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La semana pasada en nuestra columna señalábamos que las acciones del gobierno de Uribe debían ser vista en un marco determinado por los intereses geoestratégicos de los EEUU en el continente sudamericano. Las acciones emprendidas por las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano demuestran las implicaciones que tiene para la estabilidad general de América Latina.
Hay un claro mensaje violatorio de las convenciones del derecho internacional, en cuanto al respeto a la territoriedad y la soberanía de otro país por parte del Alto Mando Militar del Ejército colombiano y que refleja la capacidad limitada que tiene el gobierno de Uribe – por los compromisos que tiene con el generalato- para imponer un conjunto de acciones que retomen la sindéresis de la violencia. Hemos señalado que el problema del gobierno de Uribe radica en la multiplicidad de intereses que han coincidido en su gestión. Por una parte el propio financiamiento e interés geopolítico de los EEUU, que se suma a los enormes recursos económicos que reciben las fuerzas armadas colombianas en su lucha violenta contra las guerrillas, aparte de los propios intereses de los grupos económicos ligados a la producción de la tierra en Colombia que se ven favorecidos con los desplazamientos forzados de inmensos grupos de residentes; todo ello matizado por el impacto que el elemento petróleo tiene en la zona.
En Colombia se asiste a un verdadero debate socio- político en cuanto a la implementación de un modelo velado de intervención bajo la figura de la asistencia en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Las fuerzas políticas que tradicionalmente han ejercido el poder en nuestro vecino colombiano han reconfigurado el cuadro de relaciones bajo el liderazgo fuerte de Uribe, posicionando sus piezas en un intento por impedir el despliegue de otras fuerzas sociales que vienen peleando en Colombia por la apertura de una sociedad cerrada, con elementos que caen casi en una sociedad de castas, con apellidos como los Pastrana, los Belaunde, los Santos, que vienen ocupando espacios del poder político y económico desde varias generaciones e impidiendo procesos de apertura democráticos a través de una hegemonía bien construida.
El gobierno de Uribe, al emprender las acciones de incursión en un país vecino, está manifestando una acción de fuerza que constituye un mensaje a sus vecinos en cuanto al alcance y la colaboración tecnológica y militar con las fuerzas de EEUU. El bombardeo al campamento donde se encontraba Raúl Reyes fue realizado con soportes de apoyo tecnológico de última avanzada, aunado al hecho que el bombardeo se hace con sistema satelital – tal como lo muestran los videos y escenas mostrados por el gobierno colombiano- con tecnología que no maneja el ejército del vecino país y que demuestra el hecho cierto de la transformación de Colombia en el principal socio militar de los EEUU en Latinoamérica, superando los tradicionales papeles que habían tenido Argentina, Chile y Brasil en todo el siglo XX. La reacción del gobierno de Correa y Chávez de retirar embajadores y movilizar sus tropas en las fronteras con Colombia son un mecanismo de disuasión que obliga al gobierno de Uribe a repensar sus acciones mientras se produce un pronunciamiento de la OEA, que a nuestro parecer debería ser contundente en señalar la violación de los acuerdos de la Carta de Seguridad de la OEA así como los mecanismos y Tratados establecidos mediante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En lo inmediato, la estrategia de Colombia ha quedado claramente dibujada. Por un lado, buscar crear una matriz de información que deje ver la “colaboración” del gobierno de Ecuador con las FARC, aunado a un proceso semejante con el gobierno de Chávez, todo ello con la finalidad de impulsar la tesis de la “persecución en caliente” que vuelve a cobrar sentido en el discurso político de las elites colombianas. Por su parte, asombra el silencio sepulcral que se observa en los organismos internacionales, y que no hacen sino ratificar las presiones que se ejercen desde los lobbys de intereses de las agencias norteamericanas, que mueven sus apuestas a través del accionar de Uribe. Detrás de todo esto esta una serie de movimientos que procura minimizar las acciones que tanto Correa como Chávez realizan en sus respectivos países para proteger sus intereses económicos en el tema hidrocarburos.
No hay que perder de vista, que el gobierno norteamericano ha etiquetado a Colombia como un Estado tapón, en el sentido que es utilizado como un punto de control en zonas estratégicas para los intereses de los EEUU. Su cercanía geográfica a los espacios venezolanos y ecuatorianos, convierte a Colombia en pieza clave para acciones encubiertas de seguimiento y control contra gobiernos con bases de apoyo popular, al mismo tiempo que Colombia se transforma en un polo de perturbación militar en toda América Latina. No hay duda que el entrenamiento, el equipamiento y el apoyo militar que las fuerzas armadas colombianas han recibido desde 1998 con el Plan Colombia constituyen una fuente de presión para la zona, aunado a la natural conflictividad que los procesos de ajuste socio- políticos tienen en el cono sur.
Asistimos a una coyuntura crítica, donde a través del Alto mando Militar de Colombia se expresa una perspectiva de la aplicación de la Doctrina de Seguridad y Defensa de los EEUU, formulada en mayo de 2006 y ejecutada mediante políticas de apoyo y asesoría militar, que han visto sus frutos en esta acción que eliminó al N° 2 de las FARC-EP. Las movilizaciones de fuerzas militares en Ecuador y Venezuela deben ser vista como una medida de contención pensada en el marco de una acción militar que propende a demostrar la destreza y la fuerza del estamento militar colombiano y su capacidad de despliegue ofensivo más allá de sus fronteras. Evitar que llegue este accionar más allá, depende de la presión internacional en torno al tema de la paz en Colombia.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane12008@gmail.com
Hay un claro mensaje violatorio de las convenciones del derecho internacional, en cuanto al respeto a la territoriedad y la soberanía de otro país por parte del Alto Mando Militar del Ejército colombiano y que refleja la capacidad limitada que tiene el gobierno de Uribe – por los compromisos que tiene con el generalato- para imponer un conjunto de acciones que retomen la sindéresis de la violencia. Hemos señalado que el problema del gobierno de Uribe radica en la multiplicidad de intereses que han coincidido en su gestión. Por una parte el propio financiamiento e interés geopolítico de los EEUU, que se suma a los enormes recursos económicos que reciben las fuerzas armadas colombianas en su lucha violenta contra las guerrillas, aparte de los propios intereses de los grupos económicos ligados a la producción de la tierra en Colombia que se ven favorecidos con los desplazamientos forzados de inmensos grupos de residentes; todo ello matizado por el impacto que el elemento petróleo tiene en la zona.
En Colombia se asiste a un verdadero debate socio- político en cuanto a la implementación de un modelo velado de intervención bajo la figura de la asistencia en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Las fuerzas políticas que tradicionalmente han ejercido el poder en nuestro vecino colombiano han reconfigurado el cuadro de relaciones bajo el liderazgo fuerte de Uribe, posicionando sus piezas en un intento por impedir el despliegue de otras fuerzas sociales que vienen peleando en Colombia por la apertura de una sociedad cerrada, con elementos que caen casi en una sociedad de castas, con apellidos como los Pastrana, los Belaunde, los Santos, que vienen ocupando espacios del poder político y económico desde varias generaciones e impidiendo procesos de apertura democráticos a través de una hegemonía bien construida.
El gobierno de Uribe, al emprender las acciones de incursión en un país vecino, está manifestando una acción de fuerza que constituye un mensaje a sus vecinos en cuanto al alcance y la colaboración tecnológica y militar con las fuerzas de EEUU. El bombardeo al campamento donde se encontraba Raúl Reyes fue realizado con soportes de apoyo tecnológico de última avanzada, aunado al hecho que el bombardeo se hace con sistema satelital – tal como lo muestran los videos y escenas mostrados por el gobierno colombiano- con tecnología que no maneja el ejército del vecino país y que demuestra el hecho cierto de la transformación de Colombia en el principal socio militar de los EEUU en Latinoamérica, superando los tradicionales papeles que habían tenido Argentina, Chile y Brasil en todo el siglo XX. La reacción del gobierno de Correa y Chávez de retirar embajadores y movilizar sus tropas en las fronteras con Colombia son un mecanismo de disuasión que obliga al gobierno de Uribe a repensar sus acciones mientras se produce un pronunciamiento de la OEA, que a nuestro parecer debería ser contundente en señalar la violación de los acuerdos de la Carta de Seguridad de la OEA así como los mecanismos y Tratados establecidos mediante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En lo inmediato, la estrategia de Colombia ha quedado claramente dibujada. Por un lado, buscar crear una matriz de información que deje ver la “colaboración” del gobierno de Ecuador con las FARC, aunado a un proceso semejante con el gobierno de Chávez, todo ello con la finalidad de impulsar la tesis de la “persecución en caliente” que vuelve a cobrar sentido en el discurso político de las elites colombianas. Por su parte, asombra el silencio sepulcral que se observa en los organismos internacionales, y que no hacen sino ratificar las presiones que se ejercen desde los lobbys de intereses de las agencias norteamericanas, que mueven sus apuestas a través del accionar de Uribe. Detrás de todo esto esta una serie de movimientos que procura minimizar las acciones que tanto Correa como Chávez realizan en sus respectivos países para proteger sus intereses económicos en el tema hidrocarburos.
No hay que perder de vista, que el gobierno norteamericano ha etiquetado a Colombia como un Estado tapón, en el sentido que es utilizado como un punto de control en zonas estratégicas para los intereses de los EEUU. Su cercanía geográfica a los espacios venezolanos y ecuatorianos, convierte a Colombia en pieza clave para acciones encubiertas de seguimiento y control contra gobiernos con bases de apoyo popular, al mismo tiempo que Colombia se transforma en un polo de perturbación militar en toda América Latina. No hay duda que el entrenamiento, el equipamiento y el apoyo militar que las fuerzas armadas colombianas han recibido desde 1998 con el Plan Colombia constituyen una fuente de presión para la zona, aunado a la natural conflictividad que los procesos de ajuste socio- políticos tienen en el cono sur.
Asistimos a una coyuntura crítica, donde a través del Alto mando Militar de Colombia se expresa una perspectiva de la aplicación de la Doctrina de Seguridad y Defensa de los EEUU, formulada en mayo de 2006 y ejecutada mediante políticas de apoyo y asesoría militar, que han visto sus frutos en esta acción que eliminó al N° 2 de las FARC-EP. Las movilizaciones de fuerzas militares en Ecuador y Venezuela deben ser vista como una medida de contención pensada en el marco de una acción militar que propende a demostrar la destreza y la fuerza del estamento militar colombiano y su capacidad de despliegue ofensivo más allá de sus fronteras. Evitar que llegue este accionar más allá, depende de la presión internacional en torno al tema de la paz en Colombia.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane12008@gmail.com
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