BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO

BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO

Hay veces en que el oficio de historiador resulta muy pesado, sobre todo cuando en base a la aplicación de la prospectiva y la interpretación de los procesos sociales vemos aproximarse el conflicto social. En el caso de Bolivia, anunciábamos en una de nuestras columnas pasadas la eventual conflictividad en nuestro hermano país.
Era de esperarse: Bolivia se encuentra en un momento clave de la reacción de la izquierda emergente en Latinoamérica. En su espacio territorial se viene desarrollando una experiencia histórica para el Altiplano Andino, que corresponde a la máxima expresión de la irrupción de movimientos sociales indígenas, que reivindican su derecho a organizarse y ser responsables de la dirección de las gestiones públicas, echan atrás más de cinco (5) siglos de exclusión y sometimiento. Esta situación impacta las relaciones de poder y las redes de intereses que han prevalecido en su historia republicana.
Las expresiones segregacionistas, sociocéntricas manifestadas por el prefecto de Santa Cruz revelan los profundos odios raciales presentes en el país fundado por Bolívar y Sucre. Se trata de cómo una élite ligada a la explotación de los recursos naturales para su propio beneficio, se siente amenazada ante las nuevas líneas definitorias de las acciones estatales establecidas en el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una contundente confrontación sustentada en dos visiones antagónicas de la sociedad boliviana; por un lado nos encontramos la perspectiva de integración social de unos espacios que históricamente habían estado segregados y sometidos; que en esta coyuntura crítica se asumen como reivindicativos de sus raíces culturales aymaras y entienden que es necesario el control social sobre las escasas bondades económicas existentes. Por la otra parte, nos vemos frente a las iniciativas foráneas que emplean los vehículos de siempre: empresarios, medios de comunicación y movimientos sociales enmascarados en un discurso democrático, pero que en sus manifestaciones se revelan profundamente intolerantes y antidemocráticos.
Nos es casual, que cuando procedemos a realizar análisis comparativos nos encontramos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador una misma matriz: sectores económicos, históricamente poderosos que se resisten a los procesos de cambio y democratización de las bases económicas de la sociedad, que trabajando conjuntamente con movimientos sociales – conformados por jóvenes de diversos origen social- asumen la “defensa” de valores individuales, en una perspectiva esencialmente liberal acerca del bienestar individual sobre el colectivo. Todo ello matizado a través de los medios de comunicación que le brindan su apoyo irrestricto. Sin embargo, lo más grave ocurre detrás de las sombras: el apoyo trasnacional mediante el financiamiento a organizaciones y movimientos sociales bajo la excusa de programas de fortalecimiento democrático, auspiciados incluso desde el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cabe preguntarse: ¿ porque esta conflictividad en este momento?. La respuesta es múltiple y en parte ya la hemos asomado: la iniciativa de democratizar y ampliar los procesos de reconocimiento de la ciudadanía cultural, entendido como la incorporación de grupos sociales y étnicos socialmente desplazados de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de ser mayorías numéricas. Eso se traduce en una verdadera apertura democrática nunca antes existente, pero sobre todo es un cambio cultural difícil de entender en sociedades con estructuras de castas como Bolivia: que los sujetos sin voz se alcen y transformen en actores sociales contundentes y dinámicos, sin importar sus orígenes étnicos o su herencia familiar.
Hay otro factor de especial relevancia y está asociado al momento de cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. Los países desarrollados, organizados en el llamado G-8, disponen cada vez de menos fuentes de energía. La mayoría del consumo energético global – casi el 80%- se va, sectorialmente hablando, en transporte e industrias, ligados al desarrollo capitalista. Menos del 30% se dedica al consumo en hogares, escuelas, hospitales y otras áreas importantes. Las grandes áreas de explotación petrolera, las zonas ubicadas en Asia central y Oriental, medio oriente, entre otras zonas conocidas como “el creciente mayor” se encuentra sometidas a una conflictividad enorme, aspecto este que dificulta contar con una producción constante de energía amén de aumentar los costos de producción. En este punto se inserta la realidad latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Venezuela , Colombia y Brasil constituyen el denominado “creciente menor”, que cuenta con importantes reservas estratégicas en gas y petróleo que lo convierte en centro de atención por los países industrializados.
La provincia de Santa Cruz, no sólo es la más importante en recursos gasíferos e hidrocarburos, por otro lado reúne buena parte de las tierras productivas del país y con ella la otra gran potencialidad de Bolivia: la producción de soja. Adicionalmente es la puerta de entrada de nuestro hermano país al área amazónica que cuenta con importantes reservas hídricas. En definitiva la zona agrupa los dos factores esenciales de las confrontaciones geopolíticas en este siglo XXI: agua y petróleo.
La estrategia adelantada con el referendo – írrito e ilegal al hacerse fuera de la constitución boliviana- repite parte de las acciones emprendidas en torno al antiguo Departamento del Darién en Colombia y que a principio del siglo XX permitiría el surgimiento de nuestro hermano Panamá. Se trata de organizar grupos cívicos que en nombre de la “autonomía” y contra el “abandono centralista” proponen y exaltan una identidad regional que se asume contraria al espíritu nacional. Se reivindican las diferencialidades locales y con ella se construye un clivaje – o enfrentamiento- nación vs región. En ese enfrentamiento se organiza – con base a apoyos financieros diversos-grupos sociales que impulsan y elevan esas diferencialidades, enmascarando con ello una idea base de la propuesta neoliberal: la reducción del papel del Estado y la privatización de las explotaciones mineras. Llama poderosamente la atención que el discurso del Comité Cívico de Santa Cruz, coincide con el discurso autonomista de Manuel Rosales y otros grupos que impulsan estatutos autonomistas, que bajo la mascarada liberal contribuyen a separatismos y fanatismos regionales.
Se trata de comprender como en este contexto geopolítico de principios del siglo XXI nos encontramos en una coyuntura crítica, donde las acciones del capital trasnacional, interesado en controlar los recursos mineros estratégicos, pasan por organizar movimientos sociales, que con estrategias disruptivas y de reto al poder establecido buscan dividir e impulsar dinámicas contrarias a la ampliación e inclusión democrática de las minorías étnicas y sociales. En Bolivia, donde entre el No y la abstención cerca del 50% se resistió a la falsa autonomía, se encuentra Latinoamérica con el trance de la disgregación y la dispersión social impulsada desde el exterior, habrá que asumir una dura defensa de la integración en este momento histórico.

Dr. Juan E. Romero
Historiador7profesor universitario
Juane1208@gmail.com
04/0572008

LA DEMOCRACIA INTERNA EN VENEZUELA

LA DEMOCRACIA INTERNA EN VENEZUELA

Cuando se analiza el funcionamiento de los sistemas políticos, se considera la estructura de los partidos políticos, las condiciones y seguridades implícitas en los procesos de elección, así como las dinámicas de democracia interna, esencialmente referidas a la elección de sus autoridades.
En la historia de los sistemas políticos en nuestro país, los indicadores antes señalados, no han sido precisamente los más utilizados. El sistema de partidos establecidos desde 1958, tuvo una etapa inicialmente multipartidista, con un promedio de organizaciones políticas entre 1958-1973 de más de seis (6) partidos principales. Eso nos explica las características inestabilidades que se confrontó en esos años. En cuanto a la condición de pulcritud del sistema electoral, la organización de los procesos comiciales fue en ese mismo período particularmente poco transparente. Este aspecto está matizado por el hecho que la conformación del Consejo Supremo Electoral (CSE) estuvo determinado por la representación en el mismo por los partidos más votados en cada proceso electoral. Ese reglamento se mantuvo hasta su reforma con la Ley del Sufragio y Participación Política en 1997.
Con respecto a los procesos de democracia interna, esté ha sido quizás el que mayor déficit ha tenido en nuestra historia. Los principales partidos históricos: Acción Democrática (AD), Comité Político Electoral Independiente (COPEI), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Movimiento al Socialismo (MAS) y Unión Republicana Democrática (URD); sí bien realizaron procesos internos, lo hicieron marcados por la duda y con escasa supervisión, generando en la mayoría de los casos, cismas o separaciones; y en otros profundos daños que afectaron el futuro del partido político.
En el caso de procesos más recientes, sobre todo en lo que respecta a las nuevas organizaciones políticas, nos encontramos también con particularidades. Sí comenzamos con los partidos opuestos a Chávez, nos conseguimos con organizaciones que han surgido esencialmente de personalismos, tal es el caso de Alianza un Bravo Pueblo (ABP), encabezada por Antonio Ledesma. Es este un ejemplo vivaz de la escasa democracia interna de una organización política, pues su funcionamiento se encuentra basado en los rasgos personales de su liderazgo. Otro caso interesante, es el de Primero Justicia (PJ), que desde sus orígenes tiene una particularidad: el de haber surgido de una organización civil; aparte de eso hasta antes del 2006 no había realizado ningún proceso de elección interno, aspecto completamente contradictorio en una organización política cuyo principal elemento discursivo es la defensa de la democracia. Cuando PJ, realizó su proceso interno entre 2005-2006, la escasa pulcritud en el censo de representantes, aunado a diferencias internas en cuanto a la concepción del trabajo político, produjo una separación que se concretó en la salida de parte de “ los históricos” fundadores: Gerardo Blyde, Leopoldo López, entre otros.
En el caso de Un Nuevo Tiempo (UNT), nos encontramos otra organización surgida más bien del voluntarismo político de su líder: Manuel Rosales. Hasta los momentos, no ha existido un proceso de democracia interna, por el contrario la estructura de organización del partido ha sido esencialmente “dedocrática”. Se tiene que recordar como en la campaña electoral del 2006, Rosales nombró, uno a uno, los representantes de organización, secretario general, secretario político y otros cargos, sin mediar ninguna consulta con sus bases. De nuevo se observa una prueba del profundo déficit democrático de nuestras organizaciones.
En los casos de las organizaciones cercanas al gobierno de Chávez, nos encontramos con dinámicas parecidas. El Movimiento Quinta república (MVR), sí bien en sus estatutos habló de democracia horizontal y vertical, para representar consultas permanentes con sus bases, terminó resultando en la imposición de liderazgos personalistas, representados en las tendencias internas. Es importante recordar, los resultados desastrosos para el chavismo en el Zulia cuando ha impuesto candidaturas sobre los pareceres de las bases. En el MVR hubo intentos de elección, de hecho se dio un proceso en el año 2005, pero en el mismo surgió problemas entre las diversas tendencias, pero sobre todo cantidad de problemas por las dudas acerca de la estructura del registro electoral. En los casos de otras organizaciones que apoyan a Chávez, como es el PPT, PODEMOS, entre otros el proceso es el mismo, en cuanto el déficit democrático interno.
Precisamente, ese déficit democrático histórico, es lo que ha marcado en forma diferencial el recientemente culminado proceso de elección de las autoridades del PSUV. Se trata de una dinámica de democracia interna, que mezclando elecciones directas e indirectas ha permitido conformar una estructura partidista que responde a un proceso de consulta democrática, con padrones electorales que pueden ser verificados por las diversas tendencias. Esta dinámica insisto en ello, puede ser el inicio de un cambio en el funcionamiento de las organizaciones políticas y la forma como estas toma, ejecutan y planifican la agenda pública de acción. Por otra parte, la estructura resultante tiene una mezcla interesante. En primer lugar, hay una macro estructura dirigente, formada por los Vice-presidentes, en donde resalta la figura siempre lúcida de Muller Rojas. Aunado al vice-presidente se unen sus equivalentes regionales, que indudablemente asumen la conformación del país en regiones políticas, un viejo esquema de los partidos históricos clásicos europeos, pero que había sido abandonado en la dinámica organizacional en América Latina.
Esa organización por micro- regiones (Zulia- Falcón, Andes, centro- Occidental, Capital, oriental, Guayana, entre otras), permite distribuir y organizar al partido, buscando con ello la conformación de un Bloque Hegemónico, en el sentido planteado por Antonio Gramsci, es decir, un partido capaz de movilizar y convencer al “otro” que se asume como un sujeto histórico que es necesario ganar en la dinámica política. Por otra parte, la elección de una estructura por Estado, que comparte responsabilidades con los vice-presidentes regionales genera un constante debate, que hasta ahora había sido infructuoso en la democracia interna del chavismo.
Sin duda, la elección del PSUV nos ocupara – a quienes somos estudiosos de la realidad política- más de un análisis, pues las formas de relacionamiento y las posibilidades de discusión democrática que abre son significativas y definitivamente distintas de lo que conocemos en la historia política venezolana. Ojala que las demás organizaciones políticas emulen este proceso democrático de elección de sus autoridades. Sí eso sucede estaríamos siendo testigos de un verdadero proceso de democratización. Ya veremos que hacen ¡.

Dr. Juan Eduardo Romero J
Historiador- profesor universitario
juane1208@gmail.com Q
22/04/2008

Abril, seis años después

Abril, seis años después

Han pasado seis años desde los sucesos de abril de 2002. Mucho se ha dicho de lado y lado, tanto desde los protagonistas del Golpe como de quienes se movilizaron en defensa, e incluso de aquellos que supuestamente defendiendo al gobierno de Chávez, nunca dieron la cara sino hasta el final de los acontecimientos el 13 de abril.
No se trata de realizar una apología del gobierno de Chávez y mucho menos de crucificar a los sectores de la oposición que pretendieron buscar una salida violenta al conflicto de intereses suscitada. Se trata de analizar algunos aspectos claves para comprender en su significación este proceso histórico que continua con igual intensidad el día de hoy.
En primer lugar, debe analizarse el papel y la responsabilidad social de los medios de comunicación social en el conflicto desatado. Seis años después, al observar los videos de aficionados sobre Puente Llaguno, se llega a la conclusión que la manipulación de los ángulos en ese sector de Caracas, por parte de Venevisión, generó una confusión que facilitó notoriamente la elevada conflictividad que suscito ese 11 y 12 de abril. Se trata no sólo de evaluar el comportamiento de los medios opuestos al gobierno de Chávez, si no de estudiar las políticas comunicativas del propio gobierno. A mi entender la excesiva dependencia de la capacidad comunicativa del presidente es una desventaja que aun permanece intacta. El gobierno de Chávez sigue dependiendo en demasía de las posibilidades y directrices que se dictan en el programa Aló Presidente todos los domingos. Más allá de los intentos – infructuosos- de Andrés Izarra, no se ha visto una acción coherente que compita con los constantes ataques que desde medios privados se generan.
En segundo lugar, la excesiva confianza y dependencia de la estructura de poder de las Fuerzas Armadas ignoró que esté sector – más allá del discurso oficial- sigue obedeciendo a sus propios intereses. Los sectores que estuvieron implicados – Capitanes, Tenientes Coroneles, Coroneles, Generales- respondieron a sus propios intereses, con casos como el General Rosendo, que hasta pocos instantes antes del Golpe el 11 de abril, era presentado como un factor importante y estratégico del gobierno, defendido incluso por el propio Chávez. Se sigue funcionando en una confianza ciega en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, como sí estos militares por estar vinculados en sus orígenes con Chávez, se encuentran investidos de “una pureza” sine qua non. Nada más lejos de este supuesto, tal como se demuestra con el comportamiento y la actitud de Raúl Baduel. En este sentido, el gobierno de Chávez mantiene las mismas equivocaciones que le generaron tantas dificultades y apremios entre el 11 y 12 de abril de 2002.
En tercer lugar, persisten dudas sobre el comportamiento interno de ciertos sectores del chavismo. Aun hay chavistasque se preguntan que se hizo Diosdado Cabello, flamante Vice- presidente, que no apareció en ninguno de los videos que recopilan los acontecimientos del 11 en la madrugada y amanecer del 12 de abril. Eso contrasta con el compromiso observado por parte de otros connotados chavistascomo Aristóbulo Izturiz, María Cristina Iglesias, Rodrigo Cabezas, entre muchos otros. Pero no solamente debemos preguntarnos sobre estos comportamientos, también cabe la pregunta sobre la actitud del Ministro de la Defensa, Lucas Rincón Romero, cuyo anunció de la supuesta renuncia generó todo un caos institucional, que contribuyó al estado de desasosiego que imperó en esos momentos.
En cuarto lugar, hay una crítica profunda al sentido político manifestado por ciertos personeros del gobierno, que subestimaron la capacidad del bravo pueblo. Que tan celebrado es hoy. La actitud y el comportamiento final de entrega, ante la amenaza de las fuerzas militares rebeldes de bombardear o tomar Miraflores, refleja una profunda duda sobre esa capacidad política. Lo mejor, es que sería el propio Bravo Pueblo el que demostraría la falsedad de esa apreciación. El comportamiento y el accionar de los colectivos sociales, con autoconvocatoria para la movilización en defensa de la legalidad, señalo un momento histórico en cuanto a las capacidades creadoras y al compromiso ideológico de ese pueblo. A pesar de tener todo en su contra: la persecución, la represión de los cuerpos policiales, lograron estructurar una red de apoyos que se multiplicó a sí misma en sus capacidades de acciones colectivas, y eso fue hecho a pesar del aislamiento comunicacional realizado por los canales de televisión privados.
Ese Bravo Pueblo, dio una lección de compromiso que mucho de los connotados chavistas, que aparecen en posiciones importantes hoy en día, no fueron capaces de dar. Las posibilidades y el impulso de esos Círculos Bolivarianos demonizados y atacados por las fuerzas opositoras eran muchas, tan es así que desde el mismo chavismo se implosionó a los círculos, pues resultaban una amenaza a la estructura y los intereses que se mueven dentro del propio chavismo. Esta última lección pareciera que no ha sido totalmente asimilada, pues algunos procesos siguen manteniendo una desviación y una debilidad ideológica que se mantiene en el propio PSUV, aunque la presencia de personas como el general Muller Rojas, permite pensar en la posibilidad de corrección de estos desvarios.
En quinto lugar, la estructura burocrática creada desde el propio chavismo, en donde se han infiltrado cualquier cantidad de intereses foráneos, no contribuyó a apoyar al propio gobierno de Chávez. Buena parte de los funcionarios que se nombraron fueron los encargados de organizar la persecución de los compañeros que no empeñaron sus ideas. Hoy en día mantenemos una estructura burocrática, que en nada contribuye al impulso que requiere un proceso que se asume como revolucionario. Las enseñanzas del 11,12 y 13 de abril indican que es necesaria una profundización del debate ideológico, que permita en el sentido planteado por Antonio Gramsci, la conformación de un Bloque Histórico, capaz de lograr aglutinar voluntades sociales que sirvan de apoyo a los procesos y acciones emprendidas. Para ello, se cuenta con un voluntarismo colectivo, manifestado en multitud de organizaciones sociales que vienen realizando un trabajo denodado y constante en cada espacio social, a veces pasando por encima de los propios obstáculos de la burocracia chapista, que pone mil y un peros al accionar social. Esa enseñanza es el valor principal que debe ser reflejado en la Semana del Bravo Pueblo. La historia nos enseña, siempre y cuando queramos leer sus enseñanzas¡¡¡.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
14/04/2008
Juane1208@gmail.com

IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL ASESINATO DE RAÚL REYES

IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL ASESINATO DE RAÚL REYES

La semana pasada en nuestra columna señalábamos que las acciones del gobierno de Uribe debían ser vista en un marco determinado por los intereses geoestratégicos de los EEUU en el continente sudamericano. Las acciones emprendidas por las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano demuestran las implicaciones que tiene para la estabilidad general de América Latina.
Hay un claro mensaje violatorio de las convenciones del derecho internacional, en cuanto al respeto a la territoriedad y la soberanía de otro país por parte del Alto Mando Militar del Ejército colombiano y que refleja la capacidad limitada que tiene el gobierno de Uribe – por los compromisos que tiene con el generalato- para imponer un conjunto de acciones que retomen la sindéresis de la violencia. Hemos señalado que el problema del gobierno de Uribe radica en la multiplicidad de intereses que han coincidido en su gestión. Por una parte el propio financiamiento e interés geopolítico de los EEUU, que se suma a los enormes recursos económicos que reciben las fuerzas armadas colombianas en su lucha violenta contra las guerrillas, aparte de los propios intereses de los grupos económicos ligados a la producción de la tierra en Colombia que se ven favorecidos con los desplazamientos forzados de inmensos grupos de residentes; todo ello matizado por el impacto que el elemento petróleo tiene en la zona.
En Colombia se asiste a un verdadero debate socio- político en cuanto a la implementación de un modelo velado de intervención bajo la figura de la asistencia en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Las fuerzas políticas que tradicionalmente han ejercido el poder en nuestro vecino colombiano han reconfigurado el cuadro de relaciones bajo el liderazgo fuerte de Uribe, posicionando sus piezas en un intento por impedir el despliegue de otras fuerzas sociales que vienen peleando en Colombia por la apertura de una sociedad cerrada, con elementos que caen casi en una sociedad de castas, con apellidos como los Pastrana, los Belaunde, los Santos, que vienen ocupando espacios del poder político y económico desde varias generaciones e impidiendo procesos de apertura democráticos a través de una hegemonía bien construida.
El gobierno de Uribe, al emprender las acciones de incursión en un país vecino, está manifestando una acción de fuerza que constituye un mensaje a sus vecinos en cuanto al alcance y la colaboración tecnológica y militar con las fuerzas de EEUU. El bombardeo al campamento donde se encontraba Raúl Reyes fue realizado con soportes de apoyo tecnológico de última avanzada, aunado al hecho que el bombardeo se hace con sistema satelital – tal como lo muestran los videos y escenas mostrados por el gobierno colombiano- con tecnología que no maneja el ejército del vecino país y que demuestra el hecho cierto de la transformación de Colombia en el principal socio militar de los EEUU en Latinoamérica, superando los tradicionales papeles que habían tenido Argentina, Chile y Brasil en todo el siglo XX. La reacción del gobierno de Correa y Chávez de retirar embajadores y movilizar sus tropas en las fronteras con Colombia son un mecanismo de disuasión que obliga al gobierno de Uribe a repensar sus acciones mientras se produce un pronunciamiento de la OEA, que a nuestro parecer debería ser contundente en señalar la violación de los acuerdos de la Carta de Seguridad de la OEA así como los mecanismos y Tratados establecidos mediante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En lo inmediato, la estrategia de Colombia ha quedado claramente dibujada. Por un lado, buscar crear una matriz de información que deje ver la “colaboración” del gobierno de Ecuador con las FARC, aunado a un proceso semejante con el gobierno de Chávez, todo ello con la finalidad de impulsar la tesis de la “persecución en caliente” que vuelve a cobrar sentido en el discurso político de las elites colombianas. Por su parte, asombra el silencio sepulcral que se observa en los organismos internacionales, y que no hacen sino ratificar las presiones que se ejercen desde los lobbys de intereses de las agencias norteamericanas, que mueven sus apuestas a través del accionar de Uribe. Detrás de todo esto esta una serie de movimientos que procura minimizar las acciones que tanto Correa como Chávez realizan en sus respectivos países para proteger sus intereses económicos en el tema hidrocarburos.
No hay que perder de vista, que el gobierno norteamericano ha etiquetado a Colombia como un Estado tapón, en el sentido que es utilizado como un punto de control en zonas estratégicas para los intereses de los EEUU. Su cercanía geográfica a los espacios venezolanos y ecuatorianos, convierte a Colombia en pieza clave para acciones encubiertas de seguimiento y control contra gobiernos con bases de apoyo popular, al mismo tiempo que Colombia se transforma en un polo de perturbación militar en toda América Latina. No hay duda que el entrenamiento, el equipamiento y el apoyo militar que las fuerzas armadas colombianas han recibido desde 1998 con el Plan Colombia constituyen una fuente de presión para la zona, aunado a la natural conflictividad que los procesos de ajuste socio- políticos tienen en el cono sur.
Asistimos a una coyuntura crítica, donde a través del Alto mando Militar de Colombia se expresa una perspectiva de la aplicación de la Doctrina de Seguridad y Defensa de los EEUU, formulada en mayo de 2006 y ejecutada mediante políticas de apoyo y asesoría militar, que han visto sus frutos en esta acción que eliminó al N° 2 de las FARC-EP. Las movilizaciones de fuerzas militares en Ecuador y Venezuela deben ser vista como una medida de contención pensada en el marco de una acción militar que propende a demostrar la destreza y la fuerza del estamento militar colombiano y su capacidad de despliegue ofensivo más allá de sus fronteras. Evitar que llegue este accionar más allá, depende de la presión internacional en torno al tema de la paz en Colombia.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane12008@gmail.com

Colombia, EEUU, paramilitares y petróleo

Colombia, EEUU, paramilitares y petróleo

En mayo de 2006, George W. Bush anuncia su Doctrina de Seguridad Nacional que planteó una profundización de los lineamientos asumidos por su gobierno desde el ataque del 11-S de 2001. Puede ser resumidas en tres aspectos: 1) la guerra preventiva, en donde las acciones militares pasan de ser reactivas a un nuevo papel de previsión, en donde los enemigos son objetos de acciones militares antes “que actúen”; 2) evitar el desafío a su superioridad militar y 3) reducir la dependencia del petróleo extranjero.
Sobre la base de estos supuestos paradigmáticos de acción, los EEUU incrementó inmediatamente después de los ataques a las Torres gemelas su presupuesto militar. Poco después, definió las líneas de la intervención en Afganistán sobre el supuesto de la vinculación de los talibanes con Osama Bin Laden, cuando en realidad se trataba de acercarse a una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Inmediatamente después comenzó la campaña destinada a atacar al gobierno de Sadam Hussein en Irak, sobre la doctrina de la prevención, ignorando con ello elementos de la Doctrina del derecho internacional derivados del Tratado de Wesfalia de 1648 que estableció que los Estados Nacionales sólo tenían derecho al uso de la fuerza en las ocasiones en que haya sido atacado. Los EEUU con ese accionar trastocaron todo el orden internacional, en lo que respecta al derecho Internacional.
¿Cómo se relaciona esa doctrina de seguridad con Colombia y Venezuela?. El punto de conexión es el aparte de las amenazas. El documento establece que los estados considerados parias, es decir aquellos incapaces de mantener el orden interno son un peligro para los intereses de los EEUU. Ese es el caso de Colombia, por eso las expresiones del Plan Colombia primero, hoy Plan Patriota. Colombia ha estado sumida en más de 60 años de conflictos, que amenazan la integración de la economía colombiana al Sistema Capitalista Mundial, aunado al impacto que tiene la generación de capital financiero ilegal a través de la comercialización de la cocaína. La capacidad que tienen esos capitales para desestabilizar la economía mundial es máxima y resulta una amenaza latente para las pretensiones hegemónicas de los EEUU.
Por su parte, Venezuela entra en la amenaza de estados resistentes a la imposición cultural occidental, sobre todo por sus asociaciones estratégicas con Irán, Irak, China y Rusia. La insistencia de los EEUU en la “amenaza Chávez”, por la diplomacia petrolera que ha generado una recuperación de los precios del barril del petróleo así como de la capacidad de la OPEP para imponer los precios internacionales ha sido considerado un peligro para los intereses regionales de los EEUU en Sudamérica y el mundo. El reciente informe de la oficina de Inteligencia del Congreso y el Departamento de Estado así lo señalan.
Este peligro se ve incrementado, desde la óptica de los EEUU, por las compras que ha realizado Venezuela a Rusia, en lo que respecta a aviones, fusiles, submarinos y radares, en respuesta a la adquisición de armamento por parte de Colombia. En este aspecto hay que recordar que nuestro vecino país ha adquirido en los últimos años cerca de 60 helicópteros Black Hawk de tecnología ultramoderna, sistemas de misiles aire-tierra, sistema de navegación nocturna que le da una preponderancia aérea a Colombia. Adicionalmente hay que recordar que Colombia ha pasado de tener 200 mil efectivos militares activos a más de 350 mil. Nuestro país llega a 220 mil efectivos activos y una reserva militar que dice contar con más de 1 millón de hombres, pero cuya experticia militar limitada.
En este punto del juego geopolítico, es que se agregan Uribe y los paramilitares. El proyecto de Seguridad Hemisférica de los EEUU depende de la posibilidad de emplear a Colombia como base de sus operaciones en Sudamérica, sobre todo por el cambio que ha significado desde el punto de vista de los movimientos sociales el creciente proceso de “izquierdización” de las democracias con Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Kishner en Argentina, Tavare Vasquez en Uruguay aunado al mismo Chávez. Los paramilitares le han permitido a Uribe adelantar su política de seguridad democrática, a través de la cual pretende imponer la paz mediante el uso de la fuerza.
Sus acciones se han extendido hasta la frontera venezolana, principalmente los estados Zulia y Táchira, en donde los paramilitares se han dado a la tarea de amenazar a las organizaciones o movimientos sociales, con la anuencia de ganaderos y productores agrarios de esos estados que ven como una amenaza a sus intereses el impulso que desde el gobierno de Chávez se le ha dado a estas organizaciones populares. El choque entre las perspectiva geoestratégica de Chávez y la Doctrina de Seguridad de Bush hace ver las profundas amenazas que a nuestra estabilidad se están dibujando, que se suma al hecho que nuestro país tiene las reservas estratégicas de petróleo más importantes del mundo, por eso la ofensiva de la Exxon acompañada de las denuncias contra Chávez, que quieren terminar en la declaratoria de Venezuela como un estado forajido objeto de sanciones internacionales y aislamiento institucional. Denunciarlo en su justa medida no es una cuestión de alarmismo, esperamos ser escuchados…

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador/profesor Universitario
Juane1208@gmail.com
25/02/2008

LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA

LOS ESCENARIOS DE CONFRONTACION EN AMERICA LATINA

Colombia y Bolivia comparten un mismo riesgo: el de las potenciales conflictividades internas. Ambos países presentan un esquema de confrontación común: alto niveles de exclusión social, pobreza critica, potencialidades económicas que lo convierten en foco de atención de los más dispares intereses del mundo capitalista. Sin embargo, las motivaciones del conflicto son diametralmente opuestas.
El conflicto en Colombia esta relacionado con un sistema de partidos dominantes que impera desde inicios del siglo XIX. La movilidad política en Colombia es absolutamente limitada y esta asociada a un conjunto de familias que históricamente han ocupado los puestos claves de la administración publica y han constitutito redes de poder y relaciones de complementariedad que les ha facilitado gobernar con los partidos liberal y conservador. Esta escasa movilidad es la principal fuente de conflictividades en Colombia. Se ha manifestado contundentemente en los años finales de la década del 90 en el pasado siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI mediante un incremento de los procesos armamentísticos en el vecino país.
La reciente manifestación de fuerza de Colombia al bombardear un campamento en Ecuador no es solo un reto al Derecho Publico Internacional, es un aviso militar estratégico de la denominada Revolución en Acciones Militares (RAM), que debe ser entendida como el uso militar de la ciencia y la tecnología de punta con el objeto de lograr una superioridad militar de una fuerza armada sobre otra. El bombardeo dirigido a través de satélites inteligentes que permitieron quirúrgicamente destruir el campamento de las FARC-EP es una muestra contundente del impacto de la RAM en las fuerzas armadas colombianas y la marca de los EEUU detrás de ello. Precisamente de este riesgo de desequilibrio militar, que transforma a Colombia en el principal socio estratégico de los EEUU en Sudamérica pasando sobre las tradicionales asociaciones que tenían con Argentina y Brasil, pasa a constituirse en un factor de perturbación en todo el subcontinente y en esa perturbación debe entenderse la propuesta de constituir un Consejo de Defensa que facilite la resolución de controversias y conflictos, al mismo tiempo que genere el espacio para crear medidas de confianza mutua, que se traduzcan en un control del gasto militar y en mecanismos de regulación sobre las fuerzas armadas del continente por parte del sector civil.
Colombia, ha venido incrementado el porcentaje del PIT que dedica a gastos de seguridad y defensa y esa acción viene acompañada por un discurso agresivo - estratégicamente alineado a los intereses de EEUU – por parte del Ministro de Defensa colombiano, destinado a dejar en claro que Colombia atacara a las FARC-EP en “cualquier parte”. Esa declaración es una muestra de prepotencia que puede ocasionar un constante foco de alteración y abrir con ello el camino a escenarios de enfrentamiento.
Bolivia por su parte, es un foco de perturbación por factores completamente ajenos a los de Colombia. No se trata que el gobierno de Evo Morales sea un peligro militar sobre los demás vecinos, mas bien Bolivia se transforma en un foco de perturbación por las inminentes acciones subversivas y separatistas que vienen desarrollándose en función del impacto económico y estratégico del gas y los hidrocarburos en ese país. El debate desatado – más bien solapado – sobre el tema de las autonomías regionales es un modelo que si llega a explotar puede tener inminentes consecuencias negativas para toda Sudamérica.
Los intereses de los países del G-8, sobre todo en lo referido a los recursos energéticos conducen a una presión sobre gobiernos de corte popular como el de Evo Morales. Se trata de generar apoyos internos – ocultos tras la bandera del regionalismo y autonomismo- que sirvan para adelantar acciones de presión social y colectiva que obliguen a esos gobiernos a negociar, sobre la base de los intereses económicos de las trasnacionales petroleras. La proyección de ese accionar que se esta desatando en Bolivia sobre otros áreas de Sudamérica como Ecuador y nuestro país es una realidad que debe ser tomada en consideración. Incluso amenaza la posición más equilibrada – en relación con los intereses del capital trasnacional- del gobierno de Lula en Brasil, sobre todo por las asociaciones estratégicas que vienen adelantándose y que pueden concretarse en proyectos como el de la Refinería de Pernambuco, en sociedad entre el capital venezolano y brasileño, que indudablemente amenaza esos intereses del G-8.
Las acciones que se desarrollan, principalmente en la provincia de Santa Cruz en Bolivia, es un laboratorio vivencial de prácticas colectivas de presión sobre la estructura gubernamental, destinada a debilitar las posiciones nacionalistas y obligar al establecimiento de una negociación entre los factores “cívicos y autonomistas” y el “gobierno centralista”. Este discurso ya ha sido ensayado en Argentina, Brasil y en nuestro propio país. Son las conocidas quejas de la elite zuliana acerca del impacto que tiene la extracción de petróleo por parte del gobierno central. Se trata de construir una matriz de opinión destinada a demonizar las políticas nacionalistas, favoreciendo con ello un posible acuerdo con compañías trasnacionales, pero detrás de esta afirmación hay serios planes de segregación y secesión, que en nuestro caso no son nada nuevos.
No obstante, es clara la intención de incidir decididamente en la definición de la política de hidrocarburos de los países del creciente menor – Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela – sobre todo motivado a las dificultades enormes que se desarrolla en el creciente mayor – Irak, Uzbequiztan, Afganistán, Kazagastan, Ucrania, Chechenia- que han impedido aumentar la producción de petróleo y con ello buscar controlar los elevados precios que tiene en este momento en el mercado mundial – por encima de los 100 dólares por barril- que afectan los márgenes de ganancia del capital. La dinámica geopolítica de Sudamérica sufre, por lo tanto, enormes presiones que afectaran en lo inmediato el clima de convivencia del que habíamos gozado hasta ahora. Articular esfuerzos destinados a controlar estas amenazas constituye un accionar urgente por parte de todos en nuestro continente.

Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
28-03-2008.

LA REUNIÓN DEL GRUPO DE RÍO Y EL CONFLICTO EN COLOMBIA

LA REUNIÓN DEL GRUPO DE RÍO Y EL CONFLICTO EN COLOMBIA

La recién finalizada reunión del Grupo de Río arroja una serie de conclusiones acerca del Sistema Interamericano de Resolución de Conflictos. En primer lugar, deja claro que no es necesaria la injerencia de los EEUU para que los países latinoamericanos busquen normalizar sus relaciones en casos como el vivido entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Históricamente desde la creación del Sistema Interamericano representado en la Organización de Estados Americanos (OEA) la resistencia o imposición de líneas de acción en base a los intereses del gobierno norteamericano ha sido una fuente de perturbación.
Inicialmente, en los primeros momentos después del bombardeo del día sábado que costo la vida de Raúl Reyes, los EEUU fijó una posición de acuerdo con su Doctrina de Seguridad y Defensa que avala la tesis de la Guerra Preventiva, que es violatoria de todos los acuerdos que rigen el sistema- mundo. Como se recordará, después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de George W. Bush hizo suya una tesis que ha sido llevada a su máxima expresión por el Estado de Israel en el Medio Oriente. Mediante este planteamiento los EEUU actúa en condiciones en las que considera amenazado sus intereses estratégicos, sin que se haya producido una acción que así lo amerite. Ese planteamiento violenta la estructura de las relaciones entre las naciones establecidos desde el Tratado de Wesfalia en el siglo XVII.
Cuando Colombia hace suya esta tesis, genera un impacto significativo sobre la resolución pacífica de controversias, al mismo tiempo que muestra una acción que militarmente propende a resaltar el papel estratégico que tiene en su relación con los EEUU. Esa actitud crea desequilibrios que el reciente acuerdo no termina de solucionar, pero que deja planteado como uno de los grandes retos que debe asumir el Sistema Interamericano.
En segundo lugar, la actitud de los Presidente Lionel Fernández, Felipe Calderón, Cristina Fernández de Kishner, Luís Ignacio Lula da Silva, señala una nueva ruta de mediaciones que puede extenderse hacia la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto trasnacional que ocurre en Colombia y que afecta a todos sus vecinos (Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela). La discusión que se generó acerca de la tendencia militarista del gobierno de Uribe a través de su política de Seguridad Democrática y el impacto en las relaciones subregionales debe ser asumida como una tesis profundamente debatida en el seno de esa organización, surgida en el contexto de la crisis en Centroamérica en los años 80.
En tercer lugar, la resolución de la disputa sin la intervención directa de la OEA a través de su Secretario General, José Manuel Insulza, coloca en una situación comprometedora al Sistema Interamericano construido en función de los intereses estratégicos de los EEUU. Ha sido la actitud prepotente del departamento de Estado Norteamericano que ha venido envileciendo las posibilidades de intermediación de este organismo en los distintos conflictos surgidos en Latinoamérica.
En cuarto lugar, al dirigirse la discusión acerca del conflicto en Colombia sobre el tema de la inversión militar en ese país con el apoyo financiero de los EEUU surge el debate sobre el impacto de los desplazados generados por el conflicto. Es público que en los países vecinos de Colombia hay más de 4 millones de desplazados que impactan el desarrollo de políticas sociales por parte de Ecuador, Brasil, Panamá y Venezuela, pero no se trata sólo del impacto producido por los desplazados, si no que el debate se estructuró sobre el impacto que la pobreza tiene en el conflicto histórico vivido por nuestro vecino país. Colombia tiene unos niveles de pobreza y exclusión que siguen siendo una fuente de conflicto social, por las crisis de expectativas que produce. Cerca de un 45% de los niños en edades comprendidas entre los 8 y 14 años viven en situación de pobreza crítica, con escasas oportunidades de ascenso social; que se ven incrementadas por las características sociocéntricas de la sociedad colombiana que privilegia el ascenso social en función de la tradición de los apellidos. Este problema fue objeto del debate y es un tema central en la búsqueda de una resolución.
En quinto lugar, en lo que respecta al desenvolvimiento de los gobiernos de Correa y Chávez, su accionar – inicialmente amenazante- en respuesta a la demostración de fuerza estratégica militar de Colombia, fue contundente y a pesar de las voces agoreras no llego a más, aunque los analistas opuestos a ambos presidentes indicarán que estaban al borde de una guerra. Esa fantasía no habría sido posible pues militarmente Colombia sabía que una reacción a la movilización de tropas por parte de Ecuador y Venezuela podía ser asumida como un acto contundente de guerra, que la habría sumido en una confrontación en dos frentes y regionalizado el conflicto ante una segura intervención de los EEUU. Por otra parte, la contundencia de la defensa del derecho Internacional público por parte de Chávez y Correa no permitió que se desvíe la atención de la discusión hacia el tema – real o no- del apoyo de estos gobiernos a la guerrilla de las FARC. En definitiva, la dinámica de resolución del conflicto, coloca muy mal a la OEA que queda comprometida a realizar un estudio exhaustivo de lo acontecido, buscando con ello retomar el camino de la confianza mutua, tan seriamente lastimado por el cruce de acusaciones entre los presidentes Uribe, Correa y Chávez.

Dr, Juan E. Romero
Historiador
juane1208@gmail.com