¿Cómo entender los resultados en el Zulia?: un debate necesario.

Dr. Juan Eduardo Romero/ Historiador y politólogo/ Docente de la Universidad del Zulia/ Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela 2021-2025 Los resultados electorales del pasado 21N, nos obligan a generar un debate riguroso y de altura sobre lo sucedido. Dijo en algún momento Mao Tse Tung lo siguiente, a propósito de derrotas y victorias “Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo, volver otra vez a la luchar, y así hasta la victoria: ésta es la lógica del pueblo, y él tampoco marchará jamás en contra de ella.” Mucho se ha escrito en redes y grupos, y todo insiste en lo mismo: la búsqueda de culpables. Creó no se trata de eso, porque al final, todos los que tuvimos responsabilidad de conducción – desde la Dirección Política regional, Municipal y Parroquial, hasta los responsables de comunidad, calle y UBCH- somos padres de esta derrota, lo que pasa es que ninguno quiere asumirla, por aquello que la “derrota siempre es huérfana”. Sin duda, debemos comenzar por reconocer que nuestra maquinaria no funcionó como debía. El debate (y lo presentado por los órganos de conducción electoral) estimaban un contingente de hombre y mujeres, que comparten este proceso alrededor de los 680.000 votos, que sin duda contrastan con las cifras obtenidas en este mismo proceso electoral pero en 2017 (más de 710.000 votos). La pregunta que debemos hacernos, es que sucedió, tanto en el hacer político de dirección como en el comportamiento de los electores, para poder comprender como un pueblo decide optar por un sujeto político señalado (y procesado) por corrupción y malversación de fondos públicos, que estuvo prófugo de la justicia y que en su anterior gestión llevó al Zulia a los 1eros lugares en secuestro, homicidios y extorsión. Responder esta pregunta no es posible, si no entendemos el contexto social, geopolítico y económico que asumió Omar Prieto en 2017. En términos de contexto social, no puede dejar de señalarse las particularidades del comportamiento electoral del Zulia. Estamos hablando de una entidad regional, que por sus antecedentes de ciudad-puerto y las características de su élite política, siempre ha tenido un comportamiento discorde con el resto nacional. Recordar que esas características es la que hicieron que en 1810 la élite maracaibera, vinculada siempre al comercio transcaribeño y trasnatlántico, no se pronunció a favor del proceso y solo lo hizo, por intermedio del héroe Rafael Urdaneta en enero de 1821, facilitando una maniobra que tuvo incidencia significativa en el triunfo de Carabobo, en junio de ese año. Pero si lo vemos en términos electorales, el Zulia siempre ha sido un estado opositor. Lo fue entre los años 1958-1998, cuando normalmente (por lo menos hasta 1989), cuando ganaba un Presidente a nivel nacional, en el Zulia perdía. Desde que se iniciaron las elecciones directas de gobernadores y alcaldes en 1989, eso se repitió. Debemos recordar como ganó Oswaldo Álvarez Paz, siendo presidente Carlos Andrés Pérez o como lo sustituyó Lolita Aniyar de Castro en 1993 o el triunfo del propio Arias Cárdenas en 1995, o como ganó el propio Manuel Rosales en el año 2000. En resumidas cuentas, este es un estado muy conservador, relacionado a los patrones socio-culturales de su entorno. Hay una gran tradición de control de la tierra, dadas las enormes potencialidades productivas del Sur del Lago. Lo que bosquejo de entrada, es que el triunfo de Omar Prieto es una excepcionalidad en el comportamiento electoral del Zulia y fue posible, dado a la “fijación” en torno a su gestión como Alcalde del Municipio San Francisco y las prioridades que le otorgó al tema de seguridad e intervención social y económica. Ahora bien, debemos decir que las condiciones en las que gobernó como Alcalde, no fueron las mismas con las que tuvo en la Gobernación. De entrada, se encontró con un Situado Constitucional reducido a polvo, dada el ataque a la moneda nacional como parte de las condiciones de Guerra No Convencional a las que se enfrenta el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro desde 2013 (debo recordar –citando a mi amiga Pascualino Curcio en su Libro Hiperinflación: Arma Imperial- que la depreciación del Bolívar en relación al Dólar entre 2012 y 2018 fue de 105.820.105 %). Ese ataque a la moneda, hace que un estado como el Zulia, vea reducido sus aportes por situado a niveles terribles. Hay que agregarle, que las propias Medidas Unilaterales Coercitivas (MUC), tienen como epicentro la actividad petrolera y que el Zulia, ha sido tradicionalmente una entidad donde el petróleo ha jugado un enorme papel, desde 1914 cuando comenzó la explotación comercial en Venezuela. Tenemos entonces, un gobierno regional – que insisto, es una excepcionalidad en torno a lo que ha sido el comportamiento electoral- que asume sin capacidad económica, pues ni constitucionalmente (por situado) ni socio-productivamente (por impacto de la industria) tenía capacidad financiera. Aparece así el 1er problema: Gobernar sin recursos. Un estado, que además tiene un vía de escape por la cercanía con Colombia, pero que desde 2018, por el propio papel que juega el Gobierno Colombiano en la agresión no declarada contra el país, ha conducido a una reducción al mínimo posible de un comercio binacional que llegó a estar en un orden superior a los 7.000 millones de US$, en algún momento antes del periodo mencionado. La Gobernabilidad, entendida como la capacidad para formular y desarrollar políticas públicas se veía comprometida desde el inicio. Una prueba de ello, es que el propio Gobernador Omar Prieto tuvo que iniciar su gestión, afrontando un apagón general de todo el Zulia entre el 23 hasta el 28 de diciembre de 2017. Ello como una consecuencia de las propias características del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuya estructura cuenta con una extensión de más de 30 años de uso y al mismo tiempo, la demanda energética se expandió como parte de una política de mejora de las condiciones de vida del venezolano, que emprendió el Presidente Hugo Chávez a través del Programa Mi Casa Bien Equipada, que dotó de aparatos electrodomésticos a los hogares venezolanos, aunado al impacto de otro Programa: La Misión Vivienda que ha otorgado vivienda a más de 3.500.000 familias en todo el país. No podemos dejar de indicar, que el SEN depende sólo 18% de la generación hidroeléctrica y que las otras fuentes de generación, están ligadas al gas y al petróleo (34% y 48% respectivamente), y en el Zulia las Termoeléctricas funcionan con gasoil, que depende de la producción petrolera (cuyo recesión por esas Medidas Coercitivas Unilaterales, comprometió en demasía su capacidad de producción, refinación y distribución) Afirmamos, es que la situación del Zulia, por estar en la “cola” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aunado a su dependencia de generación de sistemas de gasoil, comprometió las condiciones del servicio desde un inicio. A Omar Prieto, le tocó “gerenciar” no sólo en crisis financiera, sino la peor crisis del servicio eléctrico que ha tenido el Estado, a pesar de no ser una competencia del poder regional, pero asumió esa responsabilidad desde un inicio, en una decisión controversial pero valiente, al ponerse enfrente de un grave problema en términos de servicio público. Por supuesto, no se puede menoscabar el impacto que esto tuvo sobre su gestión, considerando las particulares condiciones ambientales del Zulia, en donde el servicio eléctrico es un tema primordial, dadas las altas temperaturas que caracterizan a la región. Un dato importante, para valorar en todo su peso, las dificultades de gobernabilidad: algunos estudios señalaban para 2015, que el Estado Venezolano destinaba en subsidios directos en gas, gasolina y electricidad más de 51.000 millones US$. Para que entendamos esto en toda su magnitud, debo decir – siguiendo de nuevo a Pascualina Curcio y sus estudios- que las pérdidas productos del Bloqueo Económico entre 2012 y 2020 han sido superiores a los 196.000 millones de US$, llevando la reducción de los ingresos por concepto de exportación de petróleo de ´+69.000 millones US$ anuales a menos de 300 millones. Tenemos así este elemento de gobernabilidad esencial (servicio eléctrico) seriamente comprometido, sin recursos y con una entidad, donde este servicio es primordial para la calidad de vida de los zulianos. ¿Cuál fue el accionar de Omar Prieto, en esa circunstancia?: dio la cara y emprendió un conjunto de acciones que intentaron solventar la situación. En múltiples oportunidades procuró –junto con los equipos humanos que permanecieron en el país, pertenecientes a CORPOELEC- construir alternativas, bajo condiciones de escasa disponibilidad financiera (tal como explicamos), pero que se dificultan dado el hecho que la generación base que debe disponer el estado, `para poder distribuir lo que llega del Guri (que cubre casi el 80% del requerimiento eléctrico de la Costa Occidental del Lago, que incluye a Maracaibo) es casi 400 MW y dependen del suministro de gasoil. El esfuerzo que se hizo, para alcanzar esa capacidad de carga mínima, implicó el establecimiento de un Plan de Administración de Carga (PAC) desde el propio 2018 y que se incrementó en el 2019. Paralelamente, se hicieron trabajos destinados a elevar la autogeneración, sobre todo en Termozulia, que para el momento del apagón de 2017 apenas aportaba menos de 100 MW. El mismo esfuerzo se emprendió (siempre en medio de dificultades financieras y burocráticas con CORPOELEC) en Ramón Laguna y el Complejo Rafael Urdaneta, que teniendo capacidades instaladas de generación de más de 650 MW y 230 MW, estaban aportando menos de 70 MW. No podemos dejar de mencionar, los ataques, cortes e incendios a subestaciones claves, como El Tablazo en la Costa oriental del Lago o Cuatricentenario en Maracaibo, que llegaron a producir interrupciones del servicio eléctrico por más de 8 o 10 horas en diversas localidades (y hasta más, dependiendo del sitio). Conclusión: el tema eléctrico que se asumió (entendiendo era una competencia del Poder Público Nacional), tuvo una repercusión muy alta en la percepción de la gestión. En términos de gerencia pública, esa responsabilidad no corresponde ni al Gobierno Regional ni a los Municipales. No obstante, se asumió y fue una decisión política personal de Omar Prieto. Creó (no lo dudo) que tuvo su impacto en la decisión electoral de algunos zulianos, quienes le adosaban a Prieto una responsabilidad que no le corresponde y que en términos de comunicación política, fue utilizado para “responsabilizar a su gobierno” de los problemas eléctrico. No puedo dejar de señalar, los esfuerzos que se hicieron y que en mi criterio (no fueron eficientemente comunicados) para buscar fuentes de financiamiento. El propio Gobernador Prieto, acudió ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) para solicitar un crédito de más de 350 millones US$ en 2019, para ser utilizados en la puesta óptima del sistema termogenerador. Y debo decir, que el denominado G-4 (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), se negó a través de sus representantes en la Asamblea Nacional, a la aprobación de ese crédito, que en su artículo 14, contemplaba una instancia de control de ese órgano a los recursos que serán asignados. Esto es importante que lo dijéramos, pues los representantes de Un Nuevo Tiempo (UNT) fueron parte de un juego, cuyo objetivo final fue logrado (por lo menos en el Zulia): presentar al Gobierno Regional –en articulación con el Gobierno Constitucional de Nicolás Maduro- como ineficiente e incapaz. Se asistió a una operación psicológica (OP), que siendo parte del juego político de deslegitimación, rendiría sus frutos este Noviembre del 2021. Debemos asumir críticamente, que nuestra comunicación política de los esfuerzos que se hicieron desde la Secretaria de Asuntos Eléctricos, con el Ingeniero Juan Carlos Boscán a la cabeza, no fueron muy eficaces. Los mismos actores, que en el contexto de 2019 procuraron desconocer el mandato constitucional del Presidente Nicolás Maduro, se articularon para bloquear el otorgamiento del crédito solicitado y que habría puesto totalmente operativo la generación eléctrica en el Zulia y hacerlo menos dependiente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Lo sucedido con el SEN es aplicable también a las dificultades en otros servicios públicos. Me refiero a la dotación de agua potable y al sistema de recolección de desechos sólidos. En lo que respecta al agua potable, no podemos dejar de resaltar que la ciudad petrolera de Maracaibo y en general el Zulia, tienen una particular “geografía de poder”, que privilegia a los sectores más solventes económicamente desde finales del siglo XIX pero particularmente desarrollados en el siglo XX. La economía petrolera, consolidó esa exclusión y por ello, con el Gobierno de Chávez se implementaron las Mesas Técnicas del Agua, como una forma de quebrar esa “geografía de poder”, con Hidrolago. Esa estructura de poder, se basa en un hecho de política pública: se planificaron conexiones de agua potable para el centro y los espacios de poder en el Zulia y los sectores populares, quedaron “desconectados” del servicio, por lo que un elemento característico es la dotación a través de “camiones cisternas” particulares, que cada vez encarecen la venta del vital líquido. Estos camiones, responden a sectores económicos que tienen particular interés en mantener el colapso del servicio y a eso se agrega el hecho, que la red de distribución, como una consecuencia de esta “geografía de poder” es intervenida con tomas ilegales que disminuyen (y comprometen) el caudal y la periodicidad de la llegada del agua a las comunidades. Por otro lado, debemos señalar que las represas de Burro Negro y Machango, ya han agotado su operatividad y se hace necesaria la construcción de nuevas fuentes de acumulación de agua en el Estado. Este es un problema que se heredó de la dinámica de control social promovida por la industria petrolera y que se ha procurado atender a través de la represa de Tres Ríos y la planta de Tratamiento El Brillante. En esto, se contó con la colaboración – como parte de una gestión emprendida por el Gobierno regional de Prieto- de Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN) y PDVSA, quienes colaboraron en la reparación de sendas bombas de agua, para aumentar el caudal que llega a las localidades. La tensión entre los camioneros cisternas, cuya acción especulativa ataca los ingresos de los zulianos y las estructuras institucionales de administración pública (Hidrolago) fueron notables. Por otra parte, al ser esta estructura parte del Poder Nacional, la relación con el Poder Regional es vital para afrontar su atención. De ahí el logró de reactivación de cuatro (4) líneas de bombeo desde Tulé, como parte de esa acción conjunta, que permitió elevar la disponibilidad a unos 2.800 litros de agua por segundo hacia zonas muy vulnerables del oeste de Maracaibo o atender las necesidades de agua de los Municipios de la Costa oriental del Lago. No obstante, la solución pasa necesariamente por la disponibilidad de recursos, para crear nuevas represas y puntos de tratamiento de aguas en el Estado, aspecto que se dificulta dadas las condiciones de asfixia económica. Por otro lado, las empresas que pueden ayudar – como lo han hecho con sus limitaciones económicas- a mantener y apoyar en esta infraestructura que acabe con esa “geometría del poder” en la distribución del agua, específicamente Pequiven y PDVSA, se ven muy afectadas por la disminución de su disponibilidad financiera, dados los Decretos de Bloqueo de sus activos y cuentas en el exterior. No evadimos las dificultades de gerencia del problema del agua que pueden estar presentes, pero si resaltamos las dificultades que se tuvieron que asumir en estas especiales condiciones económicas. Otro tema de atención en materia de servicios públicos, fue la recolección de desechos sólidos. La infraestructura de recolección de Maracaibo y el Zulia, fue objeto desde finales de los años 90 del pasado siglo XX, de una dinámica de privatización de los servicios, como parte de una acción política enmarcada en la apología neoliberal del momento. En el caso de Maracaibo, las gestiones de Un Nuevo Tiempo (UNT) entre los años 2010-2018 fue particularmente perniciosa al respecto, dejando sin vehículos de recolección y generando una semiprivatización del servicio de recolección. Tanto el Gobierno regional como Municipal, debieron afrontar la urgente atención del problema de la recolección de basura, que sólo en el Municipio Capital genera más de 1300 Toneladas diarias. Las dificultades son múltiples, dado el hecho que esa “geografía del poder” también afecta la recolección y sobre todo, la ausencia de una política de procesamiento y reciclaje de desechos sólidos en el Zulia (y toda Venezuela). Las gestiones del Gobierno Regional, ante el Gobierno Nacional, aunado a la reforma tributaria permitieron disponer de algunos recursos financieros, para paliar el grave problema de la basura. En estos momentos, se calcula que en la ciudad de Maracaibo están sin recoger unas 30.000 Toneladas, sin ninguna justificación, pues están los equipos , las rutas y el personal que fueron una consecuencia del esfuerzo entre los distintos niveles del Poder Público Nacional (Nacional-Regional y Local). Este contexto de dificultades económicas, para la atención de estas tres (3) áreas de servicio público (electricidad, agua y basura) es un elemento sobre el cual debemos prestar especial atención, más aún cuando en el Programa de Gobierno de Manuel Rosales , se replantean políticas de privatización, enmarcadas en “alianzas” con la empresa privada. LOS PELIGROS GEOPOLÍTICOS DE LA NUEVA GESTIÓN EN EL ZULIA Desde que ocupó inicialmente la Alcaldía de Maracaibo, a partir del año 1995 hasta el 2000, diseño una estrategia basada en el uso de la identidad patrimonial y cultural del Zuliano, específicamente en su orgullo regional. Esa estructura fue bien elaborada y consolidada, desde 1999 con la Fundación del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) con el cual construyó una hegemonía entre el año 2000 hasta 2008, cuando se presenta (nuevamente) como candidato a Alcalde de Maracaibo. Esa estrategia regionalista, lo llevó a apoyar la promulgación de la Constitución del Zulia, que motivó un recurso de nulidad al incluir competencias respectivas del Poder Público Nacional (como establecer convenios internacionales o dictar su propia administración del territorio) , además de impulsar un Movimiento Secesionista denominada Rumbo Propio, que fue denunciado por este servidor y otros actores políticos, entre ellos el propio Presidente Hugo Chávez. No puede dejar de considerarse, que en su gestión como Gobernador el Zulia fue de los primero en secuestros, homicidios, sicariato y esto es parte de un plan, que tiene como objeto la separación del Zulia del resto de Venezuela. Eso es un viejo proyecto del siglo XIX, esbozado inicialmente por José Domingo Rus, Diputado de la provincia de Maracaibo ante las Cortes de Cádiz en 1812 y que después sería retomado por Venancio Pulgar y Jorge Sutherland en el siglo XIX y que en el siglo XXI fue planteado por Rosales, siendo Gobernador de la entidad. El Zulia tiene la particularidad de ser la parte de la frontera con Colombia que registra la mayor movilidad transfronteriza, llegando a generar una actividad financiera que llegó a alcanzar – en los años iniciales del siglo XXI- hasta 7000 millones US$, esa movilidad implica elementos ilegales como paramilitares, narcotráfico, tráfico de armas entre otras. Eso se incrementa dado los propios intereses geopolíticos de Colombia, relacionado en una doble vertiente. La primera, los obstáculos geográficos que tiene la producción agrícola de ese país (incluyendo los cultivos ilegales de hoja de coca) para colocarse en los puertos de exportación ubicados en el occidente colombiano, Las zonas de producción agrícola, con alta potencialidad y productividad, están todos en departamentos ubicados al sur oriente de Colombia (Putumayo, Guainia, entre otros) y desplazar su producción hasta los puertos del caribe o el Pacífico Colombiano, les lleva un recorrido por tierra que puede ser de hasta 23 horas. En contraste, colocar su producción en los puertos del Sur del lago de Maracaibo, solo les lleva 8 horas. Por eso la élite colombiana, le ha interesado el occidente venezolano desde siempre. La segunda, es que en la condición de Socio Global de la OTAN, Colombia responde a los intereses geopolíticos de los EEUU en la región, desde los tiempos del Gobierno de Álvaro Uribe, ese país ha sido una punta de lanza en las estrategias de Guerra Proxy contra el Gobierno de Hugo Chávez y luego contra el Presidente Nicolás Maduro. Colombia es parte de una jugada destinada a impulsar una secesión del Occidente venezolano y uno de sus objetivos claves en el Zulia. En este aspecto, el Gobierno del ahora ex Gobernador, Omar Prieto, desarrollo una acción que convirtió al Zulia en uno de los estados más seguros y controló, los esfuerzos secesionistas que habían caracterizado el proceso político reciente en nuestra entidad. El triunfo de Rosales, reactiva esta amenaza en lo inmediato y de esto, ya hemos advertido en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, de la cual somos parte. En estos momentos, el recién juramentado Gobernador del Zulia, ha venido actuando para buscar reactivar sectores claves de la actividad económica del estado, como es el sector petrolero. Así lo anunció en reunión efectuada con la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia. Lo paradójico del caso, es que el propio actor político ha sido uno de los que hizo llamados al Bloqueo Económico contra la principal industria del país: la petrolera y además. Ha tildado al Gobierno de Nicolás Maduro de ilegítimo. En contraste, la postura de Omar Prieto siempre giró en la defensa de la integridad del Zulia y su armoniosa articulación con el país nacional. En momentos tan álgidos como el vívido en 2019, cuando desde la Asamblea Nacional se pretendió instaurar un gobierno paralelo, desde este estado se procuró una defensa de la integridad nacional, ante las inocultables amenazas provenientes desde Colombia, que fue empleada reiteradamente como base para lanzar operaciones encubiertas contra Venezuela. La amenaza Rosales está ahí. La atención que debe prestar el Poder Nacional es urgente. Lo advertimos y lo seguiremos diciendo, porque las posibilidades que el Zulia sea transformado en una “cabeza de playa” en los próximos escenarios políticos es muy cierta. En lo particular, advertimos sobre los peligros de una financiamiento externo, dado la proximidad con Colombia y sus grupos de parapolítica, que tiene el actual Gobernador Manuel Rosales, quién por la naturaleza de su campaña deberá mostrar resultados y eso, como lo hemos señalado en medio de condiciones de asfixia económica, solo le deja una vía: recibir recursos no formales, de fuentes de financiamiento ilegítimas que tengan origen comprometido (drogas, extorsión, asesinatos o de origen externo, a través de USAID u otras Fundaciones trasnacionales) y que le permitan “mostrar” una gestión exitosa en la atención de los servicios públicos y lo convierta en un candidato presidenciable, tal cual lo hizo ya en 2006, contra Chávez. Por último, me permito llamar la atención a la estructura dirigencial del PSUV en Caracas, sobre estas amenazas que acá señalo y que requieren una acción política urgente. El PSUV en el Zulia tiene una importante base. En estos momentos, más que señalamientos, es necesario retomar la coherencia interna y ello conlleva un esfuerzo de todos los que militamos en este proyecto bolivariano. Debemos eso sí, revisar en detalle el funcionamiento de la estructura electoral, pues no queda duda, que no respondió como debía. Luego presentaremos un análisis detallado del ese comportamiento, municipio por municipio del corredor electoral del Zulia. Finalizó, con palabras de Argimiro Gabaldón “el camino es largo y duro, pero es el camino”. Maracaibo 9/12/2021