EL PROCESO POLÍTICO EN COLOMBIA
Hace unas semanas advertíamos de la situación en América Latina, y al hacerlo hablamos de Colombia. Hoy queremos ampliar nuestras apreciaciones al respecto. El gobierno de Uribe no puede ser visto descontextualizado de la realidad histórica de nuestro vecino y mucho menos desligado de la política de seguridad hemisférica planteada por los distintos gobiernos de los EEUU desde finales del siglo XX.
Al revisar el primer aspecto, la situación histórica nos conseguimos con una sociedad que en esencia tiene una estructura de castas, entendida como una organización social con amplios vínculos derivados de redes de poder, estructurados sobre relaciones familiares, económicas y sociales construidas en el transcurso de su propia historia y que mantiene privilegios y símbolos que buscan excluir a otros grupos sociales. Nos encontramos con familias que tradicionalmente han formado parte del poder político y económico, basados en relaciones conformadas sobre el manejo de privilegios y acceso a posesiones de grandes recursos productivos. Los Pastrana, los Betancourt, los Londoño, los Santos, son sólo parte de esas relaciones que mantienen y sostienen una estructura de poder que es sumamente eficaz y eficiente. Por otra parte, no hay que perder de vista que esa estructura se ha preparado para gobernar. Se han esmerado en formarse en las técnicas de gobierno y han cubierto las principales estructuras institucionales del Estado colombiano. Por lo tanto, tienen la capacidad de mimetizarse por encima de sus preferencias políticas (liberales- conservadores) y cohesionarse en función de conservar sus beneficios o ampliarlos.
En torno a este aspecto, esos grupos sociales han visto una oportunidad política derivada de la posición nacionalista del gobierno del presidente Hugo Chávez, para articularse y posicionarse como actores estratégicos en el contexto de la política exterior norteamericana. Los grupos de poder colombiano, que siempre han tenido claro un proyecto geopolítico de expansión a costa de sus vecinos y han mantenido una política de expoliación de recursos, al mismo tiempo que han procurado alinearse con los intereses representados en el sistema capitalista mundial, han planteado un reacomodo de su situación política en el contexto latinoamericano, pasando a ocupar primigenia posición como elementos de contención en este espacio geográfico.
Ese cambio obedece al retroceso formal que han sufrido en el contexto de las democracias representativas en Latinoamérica. Las enormes derrotas electorales que tuvieron en Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile han obligado a los que tienen pretensiones hegemónicas a replantear sus acciones políticas. Por ello, países como Colombia y Perú, son piezas claves en una política de contención de la amenaza socialista y popular que encarna principalmente la figura de Chávez. En esta lógica, el gobierno de Uribe ha brindado todas las facilidades de movilización y apoyo a fuerzas militares norteamericanas para convertir a Colombia en un foco de supervisión y control estratégico en una zona vital desde el punto de vista energético, físico-natural y ecológico para los intereses de la economía mundial.
En este marco, la estructura de poder implementada por Uribe se ha traducido en una asociación estratégica entre militarismo-narcotráfico-compañías trasnacionales en función de potenciar la presencia norteamericana en la zona, al mismo tiempo que se transformo en un elemento de desestabilización política en un espacio que cada vez gira más bruscamente hacia la izquierda. Esa asociación ha permitido la transmutación de Colombia en un laboratorio en América Latina para la aplicación de la Revolución en Armamento Militar (RAM) que se traduce en la aplicación de avances en ciencia y tecnología utilizados en el fortalecimiento de la operatividad armada del sector militar. Una muestra de ello fue el bombardeo de Ecuador y la penetración y posterior retiro de fuerzas militares colombianas. Con ello se daba una demostración de fuerza que señalaba la impronta norteamericana y el nuevo papel que juegan las fuerzas armadas colombianas como socios militares de los EEUU.
En ese marco, la asociación de Uribe con los grupos paramilitares ha quedado descubierta colocándolo en una situación de deslegitimidad que ha sido propicia para intentar retomar y relanzar su posición como adalid del capitalismo más agresivo. Enmarcado dentro de las líneas dibujadas en la Doctrina de Seguridad de los EEUU, que establece amenazas y retos, el gobierno de Uribe se ha empecinado en mantener un accionar que tiene dos destinos principales: 1) posicionarse como principal socio militar de los EEUU en la región, que lo ha llevado a aumentar su gasto militar en más de 5.500 millones de US$ y 2) acrecentar su presencia militar en las fronteras con sus vecinos buscando con ello expandir sus bases de poder económico. Estas 2 áreas prioritarias son una amenaza geopolítica al equilibrio militar que hasta ahora había tenido la zona y que no debe ser perdido de vista en este contexto histórico.
Colombia y el gobierno de Uribe, son propicios para adelantar más acciones de provocación dado el hecho que su situación política interna le exige presentar un enemigo externo – y que mejor que el gobierno de Chávez- para cohesionar las fuerzas sociales en esta coyuntura electoral. Tenerlo claro, es vital para la política exterior no sólo de Venezuela sino del resto de los países del subcontinente. Sin duda la perspectiva a futuro nos indica múltiples focos de conflictividad internacional con un gobierno encabezado y representado por los sectores más conservadores de Colombia. Eso hace necesario arreciar un diseño institucional – que ya ha sido planteado en reuniones de Mercosur y UNASUR- que busque cohesionar políticamente a los diversos Estados nacionales en Sudamérica. Es este el gran reto del siglo XXI en esta su primera mitad, concretarlo se traduce en una articulación de esfuerzos para evitar la fragmentación que históricamente hemos mantenido.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/07/2008
Hace unas semanas advertíamos de la situación en América Latina, y al hacerlo hablamos de Colombia. Hoy queremos ampliar nuestras apreciaciones al respecto. El gobierno de Uribe no puede ser visto descontextualizado de la realidad histórica de nuestro vecino y mucho menos desligado de la política de seguridad hemisférica planteada por los distintos gobiernos de los EEUU desde finales del siglo XX.
Al revisar el primer aspecto, la situación histórica nos conseguimos con una sociedad que en esencia tiene una estructura de castas, entendida como una organización social con amplios vínculos derivados de redes de poder, estructurados sobre relaciones familiares, económicas y sociales construidas en el transcurso de su propia historia y que mantiene privilegios y símbolos que buscan excluir a otros grupos sociales. Nos encontramos con familias que tradicionalmente han formado parte del poder político y económico, basados en relaciones conformadas sobre el manejo de privilegios y acceso a posesiones de grandes recursos productivos. Los Pastrana, los Betancourt, los Londoño, los Santos, son sólo parte de esas relaciones que mantienen y sostienen una estructura de poder que es sumamente eficaz y eficiente. Por otra parte, no hay que perder de vista que esa estructura se ha preparado para gobernar. Se han esmerado en formarse en las técnicas de gobierno y han cubierto las principales estructuras institucionales del Estado colombiano. Por lo tanto, tienen la capacidad de mimetizarse por encima de sus preferencias políticas (liberales- conservadores) y cohesionarse en función de conservar sus beneficios o ampliarlos.
En torno a este aspecto, esos grupos sociales han visto una oportunidad política derivada de la posición nacionalista del gobierno del presidente Hugo Chávez, para articularse y posicionarse como actores estratégicos en el contexto de la política exterior norteamericana. Los grupos de poder colombiano, que siempre han tenido claro un proyecto geopolítico de expansión a costa de sus vecinos y han mantenido una política de expoliación de recursos, al mismo tiempo que han procurado alinearse con los intereses representados en el sistema capitalista mundial, han planteado un reacomodo de su situación política en el contexto latinoamericano, pasando a ocupar primigenia posición como elementos de contención en este espacio geográfico.
Ese cambio obedece al retroceso formal que han sufrido en el contexto de las democracias representativas en Latinoamérica. Las enormes derrotas electorales que tuvieron en Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile han obligado a los que tienen pretensiones hegemónicas a replantear sus acciones políticas. Por ello, países como Colombia y Perú, son piezas claves en una política de contención de la amenaza socialista y popular que encarna principalmente la figura de Chávez. En esta lógica, el gobierno de Uribe ha brindado todas las facilidades de movilización y apoyo a fuerzas militares norteamericanas para convertir a Colombia en un foco de supervisión y control estratégico en una zona vital desde el punto de vista energético, físico-natural y ecológico para los intereses de la economía mundial.
En este marco, la estructura de poder implementada por Uribe se ha traducido en una asociación estratégica entre militarismo-narcotráfico-compañías trasnacionales en función de potenciar la presencia norteamericana en la zona, al mismo tiempo que se transformo en un elemento de desestabilización política en un espacio que cada vez gira más bruscamente hacia la izquierda. Esa asociación ha permitido la transmutación de Colombia en un laboratorio en América Latina para la aplicación de la Revolución en Armamento Militar (RAM) que se traduce en la aplicación de avances en ciencia y tecnología utilizados en el fortalecimiento de la operatividad armada del sector militar. Una muestra de ello fue el bombardeo de Ecuador y la penetración y posterior retiro de fuerzas militares colombianas. Con ello se daba una demostración de fuerza que señalaba la impronta norteamericana y el nuevo papel que juegan las fuerzas armadas colombianas como socios militares de los EEUU.
En ese marco, la asociación de Uribe con los grupos paramilitares ha quedado descubierta colocándolo en una situación de deslegitimidad que ha sido propicia para intentar retomar y relanzar su posición como adalid del capitalismo más agresivo. Enmarcado dentro de las líneas dibujadas en la Doctrina de Seguridad de los EEUU, que establece amenazas y retos, el gobierno de Uribe se ha empecinado en mantener un accionar que tiene dos destinos principales: 1) posicionarse como principal socio militar de los EEUU en la región, que lo ha llevado a aumentar su gasto militar en más de 5.500 millones de US$ y 2) acrecentar su presencia militar en las fronteras con sus vecinos buscando con ello expandir sus bases de poder económico. Estas 2 áreas prioritarias son una amenaza geopolítica al equilibrio militar que hasta ahora había tenido la zona y que no debe ser perdido de vista en este contexto histórico.
Colombia y el gobierno de Uribe, son propicios para adelantar más acciones de provocación dado el hecho que su situación política interna le exige presentar un enemigo externo – y que mejor que el gobierno de Chávez- para cohesionar las fuerzas sociales en esta coyuntura electoral. Tenerlo claro, es vital para la política exterior no sólo de Venezuela sino del resto de los países del subcontinente. Sin duda la perspectiva a futuro nos indica múltiples focos de conflictividad internacional con un gobierno encabezado y representado por los sectores más conservadores de Colombia. Eso hace necesario arreciar un diseño institucional – que ya ha sido planteado en reuniones de Mercosur y UNASUR- que busque cohesionar políticamente a los diversos Estados nacionales en Sudamérica. Es este el gran reto del siglo XXI en esta su primera mitad, concretarlo se traduce en una articulación de esfuerzos para evitar la fragmentación que históricamente hemos mantenido.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/07/2008
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