Colombia, EEUU, paramilitares y petróleo

Colombia, EEUU, paramilitares y petróleo

En mayo de 2006, George W. Bush anuncia su Doctrina de Seguridad Nacional que planteó una profundización de los lineamientos asumidos por su gobierno desde el ataque del 11-S de 2001. Puede ser resumidas en tres aspectos: 1) la guerra preventiva, en donde las acciones militares pasan de ser reactivas a un nuevo papel de previsión, en donde los enemigos son objetos de acciones militares antes “que actúen”; 2) evitar el desafío a su superioridad militar y 3) reducir la dependencia del petróleo extranjero.
Sobre la base de estos supuestos paradigmáticos de acción, los EEUU incrementó inmediatamente después de los ataques a las Torres gemelas su presupuesto militar. Poco después, definió las líneas de la intervención en Afganistán sobre el supuesto de la vinculación de los talibanes con Osama Bin Laden, cuando en realidad se trataba de acercarse a una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Inmediatamente después comenzó la campaña destinada a atacar al gobierno de Sadam Hussein en Irak, sobre la doctrina de la prevención, ignorando con ello elementos de la Doctrina del derecho internacional derivados del Tratado de Wesfalia de 1648 que estableció que los Estados Nacionales sólo tenían derecho al uso de la fuerza en las ocasiones en que haya sido atacado. Los EEUU con ese accionar trastocaron todo el orden internacional, en lo que respecta al derecho Internacional.
¿Cómo se relaciona esa doctrina de seguridad con Colombia y Venezuela?. El punto de conexión es el aparte de las amenazas. El documento establece que los estados considerados parias, es decir aquellos incapaces de mantener el orden interno son un peligro para los intereses de los EEUU. Ese es el caso de Colombia, por eso las expresiones del Plan Colombia primero, hoy Plan Patriota. Colombia ha estado sumida en más de 60 años de conflictos, que amenazan la integración de la economía colombiana al Sistema Capitalista Mundial, aunado al impacto que tiene la generación de capital financiero ilegal a través de la comercialización de la cocaína. La capacidad que tienen esos capitales para desestabilizar la economía mundial es máxima y resulta una amenaza latente para las pretensiones hegemónicas de los EEUU.
Por su parte, Venezuela entra en la amenaza de estados resistentes a la imposición cultural occidental, sobre todo por sus asociaciones estratégicas con Irán, Irak, China y Rusia. La insistencia de los EEUU en la “amenaza Chávez”, por la diplomacia petrolera que ha generado una recuperación de los precios del barril del petróleo así como de la capacidad de la OPEP para imponer los precios internacionales ha sido considerado un peligro para los intereses regionales de los EEUU en Sudamérica y el mundo. El reciente informe de la oficina de Inteligencia del Congreso y el Departamento de Estado así lo señalan.
Este peligro se ve incrementado, desde la óptica de los EEUU, por las compras que ha realizado Venezuela a Rusia, en lo que respecta a aviones, fusiles, submarinos y radares, en respuesta a la adquisición de armamento por parte de Colombia. En este aspecto hay que recordar que nuestro vecino país ha adquirido en los últimos años cerca de 60 helicópteros Black Hawk de tecnología ultramoderna, sistemas de misiles aire-tierra, sistema de navegación nocturna que le da una preponderancia aérea a Colombia. Adicionalmente hay que recordar que Colombia ha pasado de tener 200 mil efectivos militares activos a más de 350 mil. Nuestro país llega a 220 mil efectivos activos y una reserva militar que dice contar con más de 1 millón de hombres, pero cuya experticia militar limitada.
En este punto del juego geopolítico, es que se agregan Uribe y los paramilitares. El proyecto de Seguridad Hemisférica de los EEUU depende de la posibilidad de emplear a Colombia como base de sus operaciones en Sudamérica, sobre todo por el cambio que ha significado desde el punto de vista de los movimientos sociales el creciente proceso de “izquierdización” de las democracias con Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Kishner en Argentina, Tavare Vasquez en Uruguay aunado al mismo Chávez. Los paramilitares le han permitido a Uribe adelantar su política de seguridad democrática, a través de la cual pretende imponer la paz mediante el uso de la fuerza.
Sus acciones se han extendido hasta la frontera venezolana, principalmente los estados Zulia y Táchira, en donde los paramilitares se han dado a la tarea de amenazar a las organizaciones o movimientos sociales, con la anuencia de ganaderos y productores agrarios de esos estados que ven como una amenaza a sus intereses el impulso que desde el gobierno de Chávez se le ha dado a estas organizaciones populares. El choque entre las perspectiva geoestratégica de Chávez y la Doctrina de Seguridad de Bush hace ver las profundas amenazas que a nuestra estabilidad se están dibujando, que se suma al hecho que nuestro país tiene las reservas estratégicas de petróleo más importantes del mundo, por eso la ofensiva de la Exxon acompañada de las denuncias contra Chávez, que quieren terminar en la declaratoria de Venezuela como un estado forajido objeto de sanciones internacionales y aislamiento institucional. Denunciarlo en su justa medida no es una cuestión de alarmismo, esperamos ser escuchados…

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador/profesor Universitario
Juane1208@gmail.com
25/02/2008

LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA

LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA

Colombia y Bolivia comparten un mismo riesgo: el de las potenciales conflictividades internas. Ambos países presentan un esquema de confrontación común: alto niveles de exclusión social, pobreza critica, potencialidades económicas que lo convierten en foco de atención de los más dispares intereses del mundo capitalista. Sin embargo, las motivaciones del conflicto son diametralmente opuestas.
El conflicto en Colombia esta relacionado con un sistema de partidos dominantes que impera desde inicios del siglo XIX. La movilidad política en Colombia es absolutamente limitada y esta asociada a un conjunto de familias que históricamente han ocupado los puestos claves de la administración publica y han constitutito redes de poder y relaciones de complementariedad que les ha facilitado gobernar con los partidos liberal y conservador. Esta escasa movilidad es la principal fuente de conflictividades en Colombia. Se ha manifestado contundentemente en los años finales de la década del 90 en el pasado siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI mediante un incremento de los procesos armamentísticos en el vecino país.
La reciente manifestación de fuerza de Colombia al bombardear un campamento en Ecuador no es solo un reto al Derecho Publico Internacional, es un aviso militar estratégico de la denominada Revolución en Acciones Militares (RAM), que debe ser entendida como el uso militar de la ciencia y la tecnología de punta con el objeto de lograr una superioridad militar de una fuerza armada sobre otra. El bombardeo dirigido a través de satélites inteligentes que permitieron quirúrgicamente destruir el campamento de las FARC-EP es una muestra contundente del impacto de la RAM en las fuerzas armadas colombianas y la marca de los EEUU detrás de ello. Precisamente de este riesgo de desequilibrio militar, que transforma a Colombia en el principal socio estratégico de los EEUU en Sudamérica pasando sobre las tradicionales asociaciones que tenían con Argentina y Brasil, pasa a constituirse en un factor de perturbación en todo el subcontinente y en esa perturbación debe entenderse la propuesta de constituir un Consejo de Defensa que facilite la resolución de controversias y conflictos, al mismo tiempo que genere el espacio para crear medidas de confianza mutua, que se traduzcan en un control del gasto militar y en mecanismos de regulación sobre las fuerzas armadas del continente por parte del sector civil.
Colombia, ha venido incrementado el porcentaje del PIT que dedica a gastos de seguridad y defensa y esa acción viene acompañada por un discurso agresivo - estratégicamente alineado a los intereses de EEUU – por parte del Ministro de Defensa colombiano, destinado a dejar en claro que Colombia atacara a las FARC-EP en “cualquier parte”. Esa declaración es una muestra de prepotencia que puede ocasionar un constante foco de alteración y abrir con ello el camino a escenarios de enfrentamiento.
Bolivia por su parte, es un foco de perturbación por factores completamente ajenos a los de Colombia. No se trata que el gobierno de Evo Morales sea un peligro militar sobre los demás vecinos, mas bien Bolivia se transforma en un foco de perturbación por las inminentes acciones subversivas y separatistas que vienen desarrollándose en función del impacto económico y estratégico del gas y los hidrocarburos en ese país. El debate desatado – más bien solapado – sobre el tema de las autonomías regionales es un modelo que si llega a explotar puede tener inminentes consecuencias negativas para toda Sudamérica.
Los intereses de los países del G-8, sobre todo en lo referido a los recursos energéticos conducen a una presión sobre gobiernos de corte popular como el de Evo Morales. Se trata de generar apoyos internos – ocultos tras la bandera del regionalismo y autonomismo- que sirvan para adelantar acciones de presión social y colectiva que obliguen a esos gobiernos a negociar, sobre la base de los intereses económicos de las trasnacionales petroleras. La proyección de ese accionar que se esta desatando en Bolivia sobre otros áreas de Sudamérica como Ecuador y nuestro país es una realidad que debe ser tomada en consideración. Incluso amenaza la posición más equilibrada – en relación con los intereses del capital trasnacional- del gobierno de Lula en Brasil, sobre todo por las asociaciones estratégicas que vienen adelantándose y que pueden concretarse en proyectos como el de la Refinería de Pernambuco, en sociedad entre el capital venezolano y brasileño, que indudablemente amenaza esos intereses del G-8.
Las acciones que se desarrollan, principalmente en la provincia de Santa Cruz en Bolivia, es un laboratorio vivencial de prácticas colectivas de presión sobre la estructura gubernamental, destinada a debilitar las posiciones nacionalistas y obligar al establecimiento de una negociación entre los factores “cívicos y autonomistas” y el “gobierno centralista”. Este discurso ya ha sido ensayado en Argentina, Brasil y en nuestro propio país. Son las conocidas quejas de la elite zuliana acerca del impacto que tiene la extracción de petróleo por parte del gobierno central. Se trata de construir una matriz de opinión destinada a demonizar las políticas nacionalistas, favoreciendo con ello un posible acuerdo con compañías trasnacionales, pero detrás de esta afirmación hay serios planes de segregación y secesión, que en nuestro caso no son nada nuevos.
No obstante, es clara la intención de incidir decididamente en la definición de la política de hidrocarburos de los países del creciente menor – Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela – sobre todo motivado a las dificultades enormes que se desarrolla en el creciente mayor – Irak, Uzbequiztan, Afganistán, Kazagastan, Ucrania, Chechenia- que han impedido aumentar la producción de petróleo y con ello buscar controlar los elevados precios que tiene en este momento en el mercado mundial – por encima de los 100 dólares por barril- que afectan los márgenes de ganancia del capital. La dinámica geopolítica de Sudamérica sufre, por lo tanto, enormes presiones que afectaran en lo inmediato el clima de convivencia del que habíamos gozado hasta ahora. Articular esfuerzos destinados a controlar estas amenazas constituye un accionar urgente por parte de todos en nuestro continente.

Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
28-03-2008.

LA REUNIÓN DEL GRUPO DE RÍO Y EL CONFLICTO EN COLOMBIA

LA REUNIÓN DEL GRUPO DE RÍO Y EL CONFLICTO EN COLOMBIA

La recién finalizada reunión del Grupo de Río arroja una serie de conclusiones acerca del Sistema Interamericano de Resolución de Conflictos. En primer lugar, deja claro que no es necesaria la injerencia de los EEUU para que los países latinoamericanos busquen normalizar sus relaciones en casos como el vivido entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Históricamente desde la creación del Sistema Interamericano representado en la Organización de Estados Americanos (OEA) la resistencia o imposición de líneas de acción en base a los intereses del gobierno norteamericano ha sido una fuente de perturbación.
Inicialmente, en los primeros momentos después del bombardeo del día sábado que costo la vida de Raúl Reyes, los EEUU fijó una posición de acuerdo con su Doctrina de Seguridad y Defensa que avala la tesis de la Guerra Preventiva, que es violatoria de todos los acuerdos que rigen el sistema- mundo. Como se recordará, después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de George W. Bush hizo suya una tesis que ha sido llevada a su máxima expresión por el Estado de Israel en el Medio Oriente. Mediante este planteamiento los EEUU actúa en condiciones en las que considera amenazado sus intereses estratégicos, sin que se haya producido una acción que así lo amerite. Ese planteamiento violenta la estructura de las relaciones entre las naciones establecidos desde el Tratado de Wesfalia en el siglo XVII.
Cuando Colombia hace suya esta tesis, genera un impacto significativo sobre la resolución pacífica de controversias, al mismo tiempo que muestra una acción que militarmente propende a resaltar el papel estratégico que tiene en su relación con los EEUU. Esa actitud crea desequilibrios que el reciente acuerdo no termina de solucionar, pero que deja planteado como uno de los grandes retos que debe asumir el Sistema Interamericano.
En segundo lugar, la actitud de los Presidente Lionel Fernández, Felipe Calderón, Cristina Fernández de Kishner, Luís Ignacio Lula da Silva, señala una nueva ruta de mediaciones que puede extenderse hacia la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto trasnacional que ocurre en Colombia y que afecta a todos sus vecinos (Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela). La discusión que se generó acerca de la tendencia militarista del gobierno de Uribe a través de su política de Seguridad Democrática y el impacto en las relaciones subregionales debe ser asumida como una tesis profundamente debatida en el seno de esa organización, surgida en el contexto de la crisis en Centroamérica en los años 80.
En tercer lugar, la resolución de la disputa sin la intervención directa de la OEA a través de su Secretario General, José Manuel Insulza, coloca en una situación comprometedora al Sistema Interamericano construido en función de los intereses estratégicos de los EEUU. Ha sido la actitud prepotente del departamento de Estado Norteamericano que ha venido envileciendo las posibilidades de intermediación de este organismo en los distintos conflictos surgidos en Latinoamérica.
En cuarto lugar, al dirigirse la discusión acerca del conflicto en Colombia sobre el tema de la inversión militar en ese país con el apoyo financiero de los EEUU surge el debate sobre el impacto de los desplazados generados por el conflicto. Es público que en los países vecinos de Colombia hay más de 4 millones de desplazados que impactan el desarrollo de políticas sociales por parte de Ecuador, Brasil, Panamá y Venezuela, pero no se trata sólo del impacto producido por los desplazados, si no que el debate se estructuró sobre el impacto que la pobreza tiene en el conflicto histórico vivido por nuestro vecino país. Colombia tiene unos niveles de pobreza y exclusión que siguen siendo una fuente de conflicto social, por las crisis de expectativas que produce. Cerca de un 45% de los niños en edades comprendidas entre los 8 y 14 años viven en situación de pobreza crítica, con escasas oportunidades de ascenso social; que se ven incrementadas por las características sociocéntricas de la sociedad colombiana que privilegia el ascenso social en función de la tradición de los apellidos. Este problema fue objeto del debate y es un tema central en la búsqueda de una resolución.
En quinto lugar, en lo que respecta al desenvolvimiento de los gobiernos de Correa y Chávez, su accionar – inicialmente amenazante- en respuesta a la demostración de fuerza estratégica militar de Colombia, fue contundente y a pesar de las voces agoreras no llego a más, aunque los analistas opuestos a ambos presidentes indicarán que estaban al borde de una guerra. Esa fantasía no habría sido posible pues militarmente Colombia sabía que una reacción a la movilización de tropas por parte de Ecuador y Venezuela podía ser asumida como un acto contundente de guerra, que la habría sumido en una confrontación en dos frentes y regionalizado el conflicto ante una segura intervención de los EEUU. Por otra parte, la contundencia de la defensa del derecho Internacional público por parte de Chávez y Correa no permitió que se desvíe la atención de la discusión hacia el tema – real o no- del apoyo de estos gobiernos a la guerrilla de las FARC. En definitiva, la dinámica de resolución del conflicto, coloca muy mal a la OEA que queda comprometida a realizar un estudio exhaustivo de lo acontecido, buscando con ello retomar el camino de la confianza mutua, tan seriamente lastimado por el cruce de acusaciones entre los presidentes Uribe, Correa y Chávez.

Dr, Juan E. Romero
Historiador
juane1208@gmail.com

Las 3 ERRES de Chávez

LAS 3 ERRES DE CHÁVEZ

El anuncio que hizo Chávez en el Aló presidente del domingo 06 de enero, debe ser visto con una lectura múltiple. En primer lugar, es el resultado de los efectos de la primera derrota política contundente que ha sufrido, desde que llegó al poder en diciembre de 1998. El rechazo manifestado al proyecto de Reforma Constitucional refleja como buena parte de los más de 7 millones de votos que obtuvo en diciembre de 2006, mostraron actitudes muy conservadoras en torno a los denominados valores socialistas.
En segundo lugar, el anuncio responde a la necesidad de reposicionar las fuerzas políticas que lo han apoyado en estos casi 10 años de gestión. La propia dinámica socio- política que ha implementado, sobre todo a partir de la relegitimación de los poderes efectuadas en julio del año 2000, ha generado una progresiva depuración de los diversos sectores que conforman el chavismo, esta depuración ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha cohesionado sus fuerzas hacia lo interno, permitiendo identificar los elementos más cercanos a su postura política, pero por otra parte, las fuerzas políticas que en un momento lo habían apoyado al dejar de hacerlo han pasado a constituirse en elementos fuertes en la conformación de la oposición.
En tercer lugar, Chávez está haciendo una lectura sui generis de los planteamientos de Antonio Gramsci sobre la construcción de un bloque histórico. Esta construcción implica unas alianzas de clases, en un sentido amplio, de forma tal que logre el convencimiento de sectores heterogéneos de la sociedad venezolana en torno a un compromiso con el proyecto de país. Este proceso tiene sus riesgos. Sí, no viene acompañada esta nueva etapa por una profundización del debate ideológico, que a decir verdad, ha estado ausente en lo interno del chavismo, se puede derivar en un proceso de endulcoramiento ideológico que produzca una migración de la preferencia electoral que hasta ahora había capitalizado Chávez.
No hay duda, que el planteamiento en torno a la revisión, la rectificación y el reimpulso (las 3 erres) establecido por Chávez busca la consolidación del chavismo como un factor hegemónico. Chávez en la etapa 1999-2006 completó el proceso de desplazamiento de los factores políticos opuestos a su oferta electoral, pero el crecimiento aritmético que experimentó en el lapso 2000-2006 se vio estancado en esta aventura política de la reforma. El mismo presidente comentó la falsa percepción que tuvo del momento, o más bien de la oportunidad política para lanzar el ajuste ideológico hacia el socialismo del siglo XXI. Creo que sí pretende avanzar en este debate ideológico un buen comienzo seria la adecuada discusión acerca de las particularidades del planteamiento. Los recién conformados batallones electorales – las antiguas unidades de batalla electoral (ube)- deben empezar por generar una discusión profunda de las bases del pensamiento clásico marxista. Aplicando las tesis de Gramsci, el PSUV que es más un partido de masas que de cuadros, debe ser capaz de motorizar la conformación de un bloque histórico que incluya otros sectores, no necesariamente comprometidos en esta etapa de debate, pero que sí puedan compartir ciertos valores definitorios de esa idea de socialismo a la venezolana, marcada por la solidaridad, el compromiso ético y la eficiencia.
La revisión pasa por los mecanismos institucionales de desarrollo político. Una de las lecciones del 2-D es que la maquinaria burocrática del chavismo hizo mucho daño, en cuanto su estancamiento al momento de generar respuestas políticas. En este sentido, revisión y rectificación están acompañados, pues la otra lección del 2-D es que hay cerca de 3 millones de votantes del chavismo que son susceptibles de migrar hacia donde mejor sople el viento, y evitarlo – para el chavismo- pasa por mantener las expectativas de mejora en la calidad de vida de los venezolanos y no hay duda, que el actual estado de inercia del aparato burocrático no ayuda a esto.
De nada vale mantener un crecimiento económico sostenido, sí esté no viene acompañado por la eficacia al momento de la administración. El reimpulso estará marcado entonces por el establecimiento de una práctica ideológica que acompañe el tan anunciado proceso de cambio y eso se traduce en manejos más pulcros en la resolución de las necesidades del ciudadano promedio. Las 3 erres, se traducen en una oportunidad para retormar el proceso de consolidación de las expectativas que le han permitido capitalizar las preferencias del voto del elector. No avanzar en el fortalecimiento organizacional en el transcurso de este año, puede traducirse en una posibilidad de derrota política en las elecciones para alcaldes y gobernadores. No hay duda, que la situación del chavismo es difícil pues tiene que lidiar con dos dinámicas paralelas: la organización de sus fuerzas en torno al PSUV y el compromiso de actuar eficazmente ante las necesidades de sus electores y adeptos políticos, todo es un espacio muy corto de maniobra política que comienza ya y termina con las elecciones. La oportunidad es clara, pero el riesgo si no se asume con seriedad el debate es mucho.
Sí Chávez desarrolla la tesis de Gramsci de construcción de un Bloque Histórico, asegura su hegemonía más allá del 2012, de lo contrario puede acelerar la migración de un voto que demostró el 2-D no estar comprometido ideológicamente con sus propuestas.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com

El Congreso Fundacional del PSUV

El Congreso fundacional del PSUV

La instalación del Congreso fundacional del PSUV es clave para el futuro del sistema político venezolano. Y no se trata de una defensa del chavismo como fuerza política, sino de entender que los cambios experimentados por los partidos políticos históricos, así como por los nuevos actores políticos surgidos a partir de 1993 han generado modificaciones en la cultura política del venezolano.
Los tradicionales partidos AD y COPEI, disminuyeron su presencia electoral en el período 1993-2000 y fueron sustituidos por nuevos actores – Convergencia, La Causa Radical, MVR, Proyecto Venezuela, Primero Justicia- al mismo tiempo que se han agregado otros (Un Nuevo Tiempo). Cuando Chávez decreta la desaparición del MVR, lo hace basado en una lectura de los resultados electorales de diciembre de 2006, donde las fuerzas que lo apoyan se impusieron contundentemente sobre los demás actores. Los más de 7 millones de votos, le indicaba a Chávez la posibilidad de concretar una única fuerza política, que consolidará la modificación del sistema de partidos, pasando ha constituirse en un sistema de partido dominante, que es aquel donde existiendo diversas organizaciones políticas, hay una de ellas que es hegemónica por sí sola en relación a las demás.
Para Chávez, esas elecciones del 3-D de 2006, le señalaban el momento para el ajuste ideológico o el “gran viraje estratégico”. Sin embargo, la ponderación de las condiciones organizativas del aparato que habría de sustituir al MVR, que fue una maquinaria electoral efectiva, no fueron las adecuadas. Los ritmos de organización del PSUV demostraron ser demasiados coactivos y no respondieron a una lógica de coherencia interna, que posibilitará la consolidación del triunfo obtenido en el 2006. El aparato político del PSUV, naufragó a las tendencias internas que habían sobrevivido a una debacle electoral en el MVR. Esas tendencias que han existido desde la fundación misma del Movimiento Quinta República, son una consecuencia de la subsistencia hacia lo interno, de los diversos factores que se agruparon en torno al liderazgo carismático de Hugo Chávez: 1) los militares complotados el 4F, 2) los grupos radicales de izquierda asociados a la insurgencia de la década de los 60, 3) los movimientos sociales de izquierda movilizados en la crisis del sistema político en los años 90 y 4) los descontentos provenientes de otros partidos y simples tránsfugas políticos. Todos ellos subsisten y perviven con sus contradicciones en el PSUV.
Esa permanencia, aunada a los resultados electorales del 2-D de 2007, obligan al Congreso Fundacional a plantearse una discusión en los siguientes términos: a) la necesaria revisión de su militancia, que fue establecida en más de 5 millones de aspirantes, b) la naturaleza del planteamiento ideológico que definirá la estructura programática del partido, c) la conformación de un aparato organizativo interno que asegure un caudal electoral en los procesos del 2008, d) la definición misma del partido, en el sentido de ser un partido de masas o de cuadros, que logré concretar la conformación de un bloque histórico en el sentido gramsciano del término.
Por otra parte, es clave para cualquier organización política el planteamiento en torno a las posibles alianzas de clases que pueda establecer para consolidar su poder político. El PSUV tiene el reto de intentar mantener los cerca de 280 alcaldes con los que cuenta en este momento, así como los 19 gobernadores cercanos al presidente, pero para ello el Congreso Fundacional debe definir sus directrices organizativas, transformarse en un aparato político coherente y cohesionado que logre pasar sobre las marcadas apetencias internas, de las diversas facciones que sobreviven en el PSUV y que se están movimiento en torno a las precandidaturas a los diversos cargos. Hay un indicio preocupante: en la mayoría de los estados o entidades regionales ya existen por parte del chavismo, un mínimo de tres 3) precandidatos a gobernadores o alcaldes; y es preocupante pues el PSUV tendrá que navegar en un proceso en dos direcciones: 1) la consolidación organizativa y 2) la competencia electoral. Será decisivo saber que líneas dictará el Congreso para evitar escisiones o divisiones ante resultados adversos por parte de algunos de los candidatos. Es decir, debe dejarse claramente establecido que los candidatos que concurren a las elecciones internas deben comprometerse al apoyo de quién resultase ganador, así como deben compartir una agenda política común. Como se ve, todos estos aspectos son meramente organizativos y definen la capacidad de una organización para afrontar una dinámica tan activa como la que viviremos en el 2008. El reto para el Congreso, es avanzar en el debate ideológico y superar el fraccionamiento interno, de lo contrario la supervivencia política del chavismo puede verse comprometida seriamente.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gamil.com

Colombia, después de la operación humanitaria

COLOMBIA, después de la operación humanitaria

La reciente liberación de los dos rehenes por parte de las FARC, introduce una variable interesante en el conflicto colombiano, se trata de la posibilidad de humanizar el conflicto y sacarlo del proceso de militarización de la política. El gobierno de Uribe se encuentra comprometido en las actuales circunstancias en producir una medida de reciprocidad que equilibre las acciones de las FARC. Sin embargo, esta acción no es fácil, las presiones recibidas por el presidente de Colombia como consecuencia del papel geopolítico que juega en el contexto del Cono Sur, al transformarse en el principal socio- militar de los EEUU en esta zona del Hemisferio, es una impronta que marca cualquier accionar de la política en el vecino país.
Cuando las FARC liberan a dos civiles, abre el camino de la humanización del conflicto, que ha sido desvirtuado en más de 60 años de confrontación civil. El problema de Colombia, ha sido que la perdida de humanidad y la violación de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos en el conflicto político ha sido una constante, tanto por parte de los actores tradicionales (Grupos políticos, FARC, FFAA) como de los nuevos actores violentos (narcotráfico y paramilitares). Retomar el camino de la regularización de la guerra sólo puede ser logrado mediante la mediación internacional, que equilibre las presiones que recibe el gobierno de Uribe y que lo obligan, para mantener la lógica de su política de Seguridad Democrática, basada en un pensamiento que pretende lograr la imposición de la paz mediante la presión de la guerra. Hemos insistido, que no se trata de defender a las FARC, ni de acusar al gobierno de Chávez de colaborador de la guerrilla y mucho menos caer en la diatriba de las acusaciones contra el pasado paramilitar de la familia de Uribe, se trata de entender que es necesario encausar el conflicto social en Colombia a través de la construcción de una vía de mediación y entendimiento contando con la facilitación internacional.
Esta facilitación, pasa por el camino del intercambio humanitario, pero para ello es imprescindible que el gobierno de Uribe responda con un gesto equivalente a la acción de liberación de las FARC, con la finalidad de crear mecanismos de “confianza mutua”, que en este momento son inexistentes. El camino del diálogo no es fácil, pues incluye la consideración de aspectos tan disímiles como el tratamiento del tema del secuestro como vehículo de presión política, el tratamiento en el marco del derecho Humanitario Internacional a los civiles secuestrados, el desenvolvimiento bajo los Acuerdos de Ginebra de la confrontación militar entre las FARC y el Ejército colombiano, así como la posibilidad de dictar medidas de supervisión y garantías que aseguren la desmovilización militar y la restitución a la vida política bajo condiciones de seguridad. Procesos parecidos ya han ocurrido en América Latina: la dinámica salvadoreña con el Frente Farabundo Martí de Liberación nacional (FMLN), la pacificación en Guatemala, el proceso zapatista en México, son sólo algunos ejemplos que demuestran que sí es posible la construcción de la paz con la ayuda internacional.
Un arista significativa del problema colombiano, son las enormes inversiones que en materia de equipamiento militar ha recibido el Estado en el período 1998-2010. Es lo que se conoce como Gasto en Fuerza Pública (GFP). En el período 1998-2002 la inversión por concepto del Plan Colombia superó las 4.000 millones de dólares, el período 2002-2007 la inversión ha estado cercana a los 7.000 millones y ha obligado al Estado colombiano a crear un impuesto especial para financiar el GFP hasta el 2010. El porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al GFP en el período 1993-1998 fue de 3,1, para el período 1999-2006 ha llegado a 6,5%. Este factor es decisivo para cualquier proceso de mediación, pues la presión internacional para la búsqueda de la paz es el único vehículo que puede impedir la constante intromisión de los intereses económicos de los EEUU en la guerra, y hacer que derive esa presión hacia acciones que regularicen y humanicen el conflicto social colombiano.
Uribe, se vería forzado a responder en un contexto de presión multilateral, conjugado con las movilizaciones y acciones que puedan adelantar las asociaciones civiles asociados a los secuestrados por las FARC y el ELN, así como el nuevo papel que puedan tener Clara Rojas y Consuelo González en esta etapa. Asimismo es claro, que para la política interior venezolana es vital la resolución del enfrentamiento social en Colombia, por lo menos en lo que respecta al tema del secuestro, la extorsión y el abigeato como arma política de financiamiento. Sin embargo, hay que estar claro que este no será un proceso lineal y mucho menos fácil, dado la profunda resistencia de las fuerzas y actores políticos tradicionales en Colombia, así como la presión misma del estamento militar, que ha resultado muy favorecido con la creciente inversión en la política de Seguridad democrática, asimismo el papel que estratégicamente se le ha asignado a Colombia como elemento de contención militar del proceso venezolano es otra variable a considerar. Por todo ello, es preciso que el gobierno venezolano incremente las acciones destinadas a buscar apoyo internacional para la mediación, pues de otra forma todo esfuerzo resultará infructuoso.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com

República Bolivariana de Venezuela
Universidad del Zulia
Facultad de Cs. Económicas y Sociales
División de Estudios para Graduados
Maestría en Gerencia Pública


PROGRAMA SISTEMA SOCIO- POLÍTICO

Introducción

La cátedra Sistema Socio- político pretende establecer las bases conceptuales, desde el punto de vista de la filosofía política, sobre las cuales se construye la acción pública; particularmente importante es comprender la naturaleza del debate que acerca de los diversos modelos de democracia se ha generado en el proceso histórico venezolano. La discusión y comprensión de los problemas que sobre la gobernabilidad, la gobernanza, sus indicadores de gestión y la naturaleza, desarrollo y cambio en los actores sociales y políticos, es vital para la formación en el área de Gerencia Pública. Se plantea por lo tanto una revisión del desarrollo, en la perspectiva de la larga duración, del tema sobre los programas políticos y la progresiva construcción de la sociedad política, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Asimismo, se plantea un análisis del proceso de definición y construcción de los partidos políticos, sobre la conceptualización del cambio como categoría de estudio. Finalmente, se estudia el proceso de definición de la crisis de gobernabilidad y los cambios en el sistema político venezolano, así como su asociación con el diseño de las políticas públicas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Dentro de este planteamiento, se analizarán las dinámicas institucionales implementadas en el sistema democrático venezolano, dividiéndose – con fines andragógicos - en dos etapas: 1) la instauración y consolidación de la democracia conciliadora (1958-1983) y 2) formulación de la crisis de modernización y surgimiento de la transición y transformación política del sistema (1984-1998). Se dedicará un último aparte para estudiar la coyuntura crítica expresada en el período 1999- 2007, haciendo especial énfasis en los cambios en las dinámicas sociales, culturales y los valores políticos del venezolano en los años finales del siglo XX y en este 1er cuarto de siglo XXI.

Contenido Programático

Unidad I: La Construcción histórica de la democracia venezolana
El proyecto nacional. Precisiones conceptuales para el caso de Venezuela.
Las tipologías del proyecto nacional en Venezuela (siglos XIX-XX).
Programas políticos y construcción del país en la 1era mitad del siglo XX.
Ciudadanía y participación política en Venezuela (1900-1958). Consideraciones teóricas y prácticas.
Unidad II: Características del modelo de democracia conciliadora en Venezuela (1958-1983).
El proyecto modernizador y los Pactos Políticos.
El neocorporativismo y sus expresiones concretas en Venezuela.
La estructura del estado Nacional 81958-1983). Características generales.
Elementos estructurantes del Sistema Político de Conciliación (SPC).
El comportamiento político- partidista (1958-1983)
Las Fuerzas Armadas nacionales
Desarrollo económico y renta petrolera.
Sindicatos y relaciones obrero- patronales.
El papel de Venezuela en el contexto internacional.
Unidad III: Transformación y crisis del sistema político (1984-1998).
Gobernabilidad e ingobernabilidad. Algunas consideraciones.
El comportamiento electoral en Venezuela (1983-1998).
La crisis en el Sistema Político de Conciliación (1989-1993).
El fin del bipartidismo. Elementos detonantes y factores explicativos.
Cambios en la cultura política del venezolano.

Unidad IV: Características socio- políticas del Proyecto Bolivariano de Hugo Chávez (1998-2007).
Cambios en el sistema político venezolano a partir de la Constitución de 1999.
La transición política y el fenómeno Chávez.
El debate en torno al modelo de democracia radical.
Política social y conflictividad multimodal.
Militares y política. Un debate teórico.
El sistema político y el Proyecto Bolivariano Relanzado (PBR).

EVALUACIÓN

Se presentarán informes críticos de lecturas asignadas por Unidad temática (20%). Asimismo se estructurarán discusiones dirigidas en el marco de las unidades de contenidos expresadas en la estructura del Programa (30%). Finalmente se entregará un trabajo final sobre una temática particular abordada en el curso, la selección es abierta de acuerdo al interés de cada maestrante (50%).

BIBLIOGRAFÍA

Unidad I:
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