto del nuevo capitalismo. Zumeta, decía en su obra El Continente Enfermo (1899) que los estados nacionales surgidos de la disolución del vínculo colonial debían: 1) explotar la riqueza natural para los fines de desarrollo nacional; 2) buscar una solución pacífica o violenta, cuando los medios pacíficos fallaran, de los problemas internos; 3) reinterpretar la Doctrina Monroe a fin de adaptarla a nuestro contexto. Eso llevo, a la circunstancia que Zumeta fuese uno de los actores claves para incorporar al gobierno de J.V. Gómez al desarrollo capitalista y a partir de ahí impulsar la modernización, como estrategia para sobrevivir al imperialismo. Blanco Fombona por su parte, sostiene la necesidad de la Unión panlatinoamericana, para detener el avance anglosajón. El anti-imperialismo de ambos, es sutil, nada comparado con la vertiente marxista cuyos mayores interpretes serán Salvador de La Plaza, Gustavo y Eduardo Machado.
Surgidos todos los anteriormente nombrados del movimiento estudiantil estructurado en torno a la Asociación General del Estudiantes (AGE) en 1914, terminarán influenciados largamente por José Enrique Rodó (Ariel), Manuel Ugarte, José Martí entre otros, sosteniendo la necesidad de acabar con los lazos de dependencia con el capital inglés y norteamericano. En 1925, Salvador de La Plaza y Machado señalaban la imperiosa necesidad de la Unidad Latinoamericana. En eso coinciden tanto con Zumeta como con Fombona. Sin embargo, establecen una diferencia esencial: la unidad estaba basada en el derrocamiento de los gobiernos tiránicos y el régimen que lo sustenta, el anticaudillismo y la presencia yanqui y la asociación que estableció con los agentes económicos en nuestros países. Mientras Zumeta y Fombona, señalaban la necesidad de adecuar la relación con los EEUU e Inglaterra, para protegerse de ellos; De La Plaza y Machado hablaban de una disolución de las relaciones. La estrategia discursiva de este anti-imperialismo se movió en dos campos: 1) el enfrentamiento con el imperialismo y sus representantes en los Estados Nacionales y 2) la táctica de conformación de “frentes” con ciertos sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía. Eso explica, como el Partido Revolucionario Venezolano (PRV- 1926) cobijó en su seno a Rómulo Betancourt y luego se distanció uno del otro.
El Nuevo Anti-imperialismo de finales del siglo XX, ratifica su carácter continental. Viene expresado por la utilización del desarrollo capitalista, en cuanto generador de riqueza y poder económico, pero se diferencia de esté en cuanto el capital no es empleado para explotar más, por el contrario, el capital es un vehículo para fortalecer lazos de complementaridad. La UNASUR, es una muestra de esta estrategia anti-imperialista, los mecanismos de integración implementados por el eje político Chávez-Correa- Morales, señala un camino de combate a la expansión y control de mercados que pretende el imperialismo. Ante ellos, utiliza la estrategia de consolidar un mercado, pero no para colocar y reproducir el capital, sino para utilizar el capital como apoyo para la disminución de las contradicciones de clase imperantes. Este nuevo anti-imperialismo, emplea las estrategias económicas para luchar contra su definidor dialéctico, en ese sentido es mucho más efectivo del surgido en los inicios del siglo XX. El nuevo anti-imperialismo se maneja empleando el uso de los mercados y las estrategias económicas especulativas, pero no para aumentar la plusvalía sino más bien para utilizar las ganancias en el desarrollo de políticas sociales y movilización financiera para la consolidación económica de los Estados Nacionales.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
10/03/2009
Juane1208@gmail.com
El tema de anti-imperialismo se define conceptualmente, por su negación al imperialismo. Eso es: el desarrollo de una noción de extra-territoriedad, acompañada de una ampliación del aparato militar, con un sistema de subordinación económica-productiva que acompaña unas relaciones de poder. El Imperialismo, es la expresión de la consolidación de un modelo de capitalismo basado en la ampliación productiva.
En ese contexto, la transición de cambio entre los siglos XIX-XX, generó todo un debate acerca del impacto de ese modelo de desarrollo capitalista y su expresión política concreta: el imperialismo. El más conspicuo representante del pensamiento contra el imperialismo es sin duda Vladimir Ilich Lenín. De sus aportes y directrices se sucedieron una serie de consecuencias socio-políticas de gran impacto en Latinoamérica, que tenía unas condiciones históricas que la hicieron proclive para la construcción de una tendencia anti-imperialista. Como bien se sabe, las luchas por nuestra independencia fueron sin lugar a dudas luchas anticoloniales, anti-imperiales, al darse una resistencia armada al dominio y la hegemonía del Imperio Hispano. La preocupación de la intelectualidad, no sólo venezolana sino Latinoamericana estaba relacionada con el tema del ¿ qué hacer con la nación?, y así fue tanto en el siglo XIX como en el XX.
El debate político, oscilo entre dos tendencias: 1) la de aquellos que señalaban que debíamos andar los caminos indicados por el mundo industrial y capitalista y 2) los que pensaban que había de liberarse de esas tendencias y construir otro camino. En Venezuela, se dio un anti-imperialismo inicial, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que debe ser representado en el pensamiento de César Zumeta y Rufino Blanco Fombona. Ambos pensadores señalaban una vía para sobrevivir nuestro país al impacto del nuevo capitalismo. Zumeta, decía en su obra El Continente Enfermo (1899) que los estados nacionales surgidos de la disolución del vínculo colonial debían: 1) explotar la riqueza natural para los fines de desarrollo nacional; 2) buscar una solución pacífica o violenta, cuando los medios pacíficos fallaran, de los problemas internos; 3) reinterpretar la Doctrina Monroe a fin de adaptarla a nuestro contexto. Eso llevo, a la circunstancia que Zumeta fuese uno de los actores claves para incorporar al gobierno de J.V. Gómez al desarrollo capitalista y a partir de ahí impulsar la modernización, como estrategia para sobrevivir al imperialismo. Blanco Fombona por su parte, sostiene la necesidad de la Unión panlatinoamericana, para detener el avance anglosajón. El anti-imperialismo de ambos, es sutil, nada comparado con la vertiente marxista cuyos mayores interpretes serán Salvador de La Plaza, Gustavo y Eduardo Machado.
Surgidos todos los anteriormente nombrados del movimiento estudiantil estructurado en torno a la Asociación General del Estudiantes (AGE) en 1914, terminarán influenciados largamente por José Enrique Rodó (Ariel), Manuel Ugarte, José Martí entre otros, sosteniendo la necesidad de acabar con los lazos de dependencia con el capital inglés y norteamericano. En 1925, Salvador de La Plaza y Machado señalaban la imperiosa necesidad de la Unidad Latinoamericana. En eso coinciden tanto con Zumeta como con Fombona. Sin embargo, establecen una diferencia esencial: la unidad estaba basada en el derrocamiento de los gobiernos tiránicos y el régimen que lo sustenta, el anticaudillismo y la presencia yanqui y la asociación que estableció con los agentes económicos en nuestros países. Mientras Zumeta y Fombona, señalaban la necesidad de adecuar la relación con los EEUU e Inglaterra, para protegerse de ellos; De La Plaza y Machado hablaban de una disolución de las relaciones. La estrategia discursiva de este anti-imperialismo se movió en dos campos: 1) el enfrentamiento con el imperialismo y sus representantes en los Estados Nacionales y 2) la táctica de conformación de “frentes” con ciertos sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía. Eso explica, como el Partido Revolucionario Venezolano (PRV- 1926) cobijó en su seno a Rómulo Betancourt y luego se distanció uno del otro.
El Nuevo Anti-imperialismo de finales del siglo XX, ratifica su carácter continental. Viene expresado por la utilización del desarrollo capitalista, en cuanto generador de riqueza y poder económico, pero se diferencia de esté en cuanto el capital no es empleado para explotar más, por el contrario, el capital es un vehículo para fortalecer lazos de complementaridad. La UNASUR, es una muestra de esta estrategia anti-imperialista, los mecanismos de integración implementados por el eje político Chávez-Correa- Morales, señala un camino de combate a la expansión y control de mercados que pretende el imperialismo. Ante ellos, utiliza la estrategia de consolidar un mercado, pero no para colocar y reproducir el capital, sino para utilizar el capital como apoyo para la disminución de las contradicciones de clase imperantes. Este nuevo anti-imperialismo, emplea las estrategias económicas para luchar contra su definidor dialéctico, en ese sentido es mucho más efectivo del surgido en los inicios del siglo XX. El nuevo anti-imperialismo se maneja empleando el uso de los mercados y las estrategias económicas especulativas, pero no para aumentar la plusvalía sino más bien para utilizar las ganancias en el desarrollo de políticas sociales y movilización financiera para la consolidación económica de los Estados Nacionales.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
10/03/2009
Juane1208@gmail.com
La descentralización en Venezuela
ACERCA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN VENEZUELA
La reciente modificación de la Ley de Descentralización y Transferencia de Competencias – vigente desde 1989- por parte de la Asamblea Nacional permite realizar una serie de consideraciones. Debemos comenzar por realizar un acercamiento socio-histórico al proceso en Venezuela. Comenzamos por desmentir la vertiente informativa que se está revirtiendo un proceso de 20 años (1989-2009). La descentralización en la larga duración ha sido una característica en su expresión de disgregación. Demostremos lo que digo: La Capitanía General de Venezuela, conformada en 1777, es el resultado del carácter disgregado de la estructura espacial panvenezolana. Cuando Los Borbones plantean la concentración política-administrativa no hacen sino pretender revertir las dispersiones administrativas existentes en el orden colonial.
Posteriormente, el proceso iniciado en 1821, con la Constitución de Cúcuta introduce en Venezuela una estructura descentralizada, expresada en cuatro (4) espacios territoriales: los Departamentos de Maracaibo, Venezuela, Oriente y Guayana. La Constitución de 1830 estableció que cada Gobierno Provincial contaba con una Asamblea de la cual se elegía la autoridad. En 1857, los Monagas introducen el Poder Municipal, en un intento de centralizar las decisiones políticas en un espacio territorial disperso. La Asamblea Constituyente de 1858, establece un sistema de pactos entre el sistema central y los Estados, es la base de un acuerdo federal no ortodoxo, en donde los espacios regionales obtienen ciertos derechos dentro del marco jurídico y la unidad del Proyecto Nacional. Este aspecto es puntual en la discusión que se tiene hoy. Se trata de plantearse y pensar en que forma la descentralización ha generado beneficio o por el contrario, ha devenido en confrontaciones con el poder central.
Esta preocupación que planteamos es base del debate que se genera en nuestro país entre 1858 hasta los inicios del proceso de centralización política iniciado por Cipriano Castro (1899-1908) y continuado por Juan V. Gómez (1908-1935). Las Constituciones desde 1858 hasta 1901 facultaban a los Estados para elegir a sus autoridades políticas, es esté un aspecto central de la descentralización. Su eliminación – junto a otras limitaciones- impuestas por la Constituyente de 1902 se explica por los intentos de terminar con el atomismo político característico de la Venezuela decimonónica. Durante los gobiernos de Castro y Gómez, las autoridades regionales fueron perdiendo potestades que le había asignado el proceso federal de 1864, tales como el disponer y administrar de una fuerza armada, administrar fuentes generadoras de ingresos entre otras. Ello es una consecuencia de la existencia de proyectos individuales de ejercicio del poder, que atentaban contra la unidad territorial y política de la Nación. Todo el proceso entre 1899 hasta 1989 estuvo marcada por la centralización política, bien sea en su vertiente autoritaria (Castro y Gómez, y mucho menos López Contreras y Medina) o bien sea por el centralismo democrático (1958-1988). La Descentralización de 1989, fue producto de esfuerzos de la elite político por sobrevivir al colapso del sistema político de conciliación, que se manifestó en las situaciones de violencia de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. La adopción de la elección directa de Gobernadores y Alcaldes, así como la transferencia de la administración de servicios de salud, educación, puertos, aeropuertos y carreteras es una consecuencia de la globalización liberal, que exigió la reducción del “tamaño del Estado”, como condición para incorporarse a las condiciones del sistema-mundo. Sin embargo, sí bien el proceso de descentralización introdujo estas novedades, que acercan al gobierno estatal y municipal a las preferencias de los ciudadanos, también generó perversiones: la erección de liderazgos personalistas territoriales, que actuando bajo las potestades descentralizadoras se desenvolvieron como verdaderos caudillos decimonónicos, haciendo y deshaciendo a través del uso de los recursos regionales y municipales.
Las relaciones de clientelismo y burocratismo creadas bajo la descentralización, son equiparables a las condiciones del centralismo y permitidas bajo el marco jurídico de la Constitución de 1961. La Constitución de 1999, introduce cambios en todo orden: en el sistema político, en la estructura del Estado y por lo tanto en la administración pública. El ajuste a La Ley de Descentralización obedece a las contradicciones existentes entre los artículos 156 y 164. El 156 establece en sus numerales 2(defensa de la integralidad del territorio), 7 (seguridad y defensa de la nación), 15 (régimen de aduanas y comercio exterior), 20 (obras públicas de interés nacional), 26 (régimen de transporte terrestre, aéreo y fluvial) y 27 (régimen de vialidad) potestades del Poder Público Nacional, mientras que el art. 164 en su numeral 10 le otorga potestades concurrentes con el poder público nacional (puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras). Con ello se abre un debate acerca del impacto que significa la dispersión de políticas públicas por parte de la relación entre los poderes públicos nacional, regional y municipal. Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
2/04/2009
La reciente modificación de la Ley de Descentralización y Transferencia de Competencias – vigente desde 1989- por parte de la Asamblea Nacional permite realizar una serie de consideraciones. Debemos comenzar por realizar un acercamiento socio-histórico al proceso en Venezuela. Comenzamos por desmentir la vertiente informativa que se está revirtiendo un proceso de 20 años (1989-2009). La descentralización en la larga duración ha sido una característica en su expresión de disgregación. Demostremos lo que digo: La Capitanía General de Venezuela, conformada en 1777, es el resultado del carácter disgregado de la estructura espacial panvenezolana. Cuando Los Borbones plantean la concentración política-administrativa no hacen sino pretender revertir las dispersiones administrativas existentes en el orden colonial.
Posteriormente, el proceso iniciado en 1821, con la Constitución de Cúcuta introduce en Venezuela una estructura descentralizada, expresada en cuatro (4) espacios territoriales: los Departamentos de Maracaibo, Venezuela, Oriente y Guayana. La Constitución de 1830 estableció que cada Gobierno Provincial contaba con una Asamblea de la cual se elegía la autoridad. En 1857, los Monagas introducen el Poder Municipal, en un intento de centralizar las decisiones políticas en un espacio territorial disperso. La Asamblea Constituyente de 1858, establece un sistema de pactos entre el sistema central y los Estados, es la base de un acuerdo federal no ortodoxo, en donde los espacios regionales obtienen ciertos derechos dentro del marco jurídico y la unidad del Proyecto Nacional. Este aspecto es puntual en la discusión que se tiene hoy. Se trata de plantearse y pensar en que forma la descentralización ha generado beneficio o por el contrario, ha devenido en confrontaciones con el poder central.
Esta preocupación que planteamos es base del debate que se genera en nuestro país entre 1858 hasta los inicios del proceso de centralización política iniciado por Cipriano Castro (1899-1908) y continuado por Juan V. Gómez (1908-1935). Las Constituciones desde 1858 hasta 1901 facultaban a los Estados para elegir a sus autoridades políticas, es esté un aspecto central de la descentralización. Su eliminación – junto a otras limitaciones- impuestas por la Constituyente de 1902 se explica por los intentos de terminar con el atomismo político característico de la Venezuela decimonónica. Durante los gobiernos de Castro y Gómez, las autoridades regionales fueron perdiendo potestades que le había asignado el proceso federal de 1864, tales como el disponer y administrar de una fuerza armada, administrar fuentes generadoras de ingresos entre otras. Ello es una consecuencia de la existencia de proyectos individuales de ejercicio del poder, que atentaban contra la unidad territorial y política de la Nación. Todo el proceso entre 1899 hasta 1989 estuvo marcada por la centralización política, bien sea en su vertiente autoritaria (Castro y Gómez, y mucho menos López Contreras y Medina) o bien sea por el centralismo democrático (1958-1988). La Descentralización de 1989, fue producto de esfuerzos de la elite político por sobrevivir al colapso del sistema político de conciliación, que se manifestó en las situaciones de violencia de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. La adopción de la elección directa de Gobernadores y Alcaldes, así como la transferencia de la administración de servicios de salud, educación, puertos, aeropuertos y carreteras es una consecuencia de la globalización liberal, que exigió la reducción del “tamaño del Estado”, como condición para incorporarse a las condiciones del sistema-mundo. Sin embargo, sí bien el proceso de descentralización introdujo estas novedades, que acercan al gobierno estatal y municipal a las preferencias de los ciudadanos, también generó perversiones: la erección de liderazgos personalistas territoriales, que actuando bajo las potestades descentralizadoras se desenvolvieron como verdaderos caudillos decimonónicos, haciendo y deshaciendo a través del uso de los recursos regionales y municipales.
Las relaciones de clientelismo y burocratismo creadas bajo la descentralización, son equiparables a las condiciones del centralismo y permitidas bajo el marco jurídico de la Constitución de 1961. La Constitución de 1999, introduce cambios en todo orden: en el sistema político, en la estructura del Estado y por lo tanto en la administración pública. El ajuste a La Ley de Descentralización obedece a las contradicciones existentes entre los artículos 156 y 164. El 156 establece en sus numerales 2(defensa de la integralidad del territorio), 7 (seguridad y defensa de la nación), 15 (régimen de aduanas y comercio exterior), 20 (obras públicas de interés nacional), 26 (régimen de transporte terrestre, aéreo y fluvial) y 27 (régimen de vialidad) potestades del Poder Público Nacional, mientras que el art. 164 en su numeral 10 le otorga potestades concurrentes con el poder público nacional (puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras). Con ello se abre un debate acerca del impacto que significa la dispersión de políticas públicas por parte de la relación entre los poderes públicos nacional, regional y municipal. Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
2/04/2009
viernes, 6 de febrero de 2009
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
sábado, 10 de enero de 2009
La Crisis Mundial: ¿preludio de una nueva guerra?
La Crisis Mundial: ¿preludio de una nueva guerra?
Las contradicciones del sistema tardo-capitalista son muchas, comenzando por el hecho que la dinámica del capital se encuentra basada en la especulación como su máxima expresión. Ello significa que el poderío económico del denominado G-8, y particularmente de los EEUU se estructura sobre el aprovechamiento de los recursos financieros surgidos del capital especulativo que se “mueve” libremente sobre las bases conceptuales de la denominada “globalización” o mundialización. Precisamente por ser así, es que debemos entender la “urgencia” con la que actúan los presidentes de los grandes países y sus respectivos representantes financieros, que luego de décadas de propugnar el no intervencionismo del Estado nacional en los asuntos económicos del mercado, acudieron raudos y veloces en auxilio de los bancos y otros entes que jugando bajo las reglas de la especulación – que rigen el sistema-mundo- colocan al sistema financiero al borde del colapso.
Esta crisis económica, tiene enormes coincidencias con la crisis del año 1929 que fue el preludio de la II Gran Guerra. Cómo se recordará, en ese entonces – cómo ahora- se produjo un alza especulativa con los valores comerciales de muy diversas compañías en las bolsas ubicadas en las principales capitales del mundo. La manera en que los sectores hegemónicos de la economía, ligados al control de los medios de producción, manejaron el rendimiento de los capitales; aunado al hecho que tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los EEUU, Francia, Inglaterra y la propia China se encontraban en un juego de posicionamiento geoestratégico – tal como ocurre hoy- que incluyó el uso del capital financiero para apuntalar su estrategia militar fue un aliciente para evadir los controles que todo sistema debe generar sobre las dinámicas especulativas. Ahora bien, tanto en la 1era mitad del siglo XX, como en esta 1era mitad del siglo XXI, esos controles resultaron infructuosos; sumiendo al sistema-mundo en una lucha por el control financiero.
De lo que hablamos es cómo las grandes potencias, en la lógica de desarrollo del sistema tardo-capitalista, buscan acumular la mayor cantidad de capital financiero-económico buscando con ello apuntalar su aparato estratégico-militar disuasivo, en una dinámica que busca neutralizar los esfuerzos armamentísticos de sus rivales geopolíticos a través de la amenaza real o ficticia de movilizarse en el “espacio vital” del “otro”. Hay que recordar como la Alemania de Hitler, desde el ascenso al poder en los inicios del siglo XX propuso la recuperación de zonas o espacios territoriales considerados “vitales” para la existencia de la Nación alemana, implicando ello no sólo un proceso de rearme, sino también la utilización y explotación de los medios de producción para consolidar ese poderío militar. Ese accionar llevó a Hitler a expandirse por el Rhin, tomar Austria, invadir Polonia y firmar un acuerdo con Rusia de no agresión que le facilitará desplazarse hacia las zonas estratégicas controladas por Inglaterra y Francia en Europa Occidental. Cuando vemos a qué condujo esa situación, nos damos cuenta que todos los países – incluyendo los EEUU- utilizaron la vía de la confrontación militar para reactivar la economía en crisis desde inicio de la década de los años 30 del pasado siglo XX. Al realizar el análisis comparado, nos damos cuenta que ayer como hoy, la crisis es producto de la especulación y que la existencia de la misma pone en serio peligro la dinámica de desenvolvimiento de los factores de poder. Ayer como hoy vemos como las potencias comienzan a movilizarse en una acción expansiva hacia “áreas de influencia” del otro: los EEUU se moviliza y actúa sobre Georgia, buscando con ello afectar el flujo de petróleo desde el Cáucaso – vital para la Rusia de Putin- mientras Rusia aumenta su presencia económica y su asesoría militar en Latinoamérica- zona vital por excelencia de los EEUU- como nunca había ocurrido siquiera durante la Guerra Fría.
Lo que planteamos es que la crisis financiera mundial y las escasas posibilidades que tiene de subsanar las carencias y desequilibrios que generó por la ausencia de controles estatales y mundiales sobre la actividad especulativa mundial, puede devenir en una nueva gran confrontación que puede resultar desastrosa, dada la significativa evolución de la capacidad militar de destruir todo a su paso. Esa confrontación puede ser asumida como “una salida a la crisis”, que reactive el aparato productivo que estando vinculado al aparato militar y con ello generar un nuevo dinamismo que produzca un reequilibrio del propio capital. Esa hipótesis – descabellada a nuestro entender- no resulta tan sí se ve bajo la óptica de los enormes intereses creados y se contextualiza en un escenario en donde el consumo energético sigue en aumento y las reservas mundiales se ven reducidas al máximo. Además hay que aderezar esta situación con el hecho que tal como sucedió en los preludios de la II Gran Guerra, la potencia hegemónica para entonces – Inglaterra- fue perdiendo capacidad de disuasión y progresivamente fue desplazada por potencias emergentes – EEUU y Alemania- que aceleraron la confrontación definitiva que generaría un nuevo orden mundial. Hoy la situación es parecida: la situación hegemónica de los EEUU se encuentra en duda, existen nuevas potencias emergentes – China, la recuperación de Rusia, Brasil, India- que sintiendo el peso de la crisis y aprovechando esa condición de debilidad pueden buscar acelerar la crisis militar de los EEUU. Por otra parte hay que considerar que dentro de los EEUU están conscientes de esta situación y manejan también la hipótesis de la guerra como un escenario de reactivación económica, tal como sucedió con la I y II Guerra del Golfo. Como sea nos encontramos en una coyuntura histórica que debe ser vista con atención por las implicaciones que pueda tener.
Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
17/12/2008
Las contradicciones del sistema tardo-capitalista son muchas, comenzando por el hecho que la dinámica del capital se encuentra basada en la especulación como su máxima expresión. Ello significa que el poderío económico del denominado G-8, y particularmente de los EEUU se estructura sobre el aprovechamiento de los recursos financieros surgidos del capital especulativo que se “mueve” libremente sobre las bases conceptuales de la denominada “globalización” o mundialización. Precisamente por ser así, es que debemos entender la “urgencia” con la que actúan los presidentes de los grandes países y sus respectivos representantes financieros, que luego de décadas de propugnar el no intervencionismo del Estado nacional en los asuntos económicos del mercado, acudieron raudos y veloces en auxilio de los bancos y otros entes que jugando bajo las reglas de la especulación – que rigen el sistema-mundo- colocan al sistema financiero al borde del colapso.
Esta crisis económica, tiene enormes coincidencias con la crisis del año 1929 que fue el preludio de la II Gran Guerra. Cómo se recordará, en ese entonces – cómo ahora- se produjo un alza especulativa con los valores comerciales de muy diversas compañías en las bolsas ubicadas en las principales capitales del mundo. La manera en que los sectores hegemónicos de la economía, ligados al control de los medios de producción, manejaron el rendimiento de los capitales; aunado al hecho que tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los EEUU, Francia, Inglaterra y la propia China se encontraban en un juego de posicionamiento geoestratégico – tal como ocurre hoy- que incluyó el uso del capital financiero para apuntalar su estrategia militar fue un aliciente para evadir los controles que todo sistema debe generar sobre las dinámicas especulativas. Ahora bien, tanto en la 1era mitad del siglo XX, como en esta 1era mitad del siglo XXI, esos controles resultaron infructuosos; sumiendo al sistema-mundo en una lucha por el control financiero.
De lo que hablamos es cómo las grandes potencias, en la lógica de desarrollo del sistema tardo-capitalista, buscan acumular la mayor cantidad de capital financiero-económico buscando con ello apuntalar su aparato estratégico-militar disuasivo, en una dinámica que busca neutralizar los esfuerzos armamentísticos de sus rivales geopolíticos a través de la amenaza real o ficticia de movilizarse en el “espacio vital” del “otro”. Hay que recordar como la Alemania de Hitler, desde el ascenso al poder en los inicios del siglo XX propuso la recuperación de zonas o espacios territoriales considerados “vitales” para la existencia de la Nación alemana, implicando ello no sólo un proceso de rearme, sino también la utilización y explotación de los medios de producción para consolidar ese poderío militar. Ese accionar llevó a Hitler a expandirse por el Rhin, tomar Austria, invadir Polonia y firmar un acuerdo con Rusia de no agresión que le facilitará desplazarse hacia las zonas estratégicas controladas por Inglaterra y Francia en Europa Occidental. Cuando vemos a qué condujo esa situación, nos damos cuenta que todos los países – incluyendo los EEUU- utilizaron la vía de la confrontación militar para reactivar la economía en crisis desde inicio de la década de los años 30 del pasado siglo XX. Al realizar el análisis comparado, nos damos cuenta que ayer como hoy, la crisis es producto de la especulación y que la existencia de la misma pone en serio peligro la dinámica de desenvolvimiento de los factores de poder. Ayer como hoy vemos como las potencias comienzan a movilizarse en una acción expansiva hacia “áreas de influencia” del otro: los EEUU se moviliza y actúa sobre Georgia, buscando con ello afectar el flujo de petróleo desde el Cáucaso – vital para la Rusia de Putin- mientras Rusia aumenta su presencia económica y su asesoría militar en Latinoamérica- zona vital por excelencia de los EEUU- como nunca había ocurrido siquiera durante la Guerra Fría.
Lo que planteamos es que la crisis financiera mundial y las escasas posibilidades que tiene de subsanar las carencias y desequilibrios que generó por la ausencia de controles estatales y mundiales sobre la actividad especulativa mundial, puede devenir en una nueva gran confrontación que puede resultar desastrosa, dada la significativa evolución de la capacidad militar de destruir todo a su paso. Esa confrontación puede ser asumida como “una salida a la crisis”, que reactive el aparato productivo que estando vinculado al aparato militar y con ello generar un nuevo dinamismo que produzca un reequilibrio del propio capital. Esa hipótesis – descabellada a nuestro entender- no resulta tan sí se ve bajo la óptica de los enormes intereses creados y se contextualiza en un escenario en donde el consumo energético sigue en aumento y las reservas mundiales se ven reducidas al máximo. Además hay que aderezar esta situación con el hecho que tal como sucedió en los preludios de la II Gran Guerra, la potencia hegemónica para entonces – Inglaterra- fue perdiendo capacidad de disuasión y progresivamente fue desplazada por potencias emergentes – EEUU y Alemania- que aceleraron la confrontación definitiva que generaría un nuevo orden mundial. Hoy la situación es parecida: la situación hegemónica de los EEUU se encuentra en duda, existen nuevas potencias emergentes – China, la recuperación de Rusia, Brasil, India- que sintiendo el peso de la crisis y aprovechando esa condición de debilidad pueden buscar acelerar la crisis militar de los EEUU. Por otra parte hay que considerar que dentro de los EEUU están conscientes de esta situación y manejan también la hipótesis de la guerra como un escenario de reactivación económica, tal como sucedió con la I y II Guerra del Golfo. Como sea nos encontramos en una coyuntura histórica que debe ser vista con atención por las implicaciones que pueda tener.
Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
17/12/2008
EL SISTEMA-MUNDO Y LA CUESTIÓN PALESTINA
Lo que sucede en estos momentos en la Franja de Gaza, corresponde a la lógica de la Revolución en Acción Militar (RAM), que consiste en el uso de tecnología de punta en el desarrollo de acciones militares. Pero hay que contextualizarla en un conjunto de acciones que poco a poco han alejado las posibilidades de un acuerdo de paz, y al mismo tiempo incrementado la intervención militarista de los EEUU y los sectores más ultraconservadores de la sociedad israelí. No se debe olvidar que durante el gobierno de Bill Clinton, se insistió en la búsqueda concreta de una paz estable que implicó la concreción de un diálogo fructífero entre Yitzat Rabin y Yasser Arafat, ambos líderes históricos que representaron posturas extremas tanto en el campo israelí como en el mundo palestino.
La insistencia en el acuerdo era necesario y fue posible dada la relajación de las condiciones de Guerra Fría en el Medio Oriente. Los EEUU, sin perder de vista el papel estratégico que juega Israel para sus intereses, comprendió la imposibilidad de mantener una alta conflictividad en la zona, sobre todo considerando lo clave que es ese espacio de transición para la preponderancia militar del gigante del norte. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Arafat, entendieron que las condiciones históricas que habían permitido el mantenimiento de su extremismo político habían cambiado y con ello debía cambiar su posición. En ese contexto de presión internacional, Arafat y Rabin concretaron el Acuerdo de Camp David, por el cual obtuvieron el Premio Nobel de la Paz. La muerte de Rabin, consecuencia del extremismo sionista, significó un retroceso en la construcción de la paz. Su sucesor, Benjamin Nethanyau, en nada contribuyó al avance de la paz y por el contrario dio inicio a un ciclo radical continuado por Ariel Sharon y sus sucesores en el ejercicio del poder en Israel. La muerte de Arafat, y el avance del extremismo de Hamas dejo sin interlocutores válidos a los palestinos que fueron arrastrados al clima de guerra sin cuartel propiciado por el Estado de Israel. Ante esta situación, la comunidad internacional, el Sistema-mundo con sus instituciones ha dejado de ejecutar los elementos de contención que debería implementar y al mismo tiempo, se ha mostrado impávido ante las recurrentes violaciones de los acuerdos humanitarios por parte de las fuerzas de seguridad israelí.
El contexto de cambio de gobierno en los EEUU, enmarcado por la salida de la extrema derecha representada por Bush y el supuesto – más no real- liderazgo emergente de Barak Obama, nos muestra que las expectativas creadas en torno a un cambio en la política exterior de los EEUU es sólo una quimera. El gobierno de Obama ha demostrado con su inacción su articulación con los intereses geoestratégicos de Israel en el Medio oriente. No hay posibilidad de acuerdo de paz en estos momentos. Israel insiste en una posición maniquea que sostiene que Hamas no es un movimiento político que represente el liderazgo del pueblo palestino. El propio Primer Ministro Mahmoud Abbas ha contribuido muy poco a concretar un diálogo con el grupo extremista Hamas, que controla el sistema de representación política en palestina y que tiene todo el peso del apoyo popular. Los EEUU, tanto sus representantes salientes como entrantes, mantienen la misma política de apoyo irrestricto a los intereses de Israel, a pesar de las constantes violaciones a las resoluciones de la ONU como al cumplimiento de los acuerdos de West Plastation de finales de los años 90, que obligaban a Israel a entregar algo más de 7% del territorio de la Franja de Gaza que han sido ilegalmente ocupados. En resumidas cuentas, asistimos a un momento donde se expresa – como nunca- la crisis de la potencia militar (EEUU) que sin embargo articula acciones de provocación que tienden a la búsqueda de una consolidación de lo que consideran el “espacio vital”: la zona del Medio oriente y Asia central. Tal como sucedió en el siglo XX con Alemania e Inglaterra, hoy en pleno siglo XXI vemos una competencia entre los intereses de una potencia – que a pesar de su debilidad- con otra que reta las posiciones y prerrogativas de la hegemónica. Los EEUU ven con preocupación que la situación en el Medio Oriente no se estabilice, pues esa inestabilidad incrementa las fluctuaciones en las dinámicas de control hegemónico que pretende desarrollar en otros escenarios mundiales. La situación es de riesgo y avizora un 2009 llena de conflictividades, ello es así por el hecho que los EEUU mantienen frentes de enfrentamiento en Irak, Afganistán, Asia central al mismo tiempo que tiene que enfrentarse con la crisis económica. En este escenario hay que observar con cuidado las reacciones y acciones en esta zona del mundo que tanta conflictividad ha tenido, esperemos que la Comunidad Internacional pueda contener los demonios de la guerra desatados por los EEUU, que necesita una guerra de gran magnitud para reactivar su aparato económico, tal como hizo en la 1era Guerra del Golfo en 1991. Seguiremos con atención la crisis y su desarrollo.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
6/01/09
Juane1208@gmail.com
La insistencia en el acuerdo era necesario y fue posible dada la relajación de las condiciones de Guerra Fría en el Medio Oriente. Los EEUU, sin perder de vista el papel estratégico que juega Israel para sus intereses, comprendió la imposibilidad de mantener una alta conflictividad en la zona, sobre todo considerando lo clave que es ese espacio de transición para la preponderancia militar del gigante del norte. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Arafat, entendieron que las condiciones históricas que habían permitido el mantenimiento de su extremismo político habían cambiado y con ello debía cambiar su posición. En ese contexto de presión internacional, Arafat y Rabin concretaron el Acuerdo de Camp David, por el cual obtuvieron el Premio Nobel de la Paz. La muerte de Rabin, consecuencia del extremismo sionista, significó un retroceso en la construcción de la paz. Su sucesor, Benjamin Nethanyau, en nada contribuyó al avance de la paz y por el contrario dio inicio a un ciclo radical continuado por Ariel Sharon y sus sucesores en el ejercicio del poder en Israel. La muerte de Arafat, y el avance del extremismo de Hamas dejo sin interlocutores válidos a los palestinos que fueron arrastrados al clima de guerra sin cuartel propiciado por el Estado de Israel. Ante esta situación, la comunidad internacional, el Sistema-mundo con sus instituciones ha dejado de ejecutar los elementos de contención que debería implementar y al mismo tiempo, se ha mostrado impávido ante las recurrentes violaciones de los acuerdos humanitarios por parte de las fuerzas de seguridad israelí.
El contexto de cambio de gobierno en los EEUU, enmarcado por la salida de la extrema derecha representada por Bush y el supuesto – más no real- liderazgo emergente de Barak Obama, nos muestra que las expectativas creadas en torno a un cambio en la política exterior de los EEUU es sólo una quimera. El gobierno de Obama ha demostrado con su inacción su articulación con los intereses geoestratégicos de Israel en el Medio oriente. No hay posibilidad de acuerdo de paz en estos momentos. Israel insiste en una posición maniquea que sostiene que Hamas no es un movimiento político que represente el liderazgo del pueblo palestino. El propio Primer Ministro Mahmoud Abbas ha contribuido muy poco a concretar un diálogo con el grupo extremista Hamas, que controla el sistema de representación política en palestina y que tiene todo el peso del apoyo popular. Los EEUU, tanto sus representantes salientes como entrantes, mantienen la misma política de apoyo irrestricto a los intereses de Israel, a pesar de las constantes violaciones a las resoluciones de la ONU como al cumplimiento de los acuerdos de West Plastation de finales de los años 90, que obligaban a Israel a entregar algo más de 7% del territorio de la Franja de Gaza que han sido ilegalmente ocupados. En resumidas cuentas, asistimos a un momento donde se expresa – como nunca- la crisis de la potencia militar (EEUU) que sin embargo articula acciones de provocación que tienden a la búsqueda de una consolidación de lo que consideran el “espacio vital”: la zona del Medio oriente y Asia central. Tal como sucedió en el siglo XX con Alemania e Inglaterra, hoy en pleno siglo XXI vemos una competencia entre los intereses de una potencia – que a pesar de su debilidad- con otra que reta las posiciones y prerrogativas de la hegemónica. Los EEUU ven con preocupación que la situación en el Medio Oriente no se estabilice, pues esa inestabilidad incrementa las fluctuaciones en las dinámicas de control hegemónico que pretende desarrollar en otros escenarios mundiales. La situación es de riesgo y avizora un 2009 llena de conflictividades, ello es así por el hecho que los EEUU mantienen frentes de enfrentamiento en Irak, Afganistán, Asia central al mismo tiempo que tiene que enfrentarse con la crisis económica. En este escenario hay que observar con cuidado las reacciones y acciones en esta zona del mundo que tanta conflictividad ha tenido, esperemos que la Comunidad Internacional pueda contener los demonios de la guerra desatados por los EEUU, que necesita una guerra de gran magnitud para reactivar su aparato económico, tal como hizo en la 1era Guerra del Golfo en 1991. Seguiremos con atención la crisis y su desarrollo.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
6/01/09
Juane1208@gmail.com
viernes, 12 de diciembre de 2008
De Venancio Pulgar a Manuel Rosales: la misma mentira
De Venancio Pulgar a Manuel Rosales: la misma mentira
El Zulia se ha convertido en el epicentro de una verdadera batalla electoral. Para un observador no acucioso, se trata simplemente de un enfrentamiento personal entre Chávez y Rosales; sin embargo, hay elementos que nos señalan que asistimos a una deliberación política; entendida como la presentación, el debate y la defensa de una plataforma política antagónica con otro referente político.
Para el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) la contienda electoral busca dos objetivos claves: 1) reivindicarse de la derrota del pasado 2-D de 2007, cuando fracasó la estructura del partido en su intento de aprobar la Reforma Constitucional y 2) recuperar el espacio político que ha perdido en la región, producto de las divisiones internas, las luchas intestinas y la desorganización política. Estas tareas no son fáciles de realizar. El comportamiento esquivo del electorado zuliano se presenta como un serio obstáculo. Por otra parte, el manejo maníqueo que Rosales plantea entre la zulianidad, su vinculación con la política y la religiosidad, no ha sido suficientemente desmontado por el Comando de Campaña de Di Martino, aunque las constantes visitas del presidente Chávez han procurado subsanar esta deficiencia.
Para Rosales, el proceso del 23-N es vital para su supervivencia política. Es sin duda, una manifestación de ambición política. Por una parte, corresponde con una prueba para la maquinaria electoral de Un Nuevo Tiempo (UNT), a la vez que es un catalizador de la existencia o no de un efecto Rosales, capaz de trasladar sus apoyos personales a otros candidatos ubicados bajo su órbita de acción. Los retos para Rosales son múltiples: 1) demostrar que es capaz de sobrevivir a una nueva confrontación directa con el presidente Chávez; 2) consolidar el liderazgo nacional de UNT y 3) impedir el avance de Primero Justicia (PJ) como otra opción de poder en el núcleo de la oposición.
Todos estos elementos nos permiten entender la especial dureza de la campaña en el Zulia. El debate se ha venido desviando de la discusión de una agenda política para encasillarse en el tema de la defensa o ataque al Zulia. Al concentrarse el debate en este aspecto, el comando de Rosales obtuvo una ventaja importante; la cual disminuyó en la medida que el propio Presidente introdujo la perspectiva del enfrentamiento directo entre él y Rosales. No hay duda que la estrategia de comunicación política del comando del actual Gobernador obedece a la lógica de generar una identidad orgánica entre él como “candidato” (figura política) y el Zulia como un todo; de manera tal, deja planteado que un ataque a él (Rosales) es un ataque directo al Zulia. En este punto se nota la asesoría histórica. La estrategia de Rosales es la misma utilizada por Venancio Pulgar en 1859-1863, cuando llegó a plantear - casi en los mismos términos- la disyuntiva política.
Como se recordará el Zulia se mostraba esquivo de aceptar la sumisión al poder central desde el mismo momento de la separación del Departamento Venezuela de la República de Colombia -mal llamada Gran Colombia- en 1830. A partir de ese período y hasta los preludios de la Guerra federal, los recursos y accesos comunicacionales del Zulia con los estados andinos (Trujillo, Táchira y Mérida) eran claves para la economía venezolana. Este hecho fue aprovechado por Venancio Pulgar para construir un liderazgo que manipulando el sentido de identidad del zuliano, utilizó el voluntarismo identitario para obtener beneficios personales y en aquellos momentos, donde la ambición personal chocó con los intereses del Estado venezolano y convocó al Zulia en su defensa; con la excusa que era la región la que estaba siendo atacada y no su ambición política. Resultado: todo el espacio histórico marabino, que incluye los límites del estado Zulia, así como ciertas zonas limítrofes con el estado Falcón, fueron objeto de una intervención del Ejecutivo Nacional restituyendo el orden y generándose la huida de Pulgar, dejando a todo el estado y sus ciudadanos sometidos a las consecuencias de su aventurismo político. Ayer como hoy, se plantea la situación en los mismos términos.
Nos asombra escuchar a Rosales señalar que cuando se ataca a su persona se ataca al Zulia. Con más de 120 años de distancia, nos encontramos con expresiones como las que indicaba en un canal nacional en el sentido que Chávez al odiarlo a él manifestaba su odio al Zulia. Sin duda, es una muestra del impacto de la manipulación histórica y cultural que se ejerce sobre el zuliano. La confrontación es entre dos (2) proyectos políticos, no es contra una región y sus ciudadanos; pero al presentarse como un ataque contra la identidad se busca despertar solidaridades culturales que puedan ser expresadas en forma de votos para los candidatos de Rosales. De nuevo, somos testigos como se manipula la historia regional a favor de intereses políticos personales. Le toca al Zulia decidir sí permite que esta manipulación permanezca o por el contrario se articule dentro del proyecto nacional conservando sus determinantes históricas y geográficas. Como sea el 23-N veremos los resultados y sabremos que cumplimos con nuestra obligación como historiadores al denunciar el maniqueísmo cultural.
Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/11/2008
El Zulia se ha convertido en el epicentro de una verdadera batalla electoral. Para un observador no acucioso, se trata simplemente de un enfrentamiento personal entre Chávez y Rosales; sin embargo, hay elementos que nos señalan que asistimos a una deliberación política; entendida como la presentación, el debate y la defensa de una plataforma política antagónica con otro referente político.
Para el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) la contienda electoral busca dos objetivos claves: 1) reivindicarse de la derrota del pasado 2-D de 2007, cuando fracasó la estructura del partido en su intento de aprobar la Reforma Constitucional y 2) recuperar el espacio político que ha perdido en la región, producto de las divisiones internas, las luchas intestinas y la desorganización política. Estas tareas no son fáciles de realizar. El comportamiento esquivo del electorado zuliano se presenta como un serio obstáculo. Por otra parte, el manejo maníqueo que Rosales plantea entre la zulianidad, su vinculación con la política y la religiosidad, no ha sido suficientemente desmontado por el Comando de Campaña de Di Martino, aunque las constantes visitas del presidente Chávez han procurado subsanar esta deficiencia.
Para Rosales, el proceso del 23-N es vital para su supervivencia política. Es sin duda, una manifestación de ambición política. Por una parte, corresponde con una prueba para la maquinaria electoral de Un Nuevo Tiempo (UNT), a la vez que es un catalizador de la existencia o no de un efecto Rosales, capaz de trasladar sus apoyos personales a otros candidatos ubicados bajo su órbita de acción. Los retos para Rosales son múltiples: 1) demostrar que es capaz de sobrevivir a una nueva confrontación directa con el presidente Chávez; 2) consolidar el liderazgo nacional de UNT y 3) impedir el avance de Primero Justicia (PJ) como otra opción de poder en el núcleo de la oposición.
Todos estos elementos nos permiten entender la especial dureza de la campaña en el Zulia. El debate se ha venido desviando de la discusión de una agenda política para encasillarse en el tema de la defensa o ataque al Zulia. Al concentrarse el debate en este aspecto, el comando de Rosales obtuvo una ventaja importante; la cual disminuyó en la medida que el propio Presidente introdujo la perspectiva del enfrentamiento directo entre él y Rosales. No hay duda que la estrategia de comunicación política del comando del actual Gobernador obedece a la lógica de generar una identidad orgánica entre él como “candidato” (figura política) y el Zulia como un todo; de manera tal, deja planteado que un ataque a él (Rosales) es un ataque directo al Zulia. En este punto se nota la asesoría histórica. La estrategia de Rosales es la misma utilizada por Venancio Pulgar en 1859-1863, cuando llegó a plantear - casi en los mismos términos- la disyuntiva política.
Como se recordará el Zulia se mostraba esquivo de aceptar la sumisión al poder central desde el mismo momento de la separación del Departamento Venezuela de la República de Colombia -mal llamada Gran Colombia- en 1830. A partir de ese período y hasta los preludios de la Guerra federal, los recursos y accesos comunicacionales del Zulia con los estados andinos (Trujillo, Táchira y Mérida) eran claves para la economía venezolana. Este hecho fue aprovechado por Venancio Pulgar para construir un liderazgo que manipulando el sentido de identidad del zuliano, utilizó el voluntarismo identitario para obtener beneficios personales y en aquellos momentos, donde la ambición personal chocó con los intereses del Estado venezolano y convocó al Zulia en su defensa; con la excusa que era la región la que estaba siendo atacada y no su ambición política. Resultado: todo el espacio histórico marabino, que incluye los límites del estado Zulia, así como ciertas zonas limítrofes con el estado Falcón, fueron objeto de una intervención del Ejecutivo Nacional restituyendo el orden y generándose la huida de Pulgar, dejando a todo el estado y sus ciudadanos sometidos a las consecuencias de su aventurismo político. Ayer como hoy, se plantea la situación en los mismos términos.
Nos asombra escuchar a Rosales señalar que cuando se ataca a su persona se ataca al Zulia. Con más de 120 años de distancia, nos encontramos con expresiones como las que indicaba en un canal nacional en el sentido que Chávez al odiarlo a él manifestaba su odio al Zulia. Sin duda, es una muestra del impacto de la manipulación histórica y cultural que se ejerce sobre el zuliano. La confrontación es entre dos (2) proyectos políticos, no es contra una región y sus ciudadanos; pero al presentarse como un ataque contra la identidad se busca despertar solidaridades culturales que puedan ser expresadas en forma de votos para los candidatos de Rosales. De nuevo, somos testigos como se manipula la historia regional a favor de intereses políticos personales. Le toca al Zulia decidir sí permite que esta manipulación permanezca o por el contrario se articule dentro del proyecto nacional conservando sus determinantes históricas y geográficas. Como sea el 23-N veremos los resultados y sabremos que cumplimos con nuestra obligación como historiadores al denunciar el maniqueísmo cultural.
Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/11/2008
miércoles, 5 de noviembre de 2008
El Pacto de Punto Fijo
En estos tiempos de convulsión democrática que experimenta Venezuela, hay un conjunto de historiadores e investigadores - cuya reputación académica no pongo en duda- que manejan la tesis de la exaltación del Pacto de Punto Fijo como modelo político de convivencia democrática. Sobre esa tesis planteo algunos elementos que sirvan, desde la teoría política, para la discusión.
En 1er lugar, el Pacto es un instrumento que se plantea en términos de una antropología de poder, es decir como un mecanismo a través del cual los factores asociados a la representación social del poder (grupos económicos, actores políticos, medios, fuerzas armadas) se aseguran una relación pura-coincidencia con la que preservan sus intereses y evitan al máximo la confrontación. Desde esta óptica no hay duda de la ubicación del Pacto de Punto Fijo en la búsqueda de asegurar la convivencia entre factores de poder que lo anhelaban desde el año 1941 cuando se crea Acción Democrática (AD). En 2do lugar, sí aceptamos que el pacto es un esfuerzo democrático por qué se produce la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se alega que tarde o temprano el PCV atentaría contra la propia democracia. Evidentemente, las resoluciones del Comité Central del PCV así lo demostraron, pero muy posterior a la fecha en que se firmó el Pacto.. Sin duda, las circunstancias generadas e impulsadas por las ambiciones de poder de Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hacían imposibles unas relaciones pacíficas con los “pacos” o comunistas como eran denominados por Betancourt.
Históricamente, las posiciones y acciones del PCV generó un distanciamiento teórico y político con las propuestas de acción de quienes serían los líderes de URD, AD y COPEI. Se trata de un ejercicio de historia crítica que debe generar un análisis más allá de los lugares comunes. Sí pensamos que la dinámica de provocación que impulsó Rómulo Betancourt para evitar un candidato de unidad en las 1eras elecciones libres después del derrocamiento de Pérez Jiménez, nos encontraremos que esas maniobras impulsaron el aislamiento del PCV y estos cayeron en la provocación de Rómulo, tal como cayeron en la provocación de Chávez los trabajadores de PDVSA y los militares de la Plaza Altamira. No debemos olvidar que los actos de provocación buscan generar en el otro una reacción mayor que impulse o incremente la conflictividad. En este sentido, las acciones de aislamiento del PCV fueron efectivas y la forma del Pacto asumió una representación profundamente excluyente en nombre de la libertad.
En 3er lugar, la instrumentación del Pacto, asume la idea de la democracia liberal, en el sentido que se otorga el derecho al voto pero no el derecho de acceso a la representación directa. Es decir, se reconoce la universalización del voto, pero no la universalización de la participación en la estructura de poder público. Los representantes deben actuar a favor de los representados. Estos últimos quedan fuera del juego político y subsumidos a sus intereses, que se asumen deben ser manifestados no directamente por los propios representados, si no por sus representantes. Este modelo es clásicamente liberal y contrapuesto con mecanismos de democracia directa que después han sido plasmados constitucionalmente.
Cuando este conjunto de historiadores, a quienes respeto, pero adverso académicamente, se dedican a relanzar las “glorias de Punto Fijo”, no hacen más que adelantar una estrategia de relegitimación de un discurso y una práctica política que ya está en desuso. La base de la discusión democrática no es la construcción del consenso, como se planteaba en las tesis políticas de los años 50 y 60, se trata hoy del manejo de la diferencia y el disenso, y ello pasa por aceptar su propia existencia. Asumir como se hace que la naturaleza humana se basa en el acuerdo es ir en contra corriente. Lo natural, lo obvio es la diferencia. Debemos aprender a vivir con ella. Por eso mecanismos como los derivados del Pacto de Punto Fijo son – o fueron- una anomalía histórica que hoy resulta imposible reconstruir. Es imposible, pues los niveles de militancia política no son los mismos. Las estructuras políticas que le dieron origen – AD, COPEI y URD- eran muy activas en ese entonces; hoy no lo son. Los nuevos partidos UNT, Primero Justicias y otros no tienen esa capacidad. Por otra parte, las condiciones de burocratismo y clientelismo que facilitaron su pervivencia, hoy no son posibles de aplicar y con ello queda desechada la convivencia pacífica basada en la explotación de la renta petrolera.
El balance no es totalmente positivo después de 50 años. El Pacto remitió o más bien sumió a la sociedad civil en un letargo y adormecimiento que costó muchísimo, hablando desde la lógica de la participación. El pacto no permitió la profundización de la democracia, como hacer juntos entre diversos y retraso el proceso de reconocimiento social de los excluidos. El Pacto facilitó un proceso de cooptación y corporativismo que impulso un enorme daño en el funcionamiento socio-político venezolano. Por ello creo que sólo en un punto tienen razón esos historiadores que impulsan la exaltación del Pacto de Punto Fijo: en que debe ser cuidadosamente revisado sus consecuencias. El Pacto arrojó una mácula de perversión sobre la clase política que aun hoy observamos, en eso debemos ser contundentes. Intentar exaltarlo es retrotraernos al pasado, y eso es ahistórico.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
01/11/2008
jueves, 18 de septiembre de 2008
VENEZUELA 2002, BOLIVIA 2008: ALGUNAS COINCIDENCIAS
VENEZUELA 2002, BOLIVIA 2008: ALGUNAS COINCIDENCIAS
Hemos planteado en reiteradas ocasiones, que la dinámica socio- política que experimenta América Latina, está signada por la conflictividad. Los procesos de cambio en el comportamiento electoral, la institucionalidad democrática, así como la complejidad de los movimientos sociales nos ayuda a entender este cambio radical.
La democracia, entendida en su vertiente formal – o de realización de elecciones- ha experimentado una gran crítica por parte de las organizaciones políticas como por sectores diversos de la denominada sociedad civil. Eso ha impulsado la expresión del conflicto social, entendido como una articulación disruptiva de las normas y formas de entendimiento social. Lo que experimenta Bolivia en estos momentos tiene elementos comunes con lo sucedido en Venezuela en el año 2002.
Ambos países, experimentaron una crisis de las identidades políticas de los partidos tradicionales. En el caso de Venezuela, el retroceso de los partidos históricos fue evidente. AD y COPEI pasaron de obtener cerca del 93% de los votos en 1988, a sólo alcanzar un 11% en las elecciones de 1998. En el caso de Bolivia, la desintitucionalización de los partidos socialcristianos y socialdemócratas en el período anterior al gobierno de Hugo Banzer fue también contundente. En ambos países, el surgimiento de un liderazgo basado en la idea de un cambio radical, que reivindicaba la incorporación de sectores históricamente excluidos fue clave. Para Chávez se trataba de los sectores D y E, que representaban cerca del 83% del caudal electoral; para Evo Morales se trató de las comunidades indígenas.
El ajuste institucional implementado por ambos se tradujo en un desmontaje del aparato político sobre el cual se habían construido relaciones de poder y establecido formas de entendimiento político entre los grupos económicos. El uso de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para formalizar un nuevo proyecto constitucional que impulse un proyecto político diferente, desató las resistencias de los sectores tradicionalmente hegemónicos en ambos países. En el caso de Venezuela, el año 2002, estuvo signado por el impacto de las Leyes Habilitantes que se tradujeron en una 1era iniciativa de aplicación del proyecto político. En el caso de Bolivia, la dinámica que conduce a la aprobación definitiva del texto constitucional desató la movilización de los prefectos de los departamentos de Bení, Pando y Santa Cruz, que reúnen los grupos económicos más poderosos y radicales de Bolivia.
No hay que perder de vista un elemento común en la crisis experimentada en Venezuela en el 2002 y la que sufre Bolivia. Es la denominada oportunidad política, entendida como las condiciones políticas que favorecen la rebelión o desobediencia civil. La nueva institucionalidad impulsada por Chávez como por Evo, así como su insistencia en facilitar la movilidad social y las expresiones de voluntarismo político ha sido utilizada por los sectores más radicales y conservadores en Bolivia y Venezuela, para buscar salidas violentas. La apertura política fue aprovechada en ambas situaciones para incrementar el conflicto e incentivar la ingobernabilidad.
Otro factor común que debe considerarse, es el referido al papel de los cuerpos de seguridad del Estado. No se puede perder de vista que las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica, fueron formadas bajo la lógica de la dominación y el control hegemónico. Las Fuerzas Armadas en Venezuela, durante el período 2000-2002 resintió el ajuste derivado de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, generándose un descontento que se manifestó en el año 2002, a través de una actitud inoperante, permitiendo la ejecución de actos violentos que calentaron aun más las calles. En el caso de Bolivia, notamos la misma coincidencia, las FFAA bolivianas, tradicionalmente asociadas con golpes de estado y represión, no han actuado conteniendo la violencia.
El accionar de los grupos económicos y su conjunción con grupos radicales civiles que atentan contra los más elementales derechos humanos, constituye otro punto de coincidencia entre ambas coyunturas. Adicionalmente, no debe dejarse fuera del análisis la situación geopolítica internacional y el tema energético. Cuando se produjo los acontecimientos de abril de 2002, el papel de los empleados petroleros de PDVSA fue clave. En el caso de Bolivia, el factor petróleo y gas está detrás de esta violenta manifestación de violencia política. Lo interesante es considerar el papel del Departamento de Estado Norteamericano en ambas situaciones históricas. El silencio cómplice de sus respectivos embajadores, cuya actitud permisiva indica su vinculación y apoyo tácito a la desintitucionalización y vulneración del mandato popular, es contundente.
Hace tiempo señalamos que la situación en Bolivia amenaza a toda Sudamérica, pues en ella encontramos representada la resistencia de factores políticos que se niegan a aceptar los cambios en las condiciones de participación política y menos aun la idea de permitir que los ciudadanos que han sido históricamente hechos invisibles, aparezcan reclamando sus derechos y defendiendo su participación. Todos somos Bolivia en este momento, su futuro es el de toda Latinoamérica, por ello no debemos dejar de manifestar nuestra solidaridad y compromiso con una salida pacífica de esta crisis, inducida desde sectores conservadores y radicales que buscan re-alinearse y recuperar espacios.
Dr. Juan E. Romero
15/09/2008
viernes, 28 de marzo de 2008
LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA
LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA
Colombia y Bolivia comparten un mismo riesgo: el de las potenciales conflictividades internas. Ambos países presentan un esquema de confrontación común: alto niveles de exclusión social, pobreza critica, potencialidades económicas que lo convierten en foco de atención de los más dispares intereses del mundo capitalista. Sin embargo, las motivaciones del conflicto son diametralmente opuestas.
El conflicto en Colombia esta relacionado con un sistema de partidos dominantes que impera desde inicios del siglo XIX. La movilidad política en Colombia es absolutamente limitada y esta asociada a un conjunto de familias que históricamente han ocupado los puestos claves de la administración publica y han constitutito redes de poder y relaciones de complementariedad que les ha facilitado gobernar con los partidos liberal y conservador. Esta escasa movilidad es la principal fuente de conflictividades en Colombia. Se ha manifestado contundentemente en los años finales de la década del 90 en el pasado siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI mediante un incremento de los procesos armamentísticos en el vecino país.
La reciente manifestación de fuerza de Colombia al bombardear un campamento en Ecuador no es solo un reto al Derecho Publico Internacional, es un aviso militar estratégico de la denominada Revolución en Acciones Militares (RAM), que debe ser entendida como el uso militar de la ciencia y la tecnología de punta con el objeto de lograr una superioridad militar de una fuerza armada sobre otra. El bombardeo dirigido a través de satélites inteligentes que permitieron quirúrgicamente destruir el campamento de las FARC-EP es una muestra contundente del impacto de la RAM en las fuerzas armadas colombianas y la marca de los EEUU detrás de ello. Precisamente de este riesgo de desequilibrio militar, que transforma a Colombia en el principal socio estratégico de los EEUU en Sudamérica pasando sobre las tradicionales asociaciones que tenían con Argentina y Brasil, pasa a constituirse en un factor de perturbación en todo el subcontinente y en esa perturbación debe entenderse la propuesta de constituir un Consejo de Defensa que facilite la resolución de controversias y conflictos, al mismo tiempo que genere el espacio para crear medidas de confianza mutua, que se traduzcan en un control del gasto militar y en mecanismos de regulación sobre las fuerzas armadas del continente por parte del sector civil.
Colombia, ha venido incrementado el porcentaje del PIT que dedica a gastos de seguridad y defensa y esa acción viene acompañada por un discurso agresivo - estratégicamente alineado a los intereses de EEUU – por parte del Ministro de Defensa colombiano, destinado a dejar en claro que Colombia atacara a las FARC-EP en “cualquier parte”. Esa declaración es una muestra de prepotencia que puede ocasionar un constante foco de alteración y abrir con ello el camino a escenarios de enfrentamiento.
Bolivia por su parte, es un foco de perturbación por factores completamente ajenos a los de Colombia. No se trata que el gobierno de Evo Morales sea un peligro militar sobre los demás vecinos, mas bien Bolivia se transforma en un foco de perturbación por las inminentes acciones subversivas y separatistas que vienen desarrollándose en función del impacto económico y estratégico del gas y los hidrocarburos en ese país. El debate desatado – más bien solapado – sobre el tema de las autonomías regionales es un modelo que si llega a explotar puede tener inminentes consecuencias negativas para toda Sudamérica.
Los intereses de los países del G-8, sobre todo en lo referido a los recursos energéticos conducen a una presión sobre gobiernos de corte popular como el de Evo Morales. Se trata de generar apoyos internos – ocultos tras la bandera del regionalismo y autonomismo- que sirvan para adelantar acciones de presión social y colectiva que obliguen a esos gobiernos a negociar, sobre la base de los intereses económicos de las trasnacionales petroleras. La proyección de ese accionar que se esta desatando en Bolivia sobre otros áreas de Sudamérica como Ecuador y nuestro país es una realidad que debe ser tomada en consideración. Incluso amenaza la posición más equilibrada – en relación con los intereses del capital trasnacional- del gobierno de Lula en Brasil, sobre todo por las asociaciones estratégicas que vienen adelantándose y que pueden concretarse en proyectos como el de la Refinería de Pernambuco, en sociedad entre el capital venezolano y brasileño, que indudablemente amenaza esos intereses del G-8.
Las acciones que se desarrollan, principalmente en la provincia de Santa Cruz en Bolivia, es un laboratorio vivencial de prácticas colectivas de presión sobre la estructura gubernamental, destinada a debilitar las posiciones nacionalistas y obligar al establecimiento de una negociación entre los factores “cívicos y autonomistas” y el “gobierno centralista”. Este discurso ya ha sido ensayado en Argentina, Brasil y en nuestro propio país. Son las conocidas quejas de la elite zuliana acerca del impacto que tiene la extracción de petróleo por parte del gobierno central. Se trata de construir una matriz de opinión destinada a demonizar las políticas nacionalistas, favoreciendo con ello un posible acuerdo con compañías trasnacionales, pero detrás de esta afirmación hay serios planes de segregación y secesión, que en nuestro caso no son nada nuevos.
No obstante, es clara la intención de incidir decididamente en la definición de la política de hidrocarburos de los países del creciente menor – Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela – sobre todo motivado a las dificultades enormes que se desarrolla en el creciente mayor – Irak, Uzbequiztan, Afganistán, Kazagastan, Ucrania, Chechenia- que han impedido aumentar la producción de petróleo y con ello buscar controlar los elevados precios que tiene en este momento en el mercado mundial – por encima de los 100 dólares por barril- que afectan los márgenes de ganancia del capital. La dinámica geopolítica de Sudamérica sufre, por lo tanto, enormes presiones que afectaran en lo inmediato el clima de convivencia del que habíamos gozado hasta ahora. Articular esfuerzos destinados a controlar estas amenazas constituye un accionar urgente por parte de todos en nuestro continente.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
28-03-2008.
El conflicto en Colombia esta relacionado con un sistema de partidos dominantes que impera desde inicios del siglo XIX. La movilidad política en Colombia es absolutamente limitada y esta asociada a un conjunto de familias que históricamente han ocupado los puestos claves de la administración publica y han constitutito redes de poder y relaciones de complementariedad que les ha facilitado gobernar con los partidos liberal y conservador. Esta escasa movilidad es la principal fuente de conflictividades en Colombia. Se ha manifestado contundentemente en los años finales de la década del 90 en el pasado siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI mediante un incremento de los procesos armamentísticos en el vecino país.
La reciente manifestación de fuerza de Colombia al bombardear un campamento en Ecuador no es solo un reto al Derecho Publico Internacional, es un aviso militar estratégico de la denominada Revolución en Acciones Militares (RAM), que debe ser entendida como el uso militar de la ciencia y la tecnología de punta con el objeto de lograr una superioridad militar de una fuerza armada sobre otra. El bombardeo dirigido a través de satélites inteligentes que permitieron quirúrgicamente destruir el campamento de las FARC-EP es una muestra contundente del impacto de la RAM en las fuerzas armadas colombianas y la marca de los EEUU detrás de ello. Precisamente de este riesgo de desequilibrio militar, que transforma a Colombia en el principal socio estratégico de los EEUU en Sudamérica pasando sobre las tradicionales asociaciones que tenían con Argentina y Brasil, pasa a constituirse en un factor de perturbación en todo el subcontinente y en esa perturbación debe entenderse la propuesta de constituir un Consejo de Defensa que facilite la resolución de controversias y conflictos, al mismo tiempo que genere el espacio para crear medidas de confianza mutua, que se traduzcan en un control del gasto militar y en mecanismos de regulación sobre las fuerzas armadas del continente por parte del sector civil.
Colombia, ha venido incrementado el porcentaje del PIT que dedica a gastos de seguridad y defensa y esa acción viene acompañada por un discurso agresivo - estratégicamente alineado a los intereses de EEUU – por parte del Ministro de Defensa colombiano, destinado a dejar en claro que Colombia atacara a las FARC-EP en “cualquier parte”. Esa declaración es una muestra de prepotencia que puede ocasionar un constante foco de alteración y abrir con ello el camino a escenarios de enfrentamiento.
Bolivia por su parte, es un foco de perturbación por factores completamente ajenos a los de Colombia. No se trata que el gobierno de Evo Morales sea un peligro militar sobre los demás vecinos, mas bien Bolivia se transforma en un foco de perturbación por las inminentes acciones subversivas y separatistas que vienen desarrollándose en función del impacto económico y estratégico del gas y los hidrocarburos en ese país. El debate desatado – más bien solapado – sobre el tema de las autonomías regionales es un modelo que si llega a explotar puede tener inminentes consecuencias negativas para toda Sudamérica.
Los intereses de los países del G-8, sobre todo en lo referido a los recursos energéticos conducen a una presión sobre gobiernos de corte popular como el de Evo Morales. Se trata de generar apoyos internos – ocultos tras la bandera del regionalismo y autonomismo- que sirvan para adelantar acciones de presión social y colectiva que obliguen a esos gobiernos a negociar, sobre la base de los intereses económicos de las trasnacionales petroleras. La proyección de ese accionar que se esta desatando en Bolivia sobre otros áreas de Sudamérica como Ecuador y nuestro país es una realidad que debe ser tomada en consideración. Incluso amenaza la posición más equilibrada – en relación con los intereses del capital trasnacional- del gobierno de Lula en Brasil, sobre todo por las asociaciones estratégicas que vienen adelantándose y que pueden concretarse en proyectos como el de la Refinería de Pernambuco, en sociedad entre el capital venezolano y brasileño, que indudablemente amenaza esos intereses del G-8.
Las acciones que se desarrollan, principalmente en la provincia de Santa Cruz en Bolivia, es un laboratorio vivencial de prácticas colectivas de presión sobre la estructura gubernamental, destinada a debilitar las posiciones nacionalistas y obligar al establecimiento de una negociación entre los factores “cívicos y autonomistas” y el “gobierno centralista”. Este discurso ya ha sido ensayado en Argentina, Brasil y en nuestro propio país. Son las conocidas quejas de la elite zuliana acerca del impacto que tiene la extracción de petróleo por parte del gobierno central. Se trata de construir una matriz de opinión destinada a demonizar las políticas nacionalistas, favoreciendo con ello un posible acuerdo con compañías trasnacionales, pero detrás de esta afirmación hay serios planes de segregación y secesión, que en nuestro caso no son nada nuevos.
No obstante, es clara la intención de incidir decididamente en la definición de la política de hidrocarburos de los países del creciente menor – Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela – sobre todo motivado a las dificultades enormes que se desarrolla en el creciente mayor – Irak, Uzbequiztan, Afganistán, Kazagastan, Ucrania, Chechenia- que han impedido aumentar la producción de petróleo y con ello buscar controlar los elevados precios que tiene en este momento en el mercado mundial – por encima de los 100 dólares por barril- que afectan los márgenes de ganancia del capital. La dinámica geopolítica de Sudamérica sufre, por lo tanto, enormes presiones que afectaran en lo inmediato el clima de convivencia del que habíamos gozado hasta ahora. Articular esfuerzos destinados a controlar estas amenazas constituye un accionar urgente por parte de todos en nuestro continente.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
28-03-2008.
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- Historiador
- Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
- Doctor en Historia Social y Política Contemporánea. Profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela. Especialista en Historia Contemporánea de América Latina. DEA en Gerencia Política y Gobernabilidad. Autor de más de 35 artículos sobre procesos políticos. Co-autor de seis Textos sobre Proceso Socio-político en Venezuela. Teléfono Telfax (58) 261 7596253, móvil (58)4126543075. E-mail: juane1208@gmail.com
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