DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)

DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)

La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.

Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009

AMÉRICA LATINA HOY

AMÉRICA LATINA HOY

La situación de América Latina es interesante, desde el punto de vista de los procesos políticos, desde la perspectiva del desarrollo económico pero aun más importante, en la naturaleza de los movimientos sociales.
Desde mediados de la década de los 90, del pasado siglo XX, la situación política caracterizada por la preponderancia de los partidos históricos, ligados a la socialdemocracia o al socialcristianismo, comenzó a cambiar; permitiendo una reorganización y resurgir de las organizaciones de izquierda así como de sus propias propuestas de movilización. Los partidos históricos no pudieron enfrentar la difícil situación de convivir en situaciones de entendimiento político cuando no era factible mantener el consenso sobre la base del clientelismo; ante esa situación los movimientos sociales – históricamente ligados a la izquierda- asumieron una agenda de cambio político radical que propuso el denominado “empoderamiento”, entendido como el acercamiento del ciudadano a la toma de decisiones públicas. Ese cambio y el ascenso en el caudal electoral fue posible debido al impacto del ajuste económico generado por las denominadas reformas de 1era generación, que impusieron un cruento proceso de privatización y desmontaje del Estado Social de Derecho, aumentando el descontento social y dejando en evidencia la escasa capacidad de las fuerzas del status quo para entender el cambio histórico.
En ese contexto, debe asumirse el impacto discursivo de un Hugo Chávez, de un Evo Morales, de Rafael Correa, de Tavaré Vásquez en Uruguay, de Fernando Lugo en Paraguay. El repertorio de protesta social se multiplicó y se extendió como manifestación del cambio. El descontento con los marcos de interpretación, que asumió la democracia exclusivamente como realización de elecciones, fueron sucesivamente puestos en duda y con ello, la capacidad de intermediación de los partidos históricos se disolvió. El cambio se entendió como ajuste institucional. Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay adelantaron progresivamente medidas de ajuste institucional – menos agresivas en Chile, Uruguay, Brasil y más impactantes en el resto- que permitieron la reconfiguración del Estado de Bienestar y se colocaron en línea contraria a las políticas de integración bajo el esquema de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Acompañando esa dinámica, nos encontramos el impulso derivado del discurso nacionalista, de una resemantización de la participación política, asumida como espacio de diversidad y construcción social. Enmarcado en un discurso cuya cabeza lidera Hugo Chávez, es repetido en menor o mayor radicalidad. Se trata de asumir procesos en contravía que asumen los TLC no como asimilación de políticas aduaneras o apertura de puertos, si no como acompañamiento social y socio- productivo, mediante el cual las economías comparten sus debilidades y potencian sus fortalezas. Obviamente no es lo mismo la situación económica de Venezuela, con una economía apuntalada en un precio del barril de petróleo por encima de los 90 US$, con una inflación alta, movilización social directa; a países como Bolivia y Ecuador, con un potencial económico no consolidado y resistencia civil cruentas.
La situación política y económica en todo el continente es disímil. Colombia, tiene el enorme dilema del escándalo de la narcopolítica y el proceso que se le sigue al presidente Uribe, acompañado ello por la presión generada por el papel de aliado estratégico que tiene su gobierno con los EEUU. Brasil y su presidente Lula, cuentan con una estabilidad política y económica envidiable. La potencialidad de la nación carioca contrasta con el resto del continente, aunque no deja de tener la presión del problema de la distribución de la riqueza generada.
Ecuador, con Correa y su proceso de reajuste institucional, acompañado de una política de nacionalización, que permita oxigenar la situación precaria desde el punto de vista económica; se enfrenta a una crisis institucional producto de la resistencia de los grupos de poder enraizados en la sociedad ecuatoriana, para él, el apoyo que pueda obtener de su asociación con Chávez es vital para superar el proceso de aprobación de una nueva Constitución.
La Bolivia de Evo Morales, es quizás el factor de mayor dificultad en Sudamérica. El hecho de ser un gobierno estructurado sobre un partido étnico como el Movimiento al Socialismo (MAS), que reivindica los derechos de los aymaras, de los quechuas y se enfrenta a la sociedad mestiza boliviana, que históricamente a subvalorado, explotado y usufructuado a los indígenas, constituye una fuente de conflictividad constante. El proceso electoral de agosto, en donde Morales obtuvo una ratificación contundente, coloca la situación muy difícil para los prefectos de Beni, Santa Cruz, Pando, que impulsan un secesionismo que se presenta como alternativa al triunfo popular. La perspectiva de desarrollo económico de la explotación y nacionalización del gas boliviano, es una oportunidad clave para la gobernabilidad de Evo.
El Perú de Alan Garcia, se debate entre su acercamiento a los EEUU o su aproximación en el proceso de reinserción y alineamiento entre los movimientos populares de toda Sudamérica. Su situación política no es fácil. El daño y la desintitucionalización causada por el gobierno de Fujimori aun se siente y el liderazgo de García no ha resultado suficiente para reducirla la conflictividad. Paraguay y su reciente presidente Lugo, también experimenta un futuro incierto. La situación de deterioro político derivado del control histórico del partido Colorado es una marca difícil de sacar de la psiquis y la cultura política el paraguayo. Lugo deberá manejarse articuladamente con los procesos de complementación económica que se adelanta con la UNASUR.
Argentina y su presidenta Cristina Kishner, no la tienen fácil. La resistencia civil de los comerciantes agrícolas, aunada a la situación de enfrentamiento generada por el reajuste institucional implementado desde la gestión de su esposo y ex presidente, constituye un peso muerto difícil de lidiar. Para ella, el apoyo político y económico derivado de la asociación con Venezuela puede ser una clave y un peligro. Clave, por la movilización de capitales y el apoyo en el desarrollo energético pero peligroso, por la resistencia que genera Chávez en sectores conservadores en toda América Latina.
El Uruguay de Tavaré Vásquez, experimenta una situación inestable de por sí. Su situación económica, sí bien ha mejorado, no es óptima. Las condiciones de la unidad que lo llevó a ganar las elecciones son frágiles y en cualquier momento puede fracturarse. La asociación económica, que en materia de energía mantienen con Venezuela es vital pero difícil.
Chile y Michell Bachelet, tienen una condición distinta. Económicamente los chilenos gozan de gran estabilidad, pero la conjunción de fuerzas de la presidenta, reúnen a grupos de izquierda y derechas contradictorios. Su firma de un TLC con los EEUU, lo colocan en una situación paradójica con la naciente UNASUR. Geopolíticamente los roces con Argentina y Bolivia, por el tema de la salida al mar con este último es un aspecto duro en las relaciones internacionales.
Venezuela, contando con una economía solvente enfrenta las resistencias de sectores políticos que se oponen a los reajustes institucionales adelantados desde la aprobación de la Constitución en 1999. Chávez cuenta con una resistencia en los medios de comunicación que lo ven como una figura amenazante, pero al mismo tiempo tiene un apoyo popular, que le ha permitido triunfar en 12 de las 13 consultas electorales que ha convocado. Su dinamismo en la arena internacional, impulsada por la diplomacia petrolera resulta incómodo, no sólo para quienes se le oponen internamente, sino para los que se resisten a sus influencias en el resto del continente. El hecho de contar con las reservas energéticas más importantes del mundo, le dan una ventaja que sabe utilizar actualmente.
Centroamérica, es contradictoria también. México, cuenta con una grave crisis económica, que no ha mejorado a pesar del TLC con EEUU y Canadá. Políticamente Felipe Calderón tiene aun el estigma de su victoria criticable en las elecciones, por lo tanto su futuro político depende de su capacidad para crear institucionalidad. Guatemala, Honduras, El Salvador comparten una situación política inestable y una precariedad económica pero se diferencian en la forma en que resuelven esas dificultades. Guatemala y Honduras, han optado por la Alternativa Bolivariana (ALBA) mientras que El Salvador por el TLC. Esto ha generado nuevas conflictividades en toda la zona. Sin duda, asistimos a un momento donde se generan dinámicas institucionales significativas que permiten una discusión acerca del desarrollo de la democracia en todo el continente.

Dr. Juan E. Romero
Historiador
30/08/2008

Venezuela, Ecuador y Bolivia: el efecto de los movimientos sociales

Lo que sucede en América Latina, con este aparente resurgir de la izquierda histórica, debe ser visto desde la óptica de las prácticas disruptivas de los movimientos sociales. Nos referimos a que las formas preponderantes de los modelos democráticos en latinoamérica, sustentados como estuvieron entre los años 60 y 90 del pasado siglo XX, sobre los partidos políticos falló rotundamente.
Los supuestos sobre los que debió construirse el accionar de los partidos políticos en Sudamérica (Colorado, demócratas cristianos, AD, Liberal, Conservador, peronista, por sólo nombrar algunos casos), la respuesta social, la capacidad de cohesión colectiva, la intermediación con las estructuras del Estado Nacional; todas ellas fracasaron y generaron una desbandada de los ciudadanos hacia su confianza en los partidos.
Esa huida ciudadana, acompañada como estuvo de acciones disruptivas - entendidas como formas de protesta y reto al status quo- impulsó la antipolítica como expresión de la cultura política en todo el contexto espacial sudamericano. Con ello, se potenció formas de articulación social más allá de los espacios institucionalizados canalizados por y desde el partido político. La oportunidad política brindada a los movimientos sociales permitió el surgimiento de un descontento y desconfianza generalizada sobre la capacidad del liderazgo democrático surgido desde los partidos, para solucionar la crisis de expectativas de los ciudadanos. Por ello, acciones como la adelantada por los carapintadas en Argentina o las propiciadas por el propio Chávez, en Venezuela, durante 1992, no fueron percibidas negativamente, por lo menos no tanto considerando que pusieron en riesgo el sistema político en ambos países.
¿ Cómo entender esto? la respuesta debe ser múltiple. Por una parte las denominadas reformas de 1era generación, que derivaron en un agresivo proceso de privatización en toda latinoamérca, disminuyó la calidad de vida del ciudadano y minimizó la capacidad de intermediación del partido político, entre el ciudadano y el Estado. Ese espacio dejado libre por los partidos, aunado al descontento hacia las instituciones políticas, fue aprovechado para la articulación de movimientos sociales que reivindicaron la condición de ciudadanía social, entendida como reclamo para una mejor calidad de vida; aspecto esté que apareció lejano en el contexto privatizador de los años 90.
El retroceso electoral de los partidos históricos en toda Latinoamérica, debe ser vista como una manifestación del voto castigo contra la debilidad institucional de los partidos gobernantes y su endulcoramiento ideológico, que hizo posible la transformación del partido en un cascarón vacio y desvinculado de la realidad. En esas circunstancias, liderazgos carismáticos como el de Chávez, Menem, Fujimori, consiguieron un espacio para articularse como mecanismos colectivos de respuestas a la crisis de expectativas, generando movilización y apoyo a sus propuestas. Debemos eso sí, estar claros que el desenvolvimiento institucional no es igual para Fujimori, Menem o Chávez, sobre todo por aquello de tratar de encajarlos bajo la mirada conceptual del neopopulismo.
En este punto, hay que entender que los movimientos sociales exitosos en sus prácticas disruptivas, manejan lo que se denomina repertorios de protestas y acción que suelen ser emulados por otros movimientos sociales. Eso explica por qué Chávez, al tener éxito en el desplazamiento de los actores tradicionales en Venezuela mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999, adelantará una reingeniería institucional que procuró - y logró en gran medida- desplazar de los cargos de representación política a los actores tradicionales. Esa reingeniería institucional, ha sido emulada por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. No se trata de decir que son manipulados por Chávez, se trata que su accionar demostró la efectividad para los movimientos sociales del manejo de un discurso de ruptura con el viejo orden institucional y la posibilidad que tiene un discurso montado sobre la base del rescate de lo social, como tema de la agenda política.
El éxito de las misiones sociales en Venezuela, visto desde el tema de la incorporación de los excluidos ha sido emulado por parte de los demás presidentes, todo ello basado además en torno al planteamiento del nacionalismo petrolero. El hecho que el precio del barril de petróleo haya pasado de menos de 10 US$ por barril en 1998 a más de 100 US$ en este año, le da a Chávez, Morales y Correa una base de acción política que se traduce en una amenaza a los propios intereses de los grupos de poder en sus respectivos países.
No se trata de plantear que su accionar sea 100% correcto. Se trata de entender que responden a unas condiciones de cambio social que les ha permitido tener éxito electoralmente, al identificar a los electorados claves. Para Chávez, se trata de los estratos D y E, en condiciones de extrema pobreza que representaron el 82% del caudal electoral. Para Evo, se trató de las comunidades aymaras y quechuas, históricamente excluidas. Para Correa, se trató de los sectores sociales decepcionados con el retroceso del Estado Social. Todos ellos son casos evidentes de un accionar de los movimientos sociales, con marcos interpretativos que comparten elementos comunes: lucha contra la pobreza, el rescate de los político más allá de lo simplemente electoral, la incorporación de grupos de excluidos en la toma de decisiones públicas, el empoderamiento colectivo, la corresponsabilidad social, son sólo algunos de los temas.
Ahora bien, pensar que está reingeniería no produce resistencias es ilógico. Las primeras resistencias son internas. Los grupos de poder, que funcionan a través de redes de relaciones se resisten a ser desplazados. Internamente, se presenta la dificultad de la efectividad de las medidas colectivas tomadas por los respectivos líderes carismáticos y finalmente, se trata de la propia capacidad de diseñar una política pública transparente. Externamente, el reajuste institucional los enfrenta con los intereses económicos y geoestratégicos de las transnacionales y los propios intereses en la región de los EEUU. No se debe olvidar que Venezuela, Bolivia y Ecuador reúnen entre los tres (3) cerca del 12% de las reservas de petróleo del mundo, cerca del 6% de las reservas de gas, un aproximado de 3% de la reserva de bioma y cerca de un 5% de las reservas de agua potable. Todos ellos elementos estratégicos para el futuro de las naciones en el siglo XXI.
Los EEUU , han visto retroceder no sólo sus apoyos institucionales en buena parte del continente, además experimentan una grave situación económica derivada del hecho del enorme gasto energético que conlleva mantener movilizadas en situación de guerra a sus efectivos militares en Irak, Afganistán y otras partes del mundo. Estamos hablando que cada soldado movilizado gasta un promedio de 60 litros de gasolina diarios, Los EEUU tiene más de 184.000 en Irak, unos 85.000 en Afganistán y unos 33.000 más en otras partes del mundo. Todo ello se traduce en un gasto energético que supera los 15.000.000 de litros diarios, a un costo estimado cada litro de 1,20 US$. Se trata de una cifra que somete a una situación de inseguridad a todo el aparato institucional de los EEUU. Ante esto, gobiernos como el de Chávez, Evo y Correa resultan, por decir lo menos, molestos y de ahí las resistencias externas.
Todo esto nos permite entender la conflictividad actual y futura del área sudamericana en estos años. Pero debe ser objeto de una discusión seria, acerca de los modelos de democracia, el papel de los partidos y el accionar de la sociedad civil. De nuevo, es una oportunidad extraordinaria para el análisis de lo inmediato.

Dr. Juan E. Romero
La Universidad del Zulia
Historiador 27/08/2008

LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA

LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA

Colombia y Bolivia comparten un mismo riesgo: el de las potenciales conflictividades internas. Ambos países presentan un esquema de confrontación común: alto niveles de exclusión social, pobreza critica, potencialidades económicas que lo convierten en foco de atención de los más dispares intereses del mundo capitalista. Sin embargo, las motivaciones del conflicto son diametralmente opuestas.
El conflicto en Colombia esta relacionado con un sistema de partidos dominantes que impera desde inicios del siglo XIX. La movilidad política en Colombia es absolutamente limitada y esta asociada a un conjunto de familias que históricamente han ocupado los puestos claves de la administración publica y han constitutito redes de poder y relaciones de complementariedad que les ha facilitado gobernar con los partidos liberal y conservador. Esta escasa movilidad es la principal fuente de conflictividades en Colombia. Se ha manifestado contundentemente en los años finales de la década del 90 en el pasado siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI mediante un incremento de los procesos armamentísticos en el vecino país.
La reciente manifestación de fuerza de Colombia al bombardear un campamento en Ecuador no es solo un reto al Derecho Publico Internacional, es un aviso militar estratégico de la denominada Revolución en Acciones Militares (RAM), que debe ser entendida como el uso militar de la ciencia y la tecnología de punta con el objeto de lograr una superioridad militar de una fuerza armada sobre otra. El bombardeo dirigido a través de satélites inteligentes que permitieron quirúrgicamente destruir el campamento de las FARC-EP es una muestra contundente del impacto de la RAM en las fuerzas armadas colombianas y la marca de los EEUU detrás de ello. Precisamente de este riesgo de desequilibrio militar, que transforma a Colombia en el principal socio estratégico de los EEUU en Sudamérica pasando sobre las tradicionales asociaciones que tenían con Argentina y Brasil, pasa a constituirse en un factor de perturbación en todo el subcontinente y en esa perturbación debe entenderse la propuesta de constituir un Consejo de Defensa que facilite la resolución de controversias y conflictos, al mismo tiempo que genere el espacio para crear medidas de confianza mutua, que se traduzcan en un control del gasto militar y en mecanismos de regulación sobre las fuerzas armadas del continente por parte del sector civil.
Colombia, ha venido incrementado el porcentaje del PIT que dedica a gastos de seguridad y defensa y esa acción viene acompañada por un discurso agresivo - estratégicamente alineado a los intereses de EEUU – por parte del Ministro de Defensa colombiano, destinado a dejar en claro que Colombia atacara a las FARC-EP en “cualquier parte”. Esa declaración es una muestra de prepotencia que puede ocasionar un constante foco de alteración y abrir con ello el camino a escenarios de enfrentamiento.
Bolivia por su parte, es un foco de perturbación por factores completamente ajenos a los de Colombia. No se trata que el gobierno de Evo Morales sea un peligro militar sobre los demás vecinos, mas bien Bolivia se transforma en un foco de perturbación por las inminentes acciones subversivas y separatistas que vienen desarrollándose en función del impacto económico y estratégico del gas y los hidrocarburos en ese país. El debate desatado – más bien solapado – sobre el tema de las autonomías regionales es un modelo que si llega a explotar puede tener inminentes consecuencias negativas para toda Sudamérica.
Los intereses de los países del G-8, sobre todo en lo referido a los recursos energéticos conducen a una presión sobre gobiernos de corte popular como el de Evo Morales. Se trata de generar apoyos internos – ocultos tras la bandera del regionalismo y autonomismo- que sirvan para adelantar acciones de presión social y colectiva que obliguen a esos gobiernos a negociar, sobre la base de los intereses económicos de las trasnacionales petroleras. La proyección de ese accionar que se esta desatando en Bolivia sobre otros áreas de Sudamérica como Ecuador y nuestro país es una realidad que debe ser tomada en consideración. Incluso amenaza la posición más equilibrada – en relación con los intereses del capital trasnacional- del gobierno de Lula en Brasil, sobre todo por las asociaciones estratégicas que vienen adelantándose y que pueden concretarse en proyectos como el de la Refinería de Pernambuco, en sociedad entre el capital venezolano y brasileño, que indudablemente amenaza esos intereses del G-8.
Las acciones que se desarrollan, principalmente en la provincia de Santa Cruz en Bolivia, es un laboratorio vivencial de prácticas colectivas de presión sobre la estructura gubernamental, destinada a debilitar las posiciones nacionalistas y obligar al establecimiento de una negociación entre los factores “cívicos y autonomistas” y el “gobierno centralista”. Este discurso ya ha sido ensayado en Argentina, Brasil y en nuestro propio país. Son las conocidas quejas de la elite zuliana acerca del impacto que tiene la extracción de petróleo por parte del gobierno central. Se trata de construir una matriz de opinión destinada a demonizar las políticas nacionalistas, favoreciendo con ello un posible acuerdo con compañías trasnacionales, pero detrás de esta afirmación hay serios planes de segregación y secesión, que en nuestro caso no son nada nuevos.
No obstante, es clara la intención de incidir decididamente en la definición de la política de hidrocarburos de los países del creciente menor – Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela – sobre todo motivado a las dificultades enormes que se desarrolla en el creciente mayor – Irak, Uzbequiztan, Afganistán, Kazagastan, Ucrania, Chechenia- que han impedido aumentar la producción de petróleo y con ello buscar controlar los elevados precios que tiene en este momento en el mercado mundial – por encima de los 100 dólares por barril- que afectan los márgenes de ganancia del capital. La dinámica geopolítica de Sudamérica sufre, por lo tanto, enormes presiones que afectaran en lo inmediato el clima de convivencia del que habíamos gozado hasta ahora. Articular esfuerzos destinados a controlar estas amenazas constituye un accionar urgente por parte de todos en nuestro continente.

Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
28-03-2008.