Colombia, después de la operación humanitaria

COLOMBIA, después de la operación humanitaria

La reciente liberación de los dos rehenes por parte de las FARC, introduce una variable interesante en el conflicto colombiano, se trata de la posibilidad de humanizar el conflicto y sacarlo del proceso de militarización de la política. El gobierno de Uribe se encuentra comprometido en las actuales circunstancias en producir una medida de reciprocidad que equilibre las acciones de las FARC. Sin embargo, esta acción no es fácil, las presiones recibidas por el presidente de Colombia como consecuencia del papel geopolítico que juega en el contexto del Cono Sur, al transformarse en el principal socio- militar de los EEUU en esta zona del Hemisferio, es una impronta que marca cualquier accionar de la política en el vecino país.
Cuando las FARC liberan a dos civiles, abre el camino de la humanización del conflicto, que ha sido desvirtuado en más de 60 años de confrontación civil. El problema de Colombia, ha sido que la perdida de humanidad y la violación de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos en el conflicto político ha sido una constante, tanto por parte de los actores tradicionales (Grupos políticos, FARC, FFAA) como de los nuevos actores violentos (narcotráfico y paramilitares). Retomar el camino de la regularización de la guerra sólo puede ser logrado mediante la mediación internacional, que equilibre las presiones que recibe el gobierno de Uribe y que lo obligan, para mantener la lógica de su política de Seguridad Democrática, basada en un pensamiento que pretende lograr la imposición de la paz mediante la presión de la guerra. Hemos insistido, que no se trata de defender a las FARC, ni de acusar al gobierno de Chávez de colaborador de la guerrilla y mucho menos caer en la diatriba de las acusaciones contra el pasado paramilitar de la familia de Uribe, se trata de entender que es necesario encausar el conflicto social en Colombia a través de la construcción de una vía de mediación y entendimiento contando con la facilitación internacional.
Esta facilitación, pasa por el camino del intercambio humanitario, pero para ello es imprescindible que el gobierno de Uribe responda con un gesto equivalente a la acción de liberación de las FARC, con la finalidad de crear mecanismos de “confianza mutua”, que en este momento son inexistentes. El camino del diálogo no es fácil, pues incluye la consideración de aspectos tan disímiles como el tratamiento del tema del secuestro como vehículo de presión política, el tratamiento en el marco del derecho Humanitario Internacional a los civiles secuestrados, el desenvolvimiento bajo los Acuerdos de Ginebra de la confrontación militar entre las FARC y el Ejército colombiano, así como la posibilidad de dictar medidas de supervisión y garantías que aseguren la desmovilización militar y la restitución a la vida política bajo condiciones de seguridad. Procesos parecidos ya han ocurrido en América Latina: la dinámica salvadoreña con el Frente Farabundo Martí de Liberación nacional (FMLN), la pacificación en Guatemala, el proceso zapatista en México, son sólo algunos ejemplos que demuestran que sí es posible la construcción de la paz con la ayuda internacional.
Un arista significativa del problema colombiano, son las enormes inversiones que en materia de equipamiento militar ha recibido el Estado en el período 1998-2010. Es lo que se conoce como Gasto en Fuerza Pública (GFP). En el período 1998-2002 la inversión por concepto del Plan Colombia superó las 4.000 millones de dólares, el período 2002-2007 la inversión ha estado cercana a los 7.000 millones y ha obligado al Estado colombiano a crear un impuesto especial para financiar el GFP hasta el 2010. El porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al GFP en el período 1993-1998 fue de 3,1, para el período 1999-2006 ha llegado a 6,5%. Este factor es decisivo para cualquier proceso de mediación, pues la presión internacional para la búsqueda de la paz es el único vehículo que puede impedir la constante intromisión de los intereses económicos de los EEUU en la guerra, y hacer que derive esa presión hacia acciones que regularicen y humanicen el conflicto social colombiano.
Uribe, se vería forzado a responder en un contexto de presión multilateral, conjugado con las movilizaciones y acciones que puedan adelantar las asociaciones civiles asociados a los secuestrados por las FARC y el ELN, así como el nuevo papel que puedan tener Clara Rojas y Consuelo González en esta etapa. Asimismo es claro, que para la política interior venezolana es vital la resolución del enfrentamiento social en Colombia, por lo menos en lo que respecta al tema del secuestro, la extorsión y el abigeato como arma política de financiamiento. Sin embargo, hay que estar claro que este no será un proceso lineal y mucho menos fácil, dado la profunda resistencia de las fuerzas y actores políticos tradicionales en Colombia, así como la presión misma del estamento militar, que ha resultado muy favorecido con la creciente inversión en la política de Seguridad democrática, asimismo el papel que estratégicamente se le ha asignado a Colombia como elemento de contención militar del proceso venezolano es otra variable a considerar. Por todo ello, es preciso que el gobierno venezolano incremente las acciones destinadas a buscar apoyo internacional para la mediación, pues de otra forma todo esfuerzo resultará infructuoso.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com